Roma, 23 abr (EFE).- La ministra del Interior de Italia, Luciana Lamorgese, dijo este jueves que propondrá al Gobierno que estudie levantar la prohibición a causa del coronavirus de oficiar funerales a partir del 4 de mayo, cuando el país iniciará el camino hacia la reapertura.
“No es humanamente soportable impedir la celebración de funerales a las familias golpeadas por el duelo. Propondré al Gobierno, ante la fase de apertura gradual, dar un paso concreto: debemos volver a celebrar funerales, aunque sea solo en presencia de parientes cercanos”, afirma Lamorgese en una entrevista al diario italiano “Avvenire”.
Esas ceremonias, añade, tendrán que respetar “las medidas que la autoridad eclesiástica considere aplicar en respeto al distanciamiento físico de los participantes”.
La ministra indica también que el Ejecutivo estudia “nuevas medidas para permitir un ejercicio más amplio de la libertad de culto”, dado que la emergencia por el coronavirus registra una cierta mejora.
La COVID-19 en Italia ha causado ya más de 25.000 fallecidos, según el último balance oficial de Protección Civil.
El Gobierno italiano se prepara para iniciar desde el 4 de mayo una reapertura, a fin de favorecer la reanudación de todas las actividades productivas y evitar que el impacto del coronavirus tenga un peso enorme en la economía.
El Ejecutivo también analiza con el comité científico la posibilidad de permitir los paseos y el ejercicio en parques públicos, siempre que se mantenga la distancia de al menos metro y medio de seguridad con otras personas y se lleve mascarilla para evitar contagios.
Bogotá, 22 abr (EFE).- Las mujeres víctimas de violencia de género en el hogar podrán pedir ayuda en las farmacias y supermercados de Bogotá para activar el protocolo de atención de la alcaldía de la ciudad, tras una escalada de este tipo de violencia durante la cuarentena para combatir el COVID-19, que empezó el 25 de marzo.
Así lo anunció este miércoles la secretaria de la Mujer de la capital colombiana, Diana Rodríguez, que aseguró que con la medida se busca atender las violencias que ocurren en casa “para que estas no se traten como un tema de puertas para adentro” y se logren “desnaturalizar, prevenir y atender mejor”.
Con la campaña “#EnCasaSinViolencias”, la Alcaldía busca facilitar la atención de las mujeres con más de 630 tiendas que servirán de espacios seguros para denunciar la situación de violencia en el hogar.
Esta medida fue tomada luego de que al menos 19 mujeres fueran asesinadas por sus parejas durante el aislamiento, lo que representa casi un tercio del total de 37 feminicidios registrados este año en el país, según cifras la Fiscalía General de la Nación.
Las mujeres tienen que dirigirse al personal encargado de las tiendas, que les plantearán dos opciones.
La primera es si la víctima necesita poner a salvo su vida, el encargado llamará a la Policía para que la proteja y se activa una ruta de atención para hacerle seguimiento al caso.
Si la mujer solo quiere información para saber cómo recibir atención de su caso, el encargado le brindará una información básica y tomará su nombre y teléfono para reportarlo a la Secretaría de la Mujer.
Unas 60 abogadas y sicólogas de esa Secretaría se encargarán de agilizar la atención de los casos que reciban.
La propuesta surge de una alianza entre la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los supermercados D1, Justo & Bueno y Ara y la Droguería Farmatodo de Bogotá y la Alcaldía.
La iniciativa sigue el ejemplo del plan español “Mascarilla-19”, que invitaba a las mujeres en riesgo a acercarse a una farmacia y solicitar una “Mascarilla-19”.
El uso de estas palabras claves era suficiente para que el personal farmacéutico contactara a los servicios de denuncia y atención de violencia de género.
Las llamadas a la línea para acompañar a las víctimas de violencia de género en Colombia sumaron 1.221 entre el pasado 22 de marzo y el 5 de abril, durante la cuarentena decretada por el Gobierno para contener la enfermedad del COVID-19, lo que supuso un crecimiento del 103 % con respecto al mismo periodo anterior.
A family with facial masks waits for the humanitarian aid that the 13th Brigade of the Colombian National Army distributes to low-income people in the municipality of Soacha, Colombia, 30 March 2020. Coronavirus cases in Colombia rose to 798 on Monday when 96 new infections were confirmed, the highest growth in a single day, while two deaths increased the total deaths to 12, the Ministry of Health reported. EFE/ Mauricio Duenas Castaneda
Bogotá, 22 abr (EFE).- Las autoridades colombianas confirmaron este miércoles 207 casos nuevos de COVID-19, con lo que el país llegó a 4.356, y contabilizaron diez fallecidos, entre ellos un bebé de 37 días de nacido, lo que aumentó a 206 las víctimas mortales.
De los nuevos casos, 84 corresponden a Bogotá y 40 al departamento del Meta, mientras que los demás fueron registrados en Antioquia y Valle del Cauca, 27 en ambos; Magdalena (10) y Risaralda (6).
El resto fueron diagnosticados en los departamentos del Tolima (4), Atlántico (3), Cundinamarca y Santander (2), mientras que Norte de Santander y Córdoba tuvieron un caso cada uno.
Horas antes de la divulgación del boletín diario, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, había informado de que en la cárcel de Villavicencio, la capital regional, fueron confirmados 40 nuevos contagios de COVID-19, cifra que coincide con la del Ministerio de Salud para ese departamento.
Sobre los diez fallecidos en las últimas horas, el Ministerio de Salud detalló que tres ocurrieron en Bogotá y otros tres en Cali, capital del Valle del Cauca.
También murió un enfermo en Barranquilla, lo mismo que en Bucaramanga y Valledupar, estos dos los primeros decesos que ocurren en esas capitales regionales.
En la lista de fallecidos está también un bebé de 37 días de nacido en una localidad no precisada del departamento de Cundinamarca, que se convierte en la víctima más joven del COVID-19 en Colombia.
En la jornada fueron procesadas 3.051 pruebas, 201 menos que el martes y se confirmó la recuperación de 66 personas, para un total de 870.
La capital colombiana acumula la mayor cantidad de casos en todo el país, con 1.836 enfermos, seguida de los departamentos de Valle del Cauca (741), Antioquia (393), Bolívar (199), Cundinamarca (175), Risaralda (141), Magdalena (120), Atlántico (118), Meta (100), Huila (81), Nariño (62) y Norte de Santander (60).
El Gobierno colombiano recibió hoy una clínica móvil donada por la multinacional alemana Siemens para atender pacientes en la emergencia por el COVID-19 y a migrantes venezolanos.
Además, el Ejército anunció este miércoles que en su laboratorio de referencia e investigación procesará diariamente 200 pruebas para detectar posibles casos de coronavirus en miembros de las Fuerzas Militares.
Colombia está en una cuarentena para combatir el coronavirus que comenzó el pasado 25 de marzo y que fue prolongada por el presidente Iván Duque hasta el 11 de mayo.
Cali (Colombia), 23 abr (EFE).- Carolina Gutiérrez se prepara para otra jornada de trabajo, viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA CORONAVIRUS – CLO001. CALI (COLOMBIA), 23/04/2020. Vista del club nocturno para adultos Eventos Liz, el 16 de abril de 2020 en Cali (Colombia). Carolina Gutiérrez se prepara para otra jornada de trabajo, viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
“Esto es muy ocasional pero por lo menos nos ha ayudado para sostenernos porque no tengo ni la menor idea de qué sería de mi vida en este momento si no tuviéramos este pequeño ingreso”, dice a Efe esta chica de 23 años en la habitación que comparte con otras dos amigas en Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia.
