Bogotá, 19 feb (EFE).- La Comisión de la Verdad de Colombia denunció este sábado el robo de las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista del organismo con el jefe de la banda criminal Clan del Golfo, Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”, y que fueron sustraídas de la casa de uno de sus investigadores.

El viernes 18 de febrero, un grupo de personas sin identificar ingresó por la noche en la vivienda del investigador de la Comisión de la Verdad Eduardo Andrés Celis Rodríguez, que acompañó al comisionado Alejandro Valencia Villa en la entrevista a “Otoniel” celebrada el miércoles.

De la vivienda se llevaron, supuestamente, las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista, así como un computador.

La Comisión de la Verdad rechazó y denunció este hecho que “atenta contra uno de sus funcionarios y contra el trabajo de esclarecimiento del conflicto armado en el país”, mientras que pidió a las autoridades que “investiguen de manera diligente y eficaz los hechos”.

Además, exigió “garantías” para poder seguir con la entrevista al líder del Clan del Golfo, así como la seguridad de quienes participan en el proceso, la privacidad de las sesiones y el apoyo logístico por parte de quienes tienen la custodia del entrevistado.

“La Comisión necesita escuchar la verdad del señor Úsuga sobre hechos cruciales para entender la dinámica del conflicto armado y su persistencia. Queremos hacerlo sin intimidaciones”, pidió a través de un comunicado emitido este sábado.

El organismo comenzó en noviembre de 2018 la tarea de elaborar un informe que ayude a esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado del país, que dejó más de ocho millones de víctimas, entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados, entre otras formas de violencia.

REACCIONES

El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, se refirió a los hechos para indicar que “la verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad”, por lo que solicitó “garantías a las autoridades competentes y a los organismos de control, y a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional su acompañamiento”.

Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó “los graves hechos denunciados, que ponen en riesgo los derechos a la integridad y a la vida de quienes conforman la Comisión y el derecho de las víctimas a la verdad”.

En este sentido, instó al Estado a tomar medidas “inmediatas y urgentes para garantizar y proteger” la labor de la Comisión de la Verdad, entre ellas “la investigación eficaz, el esclarecimiento de los hechos denunciados, la determinación de los responsables y la protección de sus funcionarios y de la información que recaben en el desarrollo de su mandato”.

“La Comisión tiene un rol fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la verdad, por eso es indispensable su autonomía e independencia”, agregó la oficina de Naciones Unidas en un comunicado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “rechazó, lamentó y se solidarizó con la Comisión de la Verdad” a raíz del hurto y recordó que la labor del organismo es “fundamental para la adecuada implementación del Acuerdo Final de Paz” por lo que “la recolección de información no puede verse afectada por hechos de esa naturaleza”.

Mientras que el director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el mayor general Fernando Murillo, precisó que la denuncia que recibieron es por dos grabadoras y un celular, e indicó que la Comisión de la Verdad se tiene que dirigir a la Fiscalía para que se adelante a la investigación.

SUSPENSIÓN DE LAS DILIGENCIAS

La Policía de Colombia anunció el jueves la suspensión de la diligencia que “Otoniel” cumplía ante la Comisión de la Verdad porque “se vulneraron los protocolos de seguridad” al darse a conocer el sitio donde se llevaba a cabo la entrevista.

El máximo jefe del Clan del Golfo fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona de Urabá, en el noroeste del país, y luego trasladado a Bogotá en donde ha rendido su versión sobre el conflicto armado interno ante la Comisión y también ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estados Unidos pide la extradición del jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico.

Contra Úsuga hay en Colombia 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. EFE

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