Por: Nicolás Pérez – Senador de la República

Creo que a todos se nos ha pasado por la mente, en algún momento de nuestras vidas, la posibilidad de comprar una casa, un apartamento o un bien en un remate judicial. Desafortunadamente, los tecnicismos jurídicos y la falta de transparencia que rodean los procesos hacen que acceder a este mercado no sea tan fácil como debería serlo. Afortunadamente, de la mano de la tecnología las cosas están por cambiar.

Ante todo, para nadie es un secreto que los remates son una gran oportunidad de negocio, dado que, en promedio, los bienes se adquieren entre el 70%-80% del valor comercial, lo cual representa un ahorro para nada despreciable.

Sin embargo, la legislación que actualmente rige estos procesos hace que solamente unos pocos, que se mueven intrépidamente de juzgado en juzgado, controlen este escenario, lo que genera que los remates, lejos de ser abiertos al público, sean sumamente cerrados y excluyentes.

Debido a esta razón, radicaré un proyecto de ley que busca implementar el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo los remates judiciales. Como siempre lo he dicho, debemos poner la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción.

En primer lugar, la iniciativa cambiaría el mecanismo de publicación del remate, debido a que actualmente la ley establece que para dar a conocer al público que un bien está en este proceso, se debe listar en un periódico de amplia circulación.

Al respecto, esta era una figura útil hace más de 25 o 30 años, cuando no había internet, el mundo se conectaba a través del correo postal o el beeper y era común que la prensa impresa fuera leída en las casas. No obstante, es un sin sentido que en pleno 2020 las dinámicas judiciales sigan acatando procedimientos del siglo XIX-XX. Si somos realistas, actualmente nadie le pone atención a la sección judicial de los diarios.

En consecuencia, el proyecto pretende que la publicación de los bienes a rematar se realice en una página web a la que toda la ciudadanía tenga fácil acceso y donde, adicionalmente, haya fotos y/o videos que los permitan identificar plenamente. Es decir, los colombianos podremos conocer abiertamente el inventario de casas, apartamentos o carros que se están rematando en el País, tal como sucede en plataformas como metro cuadrado o finca raíz, solo por mencionar un par de estas.

En segundo lugar, la presentación de las ofertas para quedarse con el bien se tendrá que realizar por intermedio de la misma página web con inscripción previa, lo que elimina, de una buena vez, la tediosa gestión de los intermediarios que se pasean por los pasillos de los juzgados como reyezuelos en un feudo.

Recordamos que esta fórmula ya ha dado resultados en el pasado cuando, por ejemplo, se sistematizó la expedición de las libretas militares, lo que acabó con la intermediación de aquellos que ofrecían mayor celeridad y menores costos a cambio de una comisión.

En tercer lugar, para garantizar que cualquier persona pueda pujar tranquilamente, sin presiones ni riesgos, para quedarse con el bien a rematar el proyecto establece que la audiencia judicial donde se adjudica el ítem deberá ser transmitida en tiempo real por medios tecnológicos como Skype, zoom, teams, etc.

Es decir, con esta figura un ciudadano que esté en Medellín puede presentar una oferta para hacerse a un apartamento en Bogotá sin tener que trasladarse de ciudad, con lo cual no solamente descentralizamos los remates judiciales, sino que ampliamos el número de oferentes y le damos un nivel de transparencia nunca antes visto.

Finalmente, la iniciativa establece que será el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las TICS quien determinará si para hacer realidad esta ley será necesario crear una nueva página web o si se podrá utilizar alguna de las plataformas tecnológicas que actualmente tiene el Estado.

En todo caso, sin importar cuál es la decisión, lo cierto es que el mecanismo digital que se utilice deberá permitir la consulta pública de fácil acceso, la inscripción segura de los ciudadanos y la reserva de la oferta con su respectiva custodia por parte del juez.

Sin lugar a dudas, la tecnología es nuestra mayor aliada para luchar contra la corrupción. Gracias a ella y de la mano de este proyecto, los remates judiciales dejarán de ser controlados por unos pocos ventajosos para ser procesos abiertos y transparentes a todos los colombianos.