Para subsistir en un medio que se quedó sin clientela por la prohibición de salir de casa que desde el 25 de marzo rige en Colombia, Carolina y sus amigas se ganan la vida atendiendo videollamadas eróticas por el teléfono celular.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA CORONAVIRUS – CLO001. CALI (COLOMBIA), 22/04/2020. Carolina Gutiérrez se prepara para realizar un baile erótico el 16 de abril de 2020 en Cali (Colombia). Viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
Los clientes ya son conocidos y aunque esta modalidad no les da los mismos ingresos que la presencial, les permite recibir algún dinero, transferido previamente a sus cuentas bancarias, por “una interacción de media hora”.
SIN DINERO Y CON RESPONSABILIDADES
“Me ha afectado bastante porque realmente soy una persona que depende de lo que trabaja diariamente y en el gremio todos tenemos responsabilidades muy grandes que cubrir”, afirma sobre la cuarentena, pero se resigna porque “nadie a nivel nacional, a nivel mundial, estaba preparado para una situación de estas”, dice en referencia a la pandemia de COVID-19.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA CORONAVIRUS – CLO001. CALI (COLOMBIA), 23/04/2020. Carolina Gutiérez realiza un baile erótico frente a un celular el 16 de abril de 2020 en Cali (Colombia). Carolina Gutiérrez se prepara para otra jornada de trabajo, viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
A pesar de las dificultades, Carolina no puede quedarse encerrada en su habitación compartida esperando solo a que termine el confinamiento social obligatorio porque, además de sus propios gastos, también tiene un hijo de ocho años, padres y hermanos en el sureño departamento del Caquetá a los que debe ayudar económicamente.
Su historia es la de miles de mujeres colombianas a las que la pobreza y la falta de oportunidades empujaron a las grandes ciudades para convertirse en trabajadoras del sexo.
“Es una historia un poco compleja; en mi familia no había muchos recursos para alimentar nuestra casa porque somos bastantes, entonces en cuanto cumplí los 18 años simplemente quise poder colaborarle a mi familia” y fue así como se fue a Cali “para poder ejercer esto”.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA CORONAVIRUS – CLO001. CALI (COLOMBIA), 22/04/2020. Carolina Gutiérrez se prepara para realizar un baile erótico el 16 de abril de 2020 en Cali (Colombia). Viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
Aclara que decidió irse lejos de casa “porque en el país estigmatizan mucho este trabajo” y no quería que su familia fuera señalada públicamente por su forma de ganarse la vida.
“Espero que esto acabe pronto para que nuestra vida se normalice porque los ingresos son muy mínimos en esta temporada”, dice, y agrega que aspira a dejar la prostitución cuando cumpla los 25 años y, con lo que logre ahorrar, montar su propio negocio de venta de licores.
PROBLEMA GENERALIZADO
La propagación del COVID-19 alteró dramáticamente la forma de vida y redujo a cero los ingresos de mujeres, y también de hombres, que viven de los servicios sexuales y que ahora sencillamente no tienen qué comer, según la fundadora y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sitrasexco), Fidelia Suárez.
“El Gobierno está predicando pero no está aplicando. Hablan de entregas de los subsidios y no ha llegado nada, hablan de mercados para ciertas localidades y no ha habido nada”, manifiesta Suárez a Efe.
En Colombia la prostitución no es ilegal pero la líder sindical lamenta que todavía no haya un marco jurídico que proteja los derechos de quienes ejercen voluntariamente ese oficio, ni tampoco un censo para saber cuántos son.
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA CORONAVIRUS – CLO001. CALI (COLOMBIA), 22/04/2020. Carolina Gutiérrez se prepara para otra jornada de trabajo el 16 de abril de 2020 en Cali (Colombia). Viste un bikini dorado y botines negros, se retoca el cabello frente al espejo y se dispone a comenzar. Será una noche diferente porque la cuarentena contra el coronavirus en Colombia le hizo cambiar la forma de ejercer la prostitución. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
“Esta crisis generada por el coronavirus está cada día más preocupante ya que no hay ninguna protección, ni hay garantía de nuestros derechos como mujeres y hombres que ejercemos un trabajo más en el país y es el trabajo sexual”, afirma.
Según Suárez, los ingresos de las trabajadoras sexuales ya habían sido afectados por la llegada de inmigrantes venezolanas que “se han quedado con clientes que antes eran de colombianas”.
Esta semana más de medio centenar de estas mujeres que se quedaron sin ingresos recibieron ayudas de víveres y artículos de higiene por medio del sindicato.
NEGOCIOS PARALIZADOS
Esta sorpresiva alteración de la vida cotidiana causada por el COVID-19 afecta también a otros eslabones del negocio del sexo, explica Elizabeth Arturo, administradora de Eventos Liz, un club nocturno para adultos.
“Estamos a la deriva, a la espera de que el Gobierno diga regresen, pero cuando eso se produzca no sabemos (…) si va a haber dinero para este tipo de actividades”, afirma la mujer, pero su angustia solo tiende a alargarse porque la cuarentena que debía terminar el 27 de abril fue prorrogada hasta el 11 de mayo.
En su opinión, la parálisis que viven les afecta de “manera cruel y despiadada porque, si no trabajamos, no comemos”, dice refiriéndose a ella y a las 30 chicas que trabajaban en su club nocturno.
Edwin Arbeláez, propietario de un bar swinger (intercambio de parejas), también echa de menos los “tiempos normales”, aquellos días en los que organizaba los llamados “viernes fuerte” a los que acudían hasta 70 parejas.
“El coronavirus se va a llevar almas pero también grandes, pequeñas y medianas empresas”, dice.
El mismo problema arrastra Humberto Villegas, propietario de dos moteles en Cali, quien asegura que su negocio iba bien pero las medidas contra el coronavirus ya lo obligaron a despedir a 60 de sus 100 empleados.
“Aquí tenemos un agravante y es que como no hay auxilios del Gobierno pues viene otro coronavirus que es la crisis económica que puede ser peor que el mismo coronavirus”, alerta Villegas.
Bogotá, 22 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó adoptar “medidas humanitarias” para evitar que el coronel retirado del Ejército colombiano Jorge Eliécer Plazas, investigado por una masacre y vinculado al asesinato del humorista Jaime Garzón, se contagie de coronavirus en donde está preso.
Jorge Eliécer Plazas Acevedo al momento de su recaptura, en el 2014 / Imagen tomada de El Tiempo.
El alto tribunal informó en un comunicado de prensa que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó que se “adopten las medidas necesarias para su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio” de COVID-19 de Plazas Acevedo, de 62 años y preso en una cárcel de Facatativá, municipio cercano a Bogotá.
El militar está vinculado al crimen de Jaime Garzón, abogado de profesión y que combinaba el humor con una aguda crítica política e irreverencia en sus programas televisivos, que fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá por sicarios enviados por el entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño.
Por otra parte, la medida de la JEP también es para el coronel retirado de la Policía Joaquín Correa López, quien está recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en la capital colombiana.
