POR: IVÁN DE J GUZMÁN
El poder judicial colombiano, enfrenta otra prueba de fuego con el escándalo protagonizado por el hijo de Gustavo Petro, y algunos de sus alfiles más cercanos. Y no es la primera vez que la justicia de Colombia enfrenta estas circunstancias, que atentan gravemente contra la democracia y la institucionalidad del país.
Antes de avanzar en el desarrollo de la temática, es bueno que refresquemos el concepto de la estructura de poderes, en los cuales se soporta el estado de derecho colombiano:
La Constitución de 1991, conservó, de la Constitución de 1886, el esquema del poder público, organizado en tres Ramas:
La Ejecutiva, Rama integrada por la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado.
La Rama Legislativa, compuesta por el Congreso de la República, que a su vez está dividido en Cámara de Representantes y Senado.
Y por último, la Rama Judicial, integrada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y Jueces, y la Justicia Penal Militar.
Adicionalmente, en la Constitución Política de 1991, se incluyeron una serie de organismos de control: la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, las Personerías municipales y Distritales y las Contralorías Territoriales.
A los organismos de control citados, la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, la defensa del pueblo y el control fiscal.
Es decir, el aparato judicial colombiano no es una “simple Rama”. Adicional, Los organismos de control, con sus miles de funcionarios, logística, sedes monumentales, buenos sueldos y peso en el presupuesto nacional, no son pocos; tienen una tarea sagrada y obligatoria, como es la de defender la democracia de fenómenos como la corrupción, entre muchos otros delitos, en todas sus manifestaciones. La Constitución Política de Colombia les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y ejercer el control fiscal.
Lo anterior, haciendo hincapié en los organismos de control, porque en los últimos años, Colombia ha visto cómo sus actuaciones han sido más mediáticas, de “shows” rimbombantes y enorme impunidad, no vista en casos similares ocurridos en países vecinos, supuestamente más débiles democráticamente que nosotros, pero más efectivos en sus organismos de control y defensa de la ciudadanía y de las dignidades de las instituciones.
En los últimos años hemos vivido verdaderos atentados contra la democracia y la institucionalidad, sin una actuación clara de estos organismos:
La toma y retoma del palacio de Justicia en 1985, fue uno de los hechos violentos más impactantes de la historia de Colombia. El saldo: más de un centenar de muertos y al menos 11 desaparecidos. Sin embargo, 38 años después las víctimas siguen exigiendo justicia y verdad sobre los hechos y los responsables. Los organismos de control, poco o nada responden. Muchos de los responsables, son senadores, alcaldes y gobernadores.
La narcofinanciación de la campaña que llevó a Ernesto Samper a la Presidencia de la República, es el mayor escándalo de la historia política de Colombia. Según la revista Semana, en su edición de 6 de agosto de 2023, “Hasta 1994 no se tenía conocimiento de que los carteles de la droga habían financiado algunas campañas a nivel regional, a varios aspirantes al Congreso de la República, y que habían realizado algunos aportes a pasadas campañas presidenciales. Pero con la grabación de los famosos narcocasetes quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, en esta oportunidad lograron introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la Presidencia. Fue tan evidente la penetración de los dineros calientes en la campaña liberal que a la justicia no le quedó difícil descubrir que la corrupción política en Colombia había llegado a límites inimaginables. Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8.000”.
No obstante, el presidente Samper terminó su mandato, y finalmente no pasó nada.
Otra investigación en curso, también sonada como la anterior, implica a Oscar Iván Zuluaga y un hijo suyo: La periodista Carolina Morales, dice en la revista AS: “Este lunes 10 de julio, la Fiscalía General de la Nación le imputó al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular a causa del dinero ilícito que ingresó durante la campaña electoral de 2014. De acuerdo con el ente investigador, Zuluaga recibió 1,6 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht para cubrir los servicios que prestaría el publicista Duda Mendoça”.
El pasado viernes 4 de agosto de 2023, “La Fiscalía General de Colombia informó que abrió una investigación por “posible financiación ilegal de la campaña electoral” del presidente Gustavo Petro. La medida busca establecer “posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”, indicó la entidad en un comunicado”. En ella está implicado su hijo Nicolás Petro, su exesposa y la misma primera dama, Verónica Alcocer, al igual que otros individuos, hoy candidatos a gobernaciones.
A hoy, 6 de junio de 2023, nos quedan las imágenes de un “show” espectacular, donde la fiscalía parece mostrar mil tentáculos y cientos de pruebas.
Esperemos que, como en los casos anteriores, el “Show” termine con resultados, para acabar verdaderamente con estas prácticas ilegales, verdaderos atentados contra la democracia y la institucionalidad de Colombia.
Mientras en Brasil, en Chile, Argentina, Perú y Ecuador, este tipo de comportamientos han sido resueltos acorde a la ley y la democracia con expresidentes en detención (no en casa), aquí es la impunidad la que reina. ¿Cuántos gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos están en la calle por vencimiento de términos o por investigaciones (con detenciones cinematográficas incluidas), lanzadas con bombos y platillos y que finalmente no llegan a nada, ante el estupor de la gente?
Por ahora, nuestra tarea como ciudadanos es defender la democracia, y pedir una actuación transparente, apegada a la ley y con resultados contundentes porque, a este paso, las propias instituciones, obligadas a guardar la democracia, la están socavando ante el frotarse las manos de la delincuencia de corbata, cuello blanco o simples delincuentes.