El ser humano integral no puede hacer el mal ni actuar inmoralmente, puesto que ha jurado lealtad a su propio espíritu; siempre está apegándose a la ética comprensiva y respeta indefectiblemente lo que es justo.

El gobernante íntegro, del nivel superior, no violará jamás los derechos reales de las personas, dando a cada cual según lo que merece.  Este retrato pareciera definir, a los ojos de muchos, a un sujeto injustamente privilegiado, que de alguna forma no estaría afecto a las prohibiciones que afectan al común de los mortales, ya que, de acuerdo a lo que he expresado, este sujeto puede hacer lo que quiere, a diferencia de otros que parecieran quedar excluidos.

La verdad es que el hacer lo que se quiere, sin más limitaciones que respetar los derechos humanos y de la naturaleza, no es un privilegio, sino una inmensa responsabilidad ya que significa asumir conscientemente los efectos de todas las causas que pongamos en movimiento, vale decir, estar dispuesto a recibir lo que la vida devuelve en virtud de aquello que sembramos en el ejercicio del poder.

El gobernante mediocre, del nivel inferior, está, casi invariablemente, fuera de la legalidad natural, ya que no respeta la regla moral armónica del universo ni la Constitución y las Leyes del orden Nacional, Departamental y Municipal.  Desea lo que no merece, es deshonesto consigo mismo, actúa injustamente, no respeta los derechos de las personas, vive de las mentiras, siembra odio, resentimiento y envidia, está dominado por la rapacidad animal, abusa de los débiles, no se responsabiliza de sus propios actos, miente continuamente, vive para la imagen y en función de la hipocresía, no posee individualidad real, roba cuando puede hacerlo y es un ente mentalmente limitado, porque no logra ver la realidad tal como ésta es, navegando por la vida como un auténtico sonámbulo, desprovisto de compás ético y moral, sin más rumbo que el determinado por sus propias pasiones y codicia.  Esto, si se me permite prescindir de la visión hipócrita e interesada que usualmente empleamos al respecto.

El gobernante mediocre no es el pobre o anónimo; es el sujeto que se constituye en mera y continuada repetición del modelo social predominante, sin identidad interior ni características propias; la clonación psicológica de infinitas imitaciones previas, sujeto hueco y vacío que es una simple proyección de la psiquis colectiva del mundo de la politiquería.  Los ambiciosos creen, muchas veces, que el fin justifica los medios, pretendiendo atropellar toda ley, regla o persona que se oponga a sus designios.  Para comprender mejor este importante asunto me veo en la obligación de presentar una breve lista de “situaciones tipo” en las que el gobernante actúa fuera de la legalidad natural y constitucional:

1. El que pretende conseguir algo para lo cual no posee un real merecimiento, debido a su falta de calidad ética y moral y el escaso esfuerzo desplegado. De esta forma, lo que desea conseguir “no procede”, porque es ilegal debido a la no existencia de equivalencia igualitaria, vale decir, el desmérito del gobernante excede en mucho lo que quiere tener.    El gobernante que miente para conseguir alguna ventaja personal.  3.  El que se engaña a sí mismo, convirtiendo su conducta en un fraude.  4. El que pretende imponer en forma arbitraria su propia opinión sobre la de otros.  5.  El que no respeta los derechos humanos de los gobernados.  6.  El que posee una imagen absolutamente discrepante con su verdadera condición de gobernante, valiéndose de ella para engatusar al pueblo.  7.  El que estando dominado por sus pasiones inferiores pretende realizar deseos inmorales originados en éstas.  8.  El hipócrita y mentiroso.  9.  El que posee motivaciones inconscientes sucias, aunque no sea consciente de esto.  10.  El que pretende tomarse todo por la codicia y la corrupción sin dar cumplimiento a los principios éticos y morales para desempeñar el cargo.

Existen otras situaciones en las cuales el gobernante no está simplemente fuera de la legalidad, sino que es en verdad un delincuente para las leyes de la naturaleza y la Constitución Nacional y las Leyes de la República.

Cordialmente,

LUIS FERANDO PÉREZ ROJAS           –        Medellín, julio 25 de 2020

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