Correa, de 64 años de edad, padece de enfermedades como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II.
Las medidas humanitarias consisten en que los coroneles deben ser aislados en los sitios en donde están presos para evitar que puedan resultar contagiados de coronavirus, que en Colombia deja 4.356 enfermos y 206 fallecidos.
Los beneficios otorgados a los dos coroneles hacen parte de un decreto expedido por el Gobierno colombiano que favorece a la población reclusa que pueda tener problemas de salud.
Ni Plazas Acevedo ni Correa López tendrán otros beneficios como casa por cárcel porque los delitos por los que están sometidos a la JEP -Plazas Acevedo por secuestro extorsivo y homicidio agravado y Correa López por homicidio agravado y desaparición forzada cometidos en ocasión y en el contexto del conflicto armado- están excluidos de ese decreto.
Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, entre otros vinculan a Plazas Acevedo con estructuras paramilitares.
También se le vincula con el asesinato de Mario Calderón y su esposa Elsa Alvarado, miembros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Igualmente se le investiga por la masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta, en la que murieron al menos 50 personas.
Correa López fue aceptado en la JEP en marzo pasado dentro de las investigaciones del alto tribunal realiza por la masacre que en 1998 perpetraron paramilitares en el municipio de Barrancabermeja y en la que fueron asesinadas al menos 11 personas y desaparecieron 35 más.
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo
Bogotá, 22 abr (EFE).- El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, anunció hoy que dará dos millones de dólares a los clubes de primera y segunda división para que paguen los salarios de los jugadores y jugadoras de los 36 equipos del país ante el parón provocado por la pandemia del coronavirus.
“Está administración ha logrado gestionar recursos adicionales para apoyar a los clubes profesionales afiliados en la presente coyuntura de salubridad pública que ha impactado negativamente nuestro fútbol asociado”, dijo Jesurún en una carta dirigida a los presidentes de los clubes.
El directivo precisó que el martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aprobó un proyecto presentado por la Federación para “destinar dos millones de dólares de los fondos para programas de desarrollo de la FCF al pago de salarios de jugadores y jugadoras profesionales de los clubes del fútbol profesional colombiano”.
“Los valores aprobados estarán disponibles a través de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) a partir del viernes 24 de abril de 2020 y su aprovechamiento estará sujeto al lleno de los requisitos que establezca la Dimayor”, añadió el presidente de la FCF.
Esto ocurre después de que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunciara este miércoles que equipos de primera división como Cúcuta Deportivo, Patriotas Boyacá, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga y de segunda como Llaneros y Leones han incumplido con los pagos de salarios de marzo.
“También se manifestó la preocupación porque algunos futbolistas están siendo presionados para rebajar sus salarios o para que soliciten licencias no remuneradas, con amenazas de suspensión de contratos”, advirtió la Acolfutpro tras reuniones virtuales con “los futbolsitas referentes” de los clubes del país.
Sin embargo, la Asociación reconoció que “la mayoría de los clubes están al día en los pagos y han buscado, a través de la concertación, la revisión de los contratos de trabajo vigentes formalizando acuerdos justos y proporcionados”.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor presentaron el lunes al Gobierno un “protocolo de salubridad para la reactivación del fútbol profesional” a puerta cerrada ante la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, el presidente colombiano, Iván Duque, descartó un día después el regreso de la liga colombiana de fútbol al considerar que “no hay condiciones para hacerlo” debido a la pandemia del coronavirus.
El 13 de marzo, la Dimayor anunció la suspensión de manera temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de primera y segunda división y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19. EFE
San Francisco (Estados Unidos), 22/04/2020. – Los amantes de la playa observan de cerca una ballena jorobada muerta de 37 pies de largo en Baker Beach en San Francisco, California, EE. UU., 22 de abril de 2020. La ballena en estado severamente de deescomposición.
Los científicos del Centro de Mamíferos Marinos y la Academia de Ciencias de California determinarán el motivo de su muerte y el motivo de su muerte después de un informe final de necropsia. (Estados Unidos) EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO
San Francisco (Estados Unidos), 22/04/2020 .- Una persona toma una fotografía de una ballena jorobada muerta de 37 pies de largo en Baker Beach en San Francisco, California, EE. UU., 22 de abril de 2020. Los científicos del Centro de Mamíferos Marinos y la Academia de Ciencias de California determinarán el motivo de su muerte y el motivo de su muerte después de un informe final de necropsia. (Estados Unidos) EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO
Noticia de EFE Traducida al español porhttps://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.7919j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Mirando la situación Nacional y mundial, a raíz del coronavirus, no podemos negar que ha golpeado desde el más débil hasta el más fuerte.
En este momento que este virus está en un lugar alto, creo que podemos ir sacando algunas conclusiones, que pueden ser importantes, no para una próxima pandemia, ojalá que no, sino para orientar la vida en general, y tomar medidas y correcciones que hasta ahora no importaban, para un mejor futuro
Hasta este momento que nos puede dejar este virus:
El estado Colombiano no estaba preparado para esta situación, como tampoco muchos otros estados.
Acá no tenemos la infraestructura en salud para enfrentar una crisis como esta, estamos mal de hospitales, clínicas, UCI, equipos médicos, médicos, etc., y nadie se había dado cuenta de esto, cuando digo nadie me refiero a los dirigentes políticos, si esto no hubiese ocurrido seguiríamos igual por muchos años. La adecuación de clínicas es demorada, complicada y costosa, razón por la cual se hacen improvisaciones, en canchas, coliseos, estadios, etc. Pero sin los equipos médicos correspondientes, que están en trámite es lo que se dice
El gobierno no cuenta con los recursos para auxiliar a la gente más desfavorecida, las ayudas son muy escasas. Siempre recurre a las personas para que estas asuman la responsabilidad de socorrer los estratos más bajos, ayudas como donatones, aportes de salario, ayudas en especie etc.
Las ayudas que se reparten no son muy visibles, la gente piensa que lo que se ha repartido no equivale a lo que han recogido en las donaciones
Se ve la pasividad de muchos mandatarios locales para afrontar este problema, simplemente se limitan a decir que no tienen con qué y a ver quién les puede ayudar.
Entre los mismos mandatarios más altos se ven contradicciones, que al fin no se sabe a quién hacerle caso, si a uno o al otro.
Se expidieron una serie de decretos legislativos en muy poco tiempo, pienso, que más de uno, en todo o en parte, los va a declarar inexequible la corte constitucional, en estos decretos no se puede vulnerar los derechos o situaciones que tienen las personas, y de pronto en algunos se puede dar esta situación.
Hasta en el control de las personas que no pueden salir a las calles, le falta al estado mano dura, en todas las ciudades se ve la gente en las calles como si nada fuera, hasta mítines, desfiles, entierros, fiestas, etc., se han visto, y como si nada fuera, con decir que impusieron 1000 o 2000 comparendos, que a la larga acaban en nada, todo está arreglado.
En todo el territorio, se está gestando unos movimientos, en barrios populares, debido a la escasez de alimentos, en todas partes se ven banderas rojas, en señal de que hay hambre, hasta un alcalde de un Municipio se puso una capa roja, y estos movimientos me parecen demasiado graves, porque el hambre acosa, y las personas con hambre y con familia y sin nada, son capaces de hacer lo que sea, pienso que esto puede llegar a ser incontrolable y se le va a salir de las manos al gobierno.
