Por: Balmore González Mira
En un dato que puede ser cierto o no y que me soltó un conductor en una de las conversaciones que se tiene cuando se aborda el servicio público y que en este caso tomé en las calles de Medellín, me dijo entre otras cosas, hablando de la crisis económica que se está padeciendo por la pandemia y que en el medio que se vive cada cual narra con desesperanza, que él creía que en el área metropolitana había por los menos 30.000 taxis que antes de la pandemia prestaban alrededor de 500.000 servicios día y que hoy no superaban los 80.000. Me expuso con propiedad que en su caso, además de tener que liquidar $40.000 diarios, la mitad de lo que liquidaba antes de la presencia del virus, a veces no le quedaba con que llevar el día a día a su casa porque ya no hay forma de recoger para hacer el mercado semanal al que estaba acostumbrado.
Me senté luego con un Administrador de taxis quien me dijo que efectivamente estaban liquidando entre 30 y 40 mil pesos día y que la situación de los propietarios estaba igual o peor que la de los conductores; me manifestó que muchos de estos habían entregado los carros porque ya no eran capaces de hacer con qué sobrevivir. Además de lo anterior, se sumaba la infamia que las empresas donde están afiliados los taxis, cerraron sus puertas de atención durante tres meses, pero jamás dejaron de cobrar una “administración” y los vehículos parados; no contentos con ello, están cobrando intereses a quienes no tuvieron con qué pagar. Adicionalmente los taxis parados tres meses, fueron obligados a sacar tarjetas de operación que tienen un costo de alrededor de $1.200.000 por carro, por un año; enviaron comunicados diciendo que si no renovaban antes de una fecha, la multa sería también alta. No satisfechos con eso, luego dijeron que no habían podido expedir el documento necesario para poder trabajar, por algunos inconvenientes. Que el mal momento no para ahí… Durante esos tres meses, además de las tarjetas de operación se consumieron los meses de costosos seguros, del Soat y de la tecnomecánica, aunque de esta hubo un pequeño alivio de días y ahora, hay que tenerlas todas en regla para “salir a rodar”.
Como los conductores habían entregado, tuvieron que pagarles su liquidación y eso los dejó ilíquidos y, para ponerle moño al regalo, cuando fueron a afiliar los nuevos, a una empresa les dio por prohibir que los mayores de 50 años no podían laborar como taxistas, en un veto inexplicable, ilegal y violador del elemental derecho humano al trabajo.
¿Quién puede hacer algo por los taxistas discriminados, quién por los quebrados y quién por los endeudados?
Al cierre de este escrito sale el fallo en favor de Uber y la sentencia confirma que esta aplicación se queda en Colombia. Bienvenida la competencia para mejorar el servicio. Solo queda un último interrogante: ¿A Uber le exigirán todos los seguros que les exigen contra terceros a los vehículos de servicio público? o ¿a estos últimos, después de este fallo, ya no les exigirán esos seguros costosos? Esto por el principio de igualdad. Esperemos que la sentencia haya dicho algo de eso o que el gobierno nacional, al reglamentar estas plataformas de servicio público de transporte, algo diga al respecto para protección de los transportadores, pues parece que la decisión del Tribunal Administrativo, modifica la norma que prohíbe prestar el servicio público de transporte en un vehículo particular y a estos jamás les expedirán pólizas que cubran este tipo de servicio. Habrá seguramente una instancia superior que defina si los jueces, pueden derogar a través de sentencias algunas leyes, cómo en este caso.