Y la economía, totalmente se está derrumbando, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y cuando una economía se derrumba, para volver a la normalidad es muy difícil y demorado, esto se vio hace muchos años en lo que se llamó la recesión económica, ojala que esta vez no ocurra lo mismo.
Bogotá, 22 abr (EFE).- Las autoridades confirmaron este miércoles 40 nuevos contagios por coronavirus en la cárcel de Villavicencio, en la capital del departamento colombiano del Meta (centro), entre guardianes, reclusos y profesionales de la salud.
“Acabamos de recibir 40 nuevas pruebas de COVID-19 para el Meta, lastimosamente todas positivas y corresponden a la cárcel de Villavicencio. ¡Por favor, debemos seguir cuidándonos!”, informó el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, en un video difundido en sus redes sociales.
Zuluaga aseguró que esta es una “situación muy difícil” e insistió en las medidas de autocuidado y el cumplimiento de la cuarentena vigente en el país desde el 25 de marzo.
Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, pidió al Ministerio de Justicia agilizar las medidas de contención de la pandemia y dar respuesta a las solicitudes de las autoridades locales.
“Ministra de la Justicia la espero en Villavicencio. Que el Gobierno Nacional se apersone de esta situación con la práctica de pruebas rápidas para dar tranquilidad a los reclusos, sus familias y a todos los habitantes de la capital del Meta”, aseguró Harman.
EMERGENCIA SANITARIA EN LAS CÁRCELES
Una revuelta simultánea en trece cárceles colombianas el pasado 21 de marzo, aparentemente para exigir protección contra el COVID-19, puso en alerta a las autoridades tras la muerte de 23 reclusos y 83 heridos en la penitenciaría La Modelo, de Bogotá.
Ante esa situación, el Gobierno declaró la emergencia carcelaria y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puso en marcha varias jornadas de limpieza y descontaminación en diferentes establecimientos del país en las que participan conjuntamente guardianes y reclusos.
Días después, fue activado el protocolo de emergencia en salud en la cárcel de Villavicencio por la muerte por COVID-19 de un hombre de 63 años que estuvo recluido allí y quien falleció el 5 de abril en el hospital departamental.
Hace una semana, tras la muerte de un segundo recluso, trabajadores de ese centro carcelario publicaron en las redes sociales un video en el que denunciaron el “abandono total para enfrentar la crisis” causada por la pandemia.
PRISIÓN DOMICILIARIA PARA LOS VULNERABLES
Esta semana, se activó en el país el decreto que firmó el presidente colombiano, Iván Duque, que permite enviar a prisión domiciliaria a cerca de 4.000 presos vulnerables al coronavirus.
El beneficio durará seis meses y “previo concepto de las autoridades sanitarias competentes en lo relativo al COVID-19” podrá ser prorrogado.
La excarcelación incluye a presos mayores de 60 años; madres gestantes o con hijos menores de 3 años y a quienes padezcan enfermedades crónicas.
De igual forma beneficia a personas con movilidad reducida por discapacidad, a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión, a aquellos condenados con “medida de aseguramiento por delitos culposos” y a los que hayan cumplido el 40 % de su pena.
Colombia, que estará en cuarentena hasta el próximo 11 de mayo, ha confirmado 4.149 contagios de coronavirus, de los cuales 196 han fallecido. EFE
La preocupación asalta a 150 estudiantes colombianos en México que ante la emergencia que se vive por el covid-19, buscan captar la atención del Gobierno a través de sus redes sociales, con el propósito de pedirle ser repatriados de México, país que hoy junto a Brasil figura entre los más afectados por COVID-19 en Latinoamerica; son ya alrededor de 10.000 personas contagiadas de las cuales se registran 857 muertes de la enfermedad.
ElCorreo entrevistó a Alba Jiménez, madre de Maria Fernanda Giraldo, una de las estudiantes que se encuentra en ese país.
EC: ¿En qué estados se encuentra su hija y sus compañeros estudiantes?AJ:En el momento mi hija se encuentra con una compañera; ellas fueron acogidas en una casa familiar en Guadalajara. Realmente ella me dice que se han sentidos solos porque han querido estar junto a su familia. Desde que inició la cuarentena quisieron volver pero no fue posible.
EC: ¿Qué les ha manifestado la Cancillería de Colombia? AJ:Ellos se comunicaron con el consulado y la respuesta que han recibido es que no hay programados vuelos de repatriación y que no hay dinero para este tipo de ayudas.
EC: ¿Económicamente cómo los ha afectado la situación? AJ: Ella me ha manifestado que realmente hay unos compañeros que no cuentan con recursos para devolverse, a otros pues los recursos se les ha estado acabando. Para nosotros como padres es muy difícil la situación en Colombia, pues nosotros somos comerciantes y los trabajos han estado frenados, entonces no tenemos recursos para seguir sosteniendo sus gastos allá.
EC: ¿Hay alguno de ellos contagiados? AJ: No, para nada. Realmente ellos han estado tomando las medidas de prevención por su cuenta debido a que allá no las ha iniciado rigurosamente el gobierno local. Han estado comunicándose con los otros pero no le han manifestado si hay compañeros o personas cercanas a estos que estén contagiados.
Las salidas las hacen muy estrictamente a supermercados 1 vez por semana, pero nuestra preocupación radica en que ella nos ha manifestado que “la gente allá es como si nada”, se mantienen en las calles normal y no se han tomado medidas obligatorias.
EC: ¿Qué mensaje le envía al Gobierno colombiano? AJ: Le pedimos al gobierno que nos ayuden. Lo que más queremos en este momento es tener a nuestros hijos acá en esta situación, así no podamos salir, nosotros nos encargamos como familia que ellos cumplan todos los protocolos. Le pedimos que nos ayude a que ellos sigan cumpliendo la cuarentena acá, no desde lejos porque es muy difícil para todos pero cuando se está lejos de la familia se hace peor.
Bogotá, 22 abr (EFE).- El Gobierno colombiano recibió este miércoles una clínica móvil donada por la multinacional alemana Siemens para atender pacientes en la emergencia por COVID-19 y a migrantes venezolanos.
La unidad móvil, un autobús dotado con las últimas tecnologías, tiene capacidad para atender a 200.000 personas al año y será operada por la Cruz Roja Colombiana.
“Hoy, luego de cuatro meses, la ‘Smart Clinic’ de Siemens está lista para iniciar operaciones. El equipo de la clínica puede tratar e identificar los tratamientos iniciales del COVID-19 y eso va a ser muy importante en nuestra lucha contra el coronavirus”, dijo durante la entrega, que se hizo mediante una transmisión virtual, el presidente del Consejo de Administración de Siemens, Joe Kaeser.
La clínica móvil fue diseñada para atender las necesidades de los más de 1,8 millones de inmigrantes venezolanos en Colombia, pero comenzará a funcionar como un apoyo en la mitigación de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.
“Decidimos donar esta ‘Smart Clinic’ inicialmente para apoyar a Colombia en el manejo de la actual crisis humanitaria por la migración de tantos ciudadanos venezolanos al país, pero dada la situación de la pandemia hemos tomado la decisión de empezar por tratar la pandemia”, agregó Kaeser.
El presidente colombiano, Iván Duque, agradeció el apoyo de la multinacional y destacó la utilidad de la clínica móvil en la calidad de vida de los ciudadanos.
“Esta ‘Smart Clinic’ es una herramienta más para llegarle a la comunidad con los servicios de salud, de manera que me honra estar recibiendo este importante y generoso aporte de Siemens en Colombia”, aseguró Duque.
TECNOLOGÍA VANGUARDISTA
La clínica móvil, creada entre de las empresas del grupo Siemens y su Fundación en el país, tuvo una inversión de 400.000 dólares y su construcción comenzó en Colombia en diciembre de 2019.
La unidad está dotada con equipos de diagnóstico portátiles como sistemas de ultrasonido, rayos X y laboratorio clínico para realizar pruebas de hematología que ayudarán a evaluar la gravedad de los pacientes con coronavirus, así como un equipo de ginecoobstetricia.
“Cuenta con un equipo de rayos X que permite realizar exámenes de enfermedades respiratorias agudas. También tenemos un equipo de laboratorios y uno de ecografías para evaluar lesiones pulmonares de pacientes con COVID-19”, detalló el CEO del área de salud de Siemens, Francisco Vélez.
Según el Gobierno, la ‘Smart Clinic’ comenzará a operar en Bogotá y podrá hacer 170.000 diagnósticos anuales.
En la entrega de la clínica, el Gobierno alemán anunció además el apoyo de personal médico de su país para ayudar a los profesionales de la salud en Colombia durante la crisis sanitaria.
“Alemania va a empezar una cooperación aún más estrecha con Colombia. En mayo habrá una misión de médicos expertos en temas de COVID-19 para aconsejar a sus colegas, van a traer mucho material médico”, aseguró el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek.
Colombia, que estará en cuarentena hasta el próximo 11 de mayo, ha confirmado 4.149 contagios de coronavirus, de los cuales 196 han fallecido.
San Basilio de Palenque (Colombia), 22 abr (EFE).- El hambre y la desesperanza rondan las polvorientas calles de San Basilio de Palenque, un pueblo de afrodescendientes del norte de Colombia que por la cuarentena contra el coronavirus ya ni siquiera puede enterrar a sus muertos bajo los rituales ancestrales del lumbalú.
Los palenqueros, que mantienen vivas y fuertemente arraigadas sus tradiciones africanas, ahora lloran a sus muertos en silencio, en la intimidad de sus casas, porque no pueden hacer el lumbalú, un rito fúnebre en el que se reúne casi todo el pueblo y con bailes y cantos despiden al fallecido.
Manuel Pérez, gestor cultural de Palenque, explica a Efe que aunque todavía no tienen casos de COVID-19 en su comunidad, “ahora se está buscando que nadie se aglomere”, lo que va en dirección contraria a “nuestros rituales fúnebres del lumbalú (que) son concurridos, con mucha gente. Por eso no lo estamos haciendo”.
Durante el lumbalú, los hombres y mujeres del pueblo bailan y cantan al son de tambores dando rondas al muerto con lo que preparan el camino y guían el alma del difunto hacia el lugar en donde se va a quedar para la eternidad.
De esta manera ayudan a que esa alma se desprenda del cuerpo y llegue al otro mundo.
DESPEDIDAS SOLITARIAS
“Ahora nos toca elevar nuestras plegarias a los orishas (divinidades) de forma individual en las casas buscando protegernos del COVID-19”, agrega.
Explica que no despedir a los muertos mantiene desconsolados a los palenqueros que, según Pérez, viven “colectivamente”.
“Por lo general nunca estamos solos sino siempre rodeados de muchos y en los momentos de ritual, mucho más”, relata, y enseguida agrega: “Esta situación nos golpea mucho más duro que una bala porque está lesionando nuestra esencia, nosotros somos esencialmente espirituales, vivimos alrededor de la espiritualidad”.
SIN TRABAJO Y CON HAMBRE
San Basilio de Palenque, que hace parte del municipio caribeño de Mahates, era ya un poblado sumido en la pobreza antes de que decretaran la cuarentena, que comenzó el 25 de marzo y culminará el 11 de mayo.
Las carencias están a la orden del día: no hay agua potable, la internet es una ilusión, el puesto de salud es precario y la inexistencia de fuentes de trabajo obliga a sus habitantes a buscarse el sustento fuera del pueblo.
Buena parte de su población masculina es de agricultores que no tienen tierras propias y dependen tanto de los propietarios de las tierras como del clima para cultivar sus alimentos, principalmente yuca, plátano, ñame y ají.
En cuanto a las mujeres, la mayoría contribuye a la economía familiar con la venta de frutas y dulces típicos que llevan de pueblo en pueblo en poncheras, recipientes de plástico que cargan con asombroso equilibrio en la cabeza.
Paradójicamente ellas, que se han hecho famosas e incluso ya hacen parte de la iconografía con la que se promociona a Colombia en el mundo, ahora claman por ayuda.
Mauricia Padilla, líder comunitaria del pueblo, explica a Efe que en San Basilio de Palenque “no hay fuentes de trabajo; el sustento de uno viene de la ponchera, sin ella nosotras no vivimos”.
Padilla pide al Gobierno que establezca un corredor que permita el regreso de varias mujeres como ella que están repartidas por todo el país y que por la cuarentena quedaron aisladas, sin recursos y con la necesidad de regresar al pueblo.
El turismo, que hace unos años se convirtió en una fuente adicional de trabajo porque el pueblo era constantemente visitado por turistas de la vecina Cartagena de Indias, también está paralizado.
PALENQUE SE CIERRA AL MUNDO
Para evitar la llegada del coronavirus a San Basilio de Palenque, sus pobladores cerraron la única carretera que los conecta con el mundo, construyeron una cerca con alambre de púas e instalaron un puesto de control desde el que vigilan las 24 horas del día para que ningún extraño entre.
La cerca solo se abre a los habitantes del pueblo y si un extraño quiere entrar tiene que justificar el motivo de su visita.
Los pocos vehículos autorizados a pasar son desinfectados con un aspersor, de los que habitualmente utilizan para fumigar las plantaciones, y a las personas les lavan las manos con gel antibacterial y les exigen usar mascarilla y guantes.
La historia de alguna forma se repite, pues en el siglo XVII los negros esclavos huyeron de sus amos y fundaron los palenques en lugares remotos para esconderse y salvar sus vidas y hoy, cuatro siglos después, ponen una barrera para aislarse y así impedir el contagio del coronavirus.
El representante legal del consejo comunitario Makankamaná de San Basilio de Palenque, Keiner Cimarra, hizo un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque para que les brinde ayudas humanitarias que en la población “brillan por su ausencia”.
“Principalmente necesitamos el tema de la alimentación, los paquetes para surtir la canasta familiar”, asegura.
Con él coincide el gestor cultural Pérez, quien pidió al Gobierno proteger a comunidades como la suya que buscan mantenerse libres ya no de la esclavitud sino del COVID-19.
Como respuesta a las manifestaciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el secretario del Departamento Administrativo de la Presidencia Diego Molano, se pronunció sobre el impacto que causará en el transporte público las medidas anunciadas por el Gobierno para la reactivación del sector manufacturero y de la construcción.
De acuerdo con Molano, en el país serán entre 2,5 y 3 millones de colombianos los que volverán a sus trabajos después del 27 de abril. Según el secretario estos sectores son los de menor riesgo de contagio y contribuyen al PIB y al empleo. En esa medida se comenzará a desarrollar progresivamente este reingreso bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
En el caso de Bogotá según el Gobierno “ese criterio fue utilizado y se encontró que estos dos en particular… ocuparían solo la capacidad máxima del 35 %. Las cifras del Dane señalan que los trabajadores en el sector de la construcción y de la manufactura en Bogotá pueden ser alrededor de 850.000”.
La construcción en Bogotá emplea 300.000 personas y la manufactura 436.000. Llevamos semanas trabajando para reiniciar parcialmente construcción y bicicletas. Hasta tanto no aseguremos la organización e impacto de riesgo del ingreso de esos 2 sectores,no reiniciará otro en Bogotá pic.twitter.com/V86Im4pmZg
Aunque el Gobierno manifiesta esto, la alcaldesa por su parte ha sido enfática en decir que en Bogotá una de las estrategias ante la crisis por el coronavirus es el uso de TransMilenio efectivamente sin superar el 35 % de su capacidad, pero asegura que reactivando los dos sectores, el uso del sistema podría ir más allá de esa capacidad, generando un riesgo de contagio.
No es posible que el próximo lunes puedan reactivarse en Bogotá la construcción y manufactura al tiempo. La primera genera 560.000 viajes al día y la segunda 567.000 viajes al día! Las dos al tiempo dispararían el riesgo de salud de los trabajadores y aglomeración en transporte.
Por último indicó el Secretario “No habrá ningún choque. En estas épocas lo único que se requiere es actuar en coordinación y cooperación”, agregó además “La idea no es que salgan todos los trabajadores al tiempo”.
Medellín (Colombia), 21 abr (EFE).- Unos 15 robots recorren las calles de Medellín para realizar entregas de pedidos a domicilios como parte de un plan piloto puesto en marcha por las compañías colombianas Rappi y KiwiBot para evitar el contacto persona-persona en medio la cuarentena para combatir el coronavirus.
Este desarrollo tecnológico, que inicialmente prueban en el barrio El Poblado, ha permitido la entrega de cerca de 120 órdenes a domicilio en el primer periodo de operación.
“Estamos explorando esta alternativa, que en el contexto del coronavirus toma más notoriedad al hacer una entrega sin contacto”, dijo a Efe el gerente general de Rappi para Colombia, Matías Laks.
SERVICIO INNOVADOR
Laks explicó que al llegar la orden a Rappi -aplicación de reparto a domicilio-, el pedido es “ruteado” a un robot que, una vez tiene el paquete en su interior, inicia de forma autónoma el proceso de entrega.
“A la poca gente que está en la calle le llama mucho la atención estas cosas chiquitas que van solas. Ha sido muy divertido”, contó el vocero de Rappi, que además detalló que el usuario solo se entera que su repartidor es un robot cuando le llega el pedido.
“Genera un impacto muy positivo”, agregó sobre ese sistema que, en fase de prueba, cumple recorridos cortos y transportan exclusivamente pedidos de restaurantes, realizados con pago por medios digitales.
Para él, este tipo de adelantos son habituales en Estados Unidos o países europeos y asiáticos, pero los usuarios no están acostumbrados a ver “este tipo de cosas sucediendo en Latinoamérica”.
Sobre el tema de la limpieza, Laks detalló que mantienen el mismo protocolo utilizado con los repartidores, solo que en este caso es adaptado al dispositivo tecnológico: “el habitáculo del robot es desinfectado”.
PEQUEÑOS DOMICILIARIOS
Los robots de KiwiBot, una compañía de origen colombiano que tiene su base en Estados Unidos y un centro de innovación en Medellín, cuentan con capacidad de 35 centímetros cuadrados, funcionan con batería eléctrica y pueden llevar hasta ocho kilos.
Estos pequeños carritos, que incluso “usan” impermeable para protegerse de la lluvia, cuentan con cuatro ruedas, GPS y sensores que le permiten circular sin contratiempos por las calles de Medellín, como lo hicieron por Berkeley (EE.UU.) cuando fueron testeados tres años atrás.
El presidente ejecutivo de KiwiBot, Felipe Chávez, señaló que “la nueva realidad a la que nos enfrentamos nos hace llevar a pensar en nuevas posibilidades”.
FUTURO DE LA PRUEBA
Aunque inicialmente proyecta extender el piloto hasta julio, las compañías esperan “seguir explorando”, medir resultados y ver que este sistema quede “estacionado” en este sector, para después extender este tipo de entrega a otras zonas de Medellín y a otras ciudades.
“Es una tecnología que se complementa a lo que tenemos”, señaló el gerente de Rappi, quien enfatizó en que los robots no reemplazan “de ninguna forma” las entregas con ‘rappitenderos’.
La cuarentena en la que se encuentra Colombia para contener la expansión del COVID-19, que comenzó el 25 de marzo e irá hasta el 11 de mayo, ha llevado a que las entregas a domicilio se eleven, incluso restaurantes gourmet intentan sobrevivir el cierre adoptando ese concepto asociado a las cadenas de comida rápida.
A family with facial masks waits for the humanitarian aid that the 13th Brigade of the Colombian National Army distributes to low-income people in the municipality of Soacha, Colombia, 30 March 2020. Coronavirus cases in Colombia rose to 798 on Monday when 96 new infections were confirmed, the highest growth in a single day, while two deaths increased the total deaths to 12, the Ministry of Health reported. EFE/ Mauricio Duenas Castaneda
Bogotá, 21 abr (EFE).- El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 172 casos nuevos de COVID-19, con lo que el país llegó a 4.149, y contabilizó siete fallecidos en las últimas 24 horas lo que aumentó a 196 las víctimas mortales.
De los nuevos casos, 82 corresponden a Bogotá y 30 al departamento del Valle del Cauca, mientras que los demás son de Magdalena (17), Nariño (10), Risaralda (5), Atlántico, Bolívar y Tolima (4), Antioquia, Meta y Cundinamarca (3), Amazonas y Huila (2), Chocó, Quindío y Santander (1).
En cuanto a las siete muertes, el Ministerio de Salud precisó que cuatro ocurrieron en Cali, capital del Valle del Cauca, y una en la cercana ciudad de Palmira, y las otras tres en Bogotá.
En la jornada fueron procesadas 3.259 pruebas, 836 más que el lunes, pero no se informó de ningún recuperado, por lo que la cifra de personas que superaron la enfermedad se mantuvo en 804.
Bogotá acumula la mayor cantidad de casos con 1.752 enfermos, mientras que otras regiones que tienen focos grandes de COVID-19 son el Valle del Cauca (713), Antioquia (366), Bolívar (199), Cundinamarca (173), Risaralda (135), Atlántico (115), Magdalena (110), Huila (81), Meta (60) y Norte de Santander (59).
Colombia está en una cuarentena para combatir el coronavirus que comenzó el pasado 25 de marzo y que fue prolongada anoche por el presidente Iván Duque hasta el 11 de mayo.
El aislamiento preventivo obligatorio ha destapado el problema oculto del hambre en Colombia donde millones de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a comida, lo que ha desembocado en saqueos de ayudas en varios lugares del país.
La voz de esa necesidad es el ruido de las cacerolas que han vuelto a escucharse en los barrios más vulnerables de las ciudades, donde los habitantes desesperados aguardan la llegada de alimentos y subsidios que el Gobierno prometió.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió este martes que el hambre podría duplicarse en el mundo por la pandemia.
Bogotá, 21 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) amnistió y otorgó libertad condicionada a tres ciudadanos irlandeses que en 2001 fueron condenados por la justicia colombiana por los delitos de falsedad en documento público y entrenamiento para actividades ilícitas para la guerrilla de las FARC.
La JEP informó este martes que la decisión la tomó la Sala de Amnistía o Indulto, que “concedió la libertad condicionada a los ciudadanos irlandeses Martin John Mc Cauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O’ Muineacháin, por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas”.
Igualmente esa Sala también le otorgó la “amnistía de iure (por derecho) a los tres ciudadanos irlandeses por el delito de falsedad personal, al hacerse pasar por otras personas para su entrada al país”.
La defensa de los irlandeses llevó el caso a la JEP que lo estudió teniendo en cuenta que cumplía con las condiciones: fueron delitos cometidos antes de 1 de diciembre de 2016 y “fueron investigados, procesados y condenados por colaborar con las FARC” al entrenarlos en explosivos, según dice la resolución del alto tribunal.
Los tres irlandeses fueron arrestados en el aeropuerto de internacional El Dorado de Bogotá en agosto de 2001 con documentos falsos, cuando se preparaban para viajar a París.
Los extranjeros regresaban de visitar la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán, en la selva del suroeste colombiano, para las fallidas negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC.
Tras su detención, estuvieron presos hasta 2004, cuando un juez los dejó en libertad provisional.
No obstante, un tribunal los condenó en segunda instancia en diciembre pasado a 17 años de prisión cada uno por enseñar a elaborar bombas a insurgentes de las FARC, pero para entonces ya habían salido de Colombia.
LO QUE DICE LA DEFENSA
Diego Alejandro Martínez, abogado de los irlandeses en Colombia, dijo al diario El Tiempo que esta primera decisión es un avance de fondo, porque ayuda a cerrar capítulos de conflictos que por varias razones terminaron entrelazados.
“Hay que aclarar que, a pesar de las sentencias, ninguno de los tres militó nunca en un grupo terrorista. Además, es claro que ninguno de los delitos por los que se les condenó en su momento tienen víctimas, por lo que esperamos pronto se les emita la amnistía completa”, precisó el abogado.
Ahora McCauley (de 58 años), Connolly (de 75 años) y O’ Muineacháin (de 55 años) deben cumplir con el acta de compromiso de verdad que firmaron cuando se postularon a la JEP, con el fin de que se haga efectiva la amnistía.
Bogotá, 21 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas del conflicto armado colombiano al senador de izquierdas Iván Cepeda y a su hermana María, en el caso abierto por el genocidio contra el partido Unión Patriótica (UP), informó este martes el alto tribunal.
La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de la JEP por el asesinato hace 25 años del padre de los Cepeda, el senador Manuel Cepeda Vargas, en la época uno de los líderes de la UP.
“Es una decisión trascendental. Llevamos más de 25 años trabajando para que haya justicia plena en el caso del asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, y confiamos plenamente en que la JEP puede ser la instancia de verdad y de justicia para este caso”, dijo Cepeda a Efe.
El 9 de agosto de 1994 el automóvil en que viajaba Cepeda Vargas, una de las caras visibles de la UP, fue emboscado en una calle del barrio bogotano de Mandalay por sicarios que asesinaron a tiros al político.
La UP había sido creada en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con la guerrilla de las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados cerca de 5.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).
ASPIRACIÓN DE JUSTICIA Y VERDAD
Cepeda, que es uno de los copresidentes de la Comisión de Paz del Senado y miembro del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), recordó que por el asesinato de su padre fueron condenados dos suboficiales del Ejército colombiano y ahora aspira a que la JEP aclare quiénes están detrás de del crimen.
“El 9 de agosto de 1994 mi padre fue asesinado por un grupo mixto conformado por sicarios paramilitares y miembros del Ejército nacional. De ellos, dos suboficiales del Ejército fueron condenados pero no hemos sabido hasta hoy quiénes ordenaron ese asesinato”, subrayó.
Según Cepeda, uno de los líderes de la oposición colombiana, en la JEP está en trámite una solicitud del José Miguel Narváez, exsubdirector de la policía secreta de Colombia, quien “fue acusado por el jefe paramilitar alias ‘Don Berna’ de haber sido el intermediario entre elites políticas y militares de este país y grupos paramilitares para ordenar este crimen”.
Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros 13 antiguos jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por seguir delinquiendo luego de dejar las armas tras el acuerdo firmado cinco años antes con el Gobierno.
“Espero que el señor Narváez cumpla con su deber de verdad y que podamos conocer muy pronto todo lo que tiene que ver con este caso y cómo se articula con el genocidio de la Unión Patriótica”, apostilló Cepeda.
VÍCTIMAS DE LA UP ANTE LA JEP
En marzo pasado la JEP acreditó como víctima al partido UP en un caso que investiga la “victimización de miembros” de ese movimiento “por parte de agentes del Estado”.
La JEP es un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Según la Fiscalía colombiana, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984, pero la Corporación Reiniciar, que representa a la UP, y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en que se trata de más de 6.000 víctimas. EFE
AME4524. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/04/2020.- Un hombre habla con dos policías durante las protestas para pedir ayudas alimentarias por parte del Gobierno Nacional en las calles de Ciudad Bolívar, uno de los sectores más pobres de Bogotá (Colombia). Decenas de personas se “tomaron” la alcaldía local para exigirle al gobierno que entregue con rapidez las comidas que prometió para los más desfavorecidos durante la cuarentena por COVID-19. EFE/ Carlos OrtegaAME4524. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/04/2020.- Un grupo de policías patrulla este martes mientras personas hacen fila para inscribirse en las ayudas alimentarias del Gobierno en las calles de Ciudad Bolívar, uno de los sectores más pobres de Bogotá (Colombia). Decenas de personas se “tomaron” la alcaldía local para exigirle al gobierno que entregue con rapidez las comidas que prometió para los más desfavorecidos durante la cuarentena por COVID-19. EFE/ Carlos Ortega
Bogotá, 21 abr (EFE).- La cuarentena por el coronavirus ha destapado el problema oculto del hambre en Colombia donde millones de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a comida, lo que ha desembocado en saqueos de ayudas en varios lugares del país.
Acosados por la escasez, los colombianos más pobres incumplen el aislamiento obligatorio vigente desde el pasado 25 de marzo para rebuscar en las calles el sustento diario con el que solían alimentar a sus familias antes de la llegada de la pandemia que hasta el momento deja 3.977 contagiados y 189 muertos.
Es lo que ocurrió hoy en la barriada bogotana de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, donde decenas de personas se “tomaron” la Alcaldía local para exigir a las autoridades que agilicen la entrega de las ayudas prometidas a los más desfavorecidos.
“Soy comerciante independiente y esta crisis nos ha golpeado en todos los ámbitos. El comercio está quebrado, los arriendos están corriendo y los negocios están cerrados. Desde el más pequeño hasta el más grande se está viendo afectado por esta crisis”, dijo a Efe Ángel Méndez, líder social de esa inmensa barriada.
Junto a Méndez, un grupo de ciudadanos denunció que las autoridades han incumplido cinco acuerdos a los que llegaron sobre la salud y la alimentación de uno de los sectores más poblados y al mismo tiempo más necesitados de la capital colombiana, urbe de casi ocho millones de habitantes.
“La alcaldesa (de Bogotá, Claudia López) ayer anunciaba que ya entregó el 50 % de las ayudas, pero si vemos y hablamos con la gente del territorio, a ninguno les ha llegado o han sido contadas las personas que han recibido”, agregó el líder.
REGRESO DE LOS CACEROLAZOS
Más de cinco millones de colombianos dependen de la economía informal y sobreviven sin ingresos fijos mensuales, dinero que se ha esfumado poco a poco porque con la cuarentena obligatoria la mayoría no puede hacer ya sus actividades comerciales desde casa.
La voz de esa necesidad es el ruido de las cacerolas que han vuelto a escucharse en los barrios más vulnerables del país, donde los habitantes desesperados aguardan la llegada de alimentos y subsidios que el Gobierno prometió.
“Parecemos las vacas flacas, ya no tenemos aliento ni para caminar. Nos estamos muriendo no de virus sino de hambre. No hemos visto nada de lo que nos prometieron, estamos aguantando hambre”, dijo a Efe Sandra Patricia Hurtado, habitante de Ciudad Bolívar.
En ese sector habitan miles de desplazados que huyeron de sus tierras, despojados por los violentos del conflicto armado, o expulsados por la pobreza en que vivían.
“Estamos comiendo basura porque estamos cansados de andar pidiéndole a la gente. Nosotros no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo nuestros derechos. Estamos viviendo en una ratonera”, denunció Hurtado en medio de gritos.
La situación de esta mujer es la que diariamente viven miles de colombianos que, encerrados en sus hogares, piden ayuda desde las ventanas de sus casas en las que han puesto trapos rojos esperando recibir alimentos que alivien su necesidad.
Mientras, otros hacen enormes filas en las calles para recibir mercados, artículos de higiene o para cobrar un subsidio del Gobierno, cuya entrega fue suspendida temporalmente tras las denuncias de ciudadanos que encontraron inconsistencias en el registro de los beneficiados.
Como Hurtado, en cada rincón del país hay colombianos a los que el hambre se les convirtió en un asunto de vida o muerte, una situación que incluso los ha obligado a pedir alimentos de puerta en puerta en los vecindarios más prósperos.
“Desde que empezó esto hemos estado encerrados en las casas, pidiendo limosnas en los negocios. Nosotros no somos mendigos, ni una libra de arroz uno se come en la casa”, agregó Hurtado quien llegó a Bogotá hace 16 años desplazada del convulso municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
SAQUEOS A CAMIONES DE AYUDA
Las ayudas que reciben los más desamparados, generalmente de donaciones entregadas por empresas o particulares, son insuficientes para alimentar a una familia por largos periodos.
El desespero de no tener que llevar a la mesa ha desencadenado disturbios y saqueos a las ayudas que envía el Gobierno y a comercios en algunas partes.
Desde Aracataca, tierra natal del nobel de Literatura Gabriel García Márquez, hasta el agroindustrial departamento del Valle del Cauca, las autoridades han redoblado la seguridad de los vehículos que transportan las ayudas, mientras algunos supermercados han cerrado sus puertas para blindarse de los disturbios y asaltos.
El lunes, por ejemplo, en el municipio de Fundación, en el caribeño departamento del Magdalena, hubo saqueos y disturbios en algunos comercios.
También ocurrieron desórdenes en Medellín, donde cerca de un centenar de personas bloquearon una carretera del noroeste de la ciudad para reclamar ayudas humanitarias.
El Gobierno nacional inició este mes la entrega de un millón de mercados en todo el país, pero la cifra quedará corta teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque prolongó el aislamiento obligatorio hasta el próximo 11 de mayo.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió este martes que el hambre podría duplicarse en el mundo por la pandemia, mientras tanto en Colombia, los más vulnerables intentan sobrevivir como bien pueden. EFE
México, 21 abr (EFE).- El Gobierno de México anunció este martes la entrada en la fase 3 de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 marcada por una aceleración de contagios de COVID-19, por lo que formalizará en breves la extensión de las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.
foto y noticia tomada dehttps://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx
Bogotá, 21 abr (EFE).- El Gobierno colombiano exigió este martes a los grupos armados ilegales que dejen de utilizar minas antipersona porque los principales afectados son los civiles, petición secundada por los exguerrilleros “Francisco Galán” y “Felipe Torres” que ahora son gestores de paz.
Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo y según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al menos 118 personas fueron víctimas de estas cargas en el primer trimestre del año, un 45,6 % más que en el mismo periodo de 2019.
“Exigimos a los grupos armados que no sigan instalando minas antipersonal. Este flagelo hace que nuestros campesinos no puedan acceder a sus tierras ni cultivar y tampoco (acceder) a servicios básicos como la salud. Este crimen de guerra debe parar”, dijo el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en una declaración divulgada por su despacho.
CRIMEN DE GUERRA
El funcionario aseguró que es “muy importante” que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, y bandas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Los Caparros “recuerden que es prohibido instalar esas minas porque es un delito y un crimen de guerra”.
Al llamado de Ceballos se unieron Gerardo Antonio Bermúdez, alias “Francisco Galán”, y Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, quienes el mes pasado fueron designados por el Gobierno como promotores de paz para un eventual acercamiento con el ELN, grupo del que hicieron parte en el pasado y con el cual los diálogos están en punto muerto desde agosto de 2018.
Para Bermúdez, las minas antipersona y otros explosivos son “todas armas ciegas que no distinguen entre campesinos, niños, indígenas, estudiantes, soldados o guerrilleros. Esta es la industria malvada de los explosivos bélicos”.
El exguerrillero aseguró que “nadie se detiene a pensar quiénes son las principales víctimas” y por eso consideró que “es apenas lógico que el uso de estos artefactos (minas antipersona) se tiene que acabar, y se debe acabar ya”.
De las 118 víctimas de minas del primer trimestre de este año, 83 son civiles y 17 menores, mientras que 35 son miembros de la fuerza pública o de grupos armados ilegales, según el reciente informe del CICR.
CAMPESINOS, LAS MAYORES VÍCTIMAS
Sobre los daños causados por este tipo de explosivos, Torres recordó que después de Afganistán, Colombia es el país con más víctimas en el mundo, con más de 11.500 casos.
“Los que más afectados resultan son los campesinos porque son los que más ponen víctimas y porque son sus tierras las que resultan contaminadas y deben desplazarse”, explicó el exguerrillero.
Recordó que los departamentos de Antioquia, Nariño, Meta, Cauca y Norte de Santander han sido los más golpeados por las minas, un problema que ahora también afecta a poblaciones del Chocó, algunas zonas de Arauca y Bolívar.
“Este año (las minas antipersonal) han causado 118 víctimas, la mayoría de ellos civiles y entre estos han caído muertos o mutilados 17 niños”, dijo Bermúdez.
Por último, el exguerrillero dijo que la persistencia del conflicto armado, a pesar del acuerdo de paz con las FARC de noviembre de 2016, está impidiendo el desminado humanitario pero aún así el Gobierno ha descontaminado casi 400 municipios.
