Por Iván de J. Guzmán López
Duele saber que en Antioquia tenemos tantas poblaciones que sufren violencia y pobreza por el mal manejo de la minería, especialmente en el Bajo Cauca, Suroeste, Norte y Occidente, con Buriticá a la cabeza, e impactando negativamente a Liborina, Olaya, Santa Fe y Sabanalarga. Y se me antoja que pronto llegará con dureza al plácido y querido municipio de Abriaquí.
El fenómeno de la pobreza social, cultura, física y humana, en los municipios donde se explota el oro, parece una burla del destino, un oxímoron, una macabra contradicción. La riqueza del oro como fuente de pobreza humana, se podría titular un buen estudio sociológico en estas regiones.
En un texto juicioso del economista Alejandro Arbeláez Arango, se lee, en uno de sus apartes:
…“Este afán de atesoramiento pronto invadió, no sólo a los europeos sino también a los propios habitantes de Antioquia, quienes veían en el metal un medio de subsistencia. Al respecto, el Gobernador de la provincia de Antioquia durante los años 1785 a 1788 oidor Juan Antonio Mon y Velarde, relata:
“Es tal la codicia que inspira el oro a los que lo poseen, que absolutamente los domina y quita toda libertad de usarlo en sus más preciosas urgencias. Sufren mil necesidades, primero que deshacerse de ese maldito ídolo, a quien tienen apegado el corazón, y cada paso se ve cumplida la fábula de Midas que lleno de oro se moría de hambre; es ciertísimo que siendo más subidos los precios al fiado, que los de contado, quieren más comprar caro, con esta calidad, que barato, aun cuando tienen el oro”.
Bajo este panorama se encuentra a la provincia de Antioquia como el primer productor de oro de la Nueva Granada durante el siglo XVI, con un 40% del total, producción que se hacía indistintamente en explotaciones de tipo esclavista o bajo la modalidad de salario y donde convivían indiscriminadamente blancos, negros esclavos, negros libres y una pequeña porción de la, ya muy mermada, población indígena.
Cuando se habla de la minería en el territorio antioqueño, se está haciendo referencia básicamente a la extracción de oro, el cual se encontraba y se encuentra hoy en día en el Departamento bajo las modalidades de mina de veta y mina de aluvión. Con respecto a la primera, su explotación requiere de grandes capitales, mano de obra e ingeniería ya que se hace mediante túneles o galerías tanto verticales como horizontales al interior de la montaña que pueden alcanzar 20 y más metros y, en muchos casos, perforando rocas que posteriormente son trituradas y de allí, una vez estén en polvo, se extrae el oro; con respecto a la segunda, su explotación se hace a la vera de los ríos, quebradas o en terrenos al aire libre lo que disminuye considerablemente los costos y permite que su explotación sea supremamente sencilla y pueda hacerse, incluso, por una sola persona con rudimentarias herramientas”.
El Portal de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en un texto del 13 de marzo de 2023, habla del paro minero que se inició en Antioquia el 3 de marzo de 2023 y que se sostuvo durante un mes, así:
Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño se han caracterizado por ser zonas de amplia explotación minera, principalmente de oro. Esta particularidad ha configurado distintas dinámicas de extracción que pasan por minería legal, minería ancestral e informal, y también minería ilegal a gran escala. Esta última ha sido impulsada y controlada por el Clan del Golfo, actor armado dominante en estas regiones del país, el cual ha logrado consolidar su control territorial en distintas esferas de la vida económica, social y política ante una institucionalidad que no ha logrado garantizar los derechos de la población que habita el territorio. Este escenario ha propiciado un espacio en el que convergen la ilegalidad, la vulnerabilidad económica y la violencia armada”.
Al día de hoy, poco o nada ha cambiado en la vida de estos territorios y, por el contrario, la estigmatización y el miedo, anclados a la pobreza, son la constante.
Según fuentes de la Secretaría de Minas de Antioquia, en el departamento de Antioquia se han otorgado, aproximadamente, 1.462 títulos mineros, los cuales representan, como área titulada 1.090.821 hectáreas, lo que constituye el 17% del Departamento de Antioquia.
A hoy, se calculan aproximadamente 1.350 trámites (Propuestas de contrato de concesión, solicitudes de licencia y solicitudes de autorización temporal), que equivalen a 2.055.045 hectáreas (29% del Departamento de Antioquia), representadas en 14% en áreas tituladas; y 15%, en áreas solicitadas, según registros de la Secretaría de Minas.
Con estas cifras, Antioquia necesita, de manera urgente, para el cuatrienio 2024 -2028, un gobernador que tome con responsabilidad al sector minero, a sus territorios y a su población: su obligación es la de abordar con decisión los impactos ambientales, sociales y culturales que un proyecto minero genera en el área de influencia de sus operaciones, en las localidades ubicadas en las zonas mineras y en el conjunto de la población. Esto conlleva a que se deba implementar una gobernanza con procesos de fiscalización minera, para controlar y hacer seguimiento a las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los títulos mineros, otorgados históricamente por la Secretaría de Minas, con una vigilancia estricta, como se hizo en el cuatrienio 2016 – 2019; los registros nos dicen que en la citada administración se logró realizar 4.500 visitas de fiscalización a los títulos mineros vigentes.
Es urgente el control del territorio por parte de la gobernación de Antioquia, garantizar tener títulos mineros legales, con altos estándares, buenas prácticas técnicas, económicas, sociales, culturales y ambientales en los territorios donde no se cuenta con títulos mineros. Según el informe de la Agencia Nacional de Minería, ANM, del alto índice de accidentalidad minera reportado en los últimos cuatro años, el 70% la ha ocasionado la extracción ilícita de minería subterránea de carbón, especialmente en Angelópolis; y de oro, en Buriticá, Segovia, Tarazá y Nechí. Ante esta alarmante situación, se debe garantizar el manejo total por parte del departamento de Antioquia, para poder definir programas y acciones que permitan garantizar la vida y mejorar los niveles de seguridad en estas comunidades mineras.
Igualmente, es claro que Antioquia tiene una tradición minera desde la época misma de la colonia, realizada esta actividad por comunidades ancestrales, que no han contado históricamente con la legalidad y la formalidad para realizar la actividad minera.
Hoy se requiere un Gobierno departamental, con la entereza y responsabilidad suficientes para implementar una vocación social, en vez de la tradicional policiva; para ello, es necesario ejecutar acciones encaminadas a brindar herramientas que fortalezcan la formalización de los pequeños mineros de Antioquia, partiendo de una diferenciación, como mineros ancestrales, pequeños mineros y mineros de subsistencia, caracterizándolos y escuchando sus dificultades y entendiendo las barreras que han tenido históricamente para entrar a la legalidad y a la formalidad.
Por otra parte, el departamento de Antioquia tiene una autoridad minera delegada por parte del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, que es la que le permite tener un control sobre los territorios. En el año 2022, se llevaron los 4 Proyectos de Interés Nacional (Pines), ubicados en el departamento de Antioquia, para ser controlados desde Bogotá: Un gobierno que piense en Antioquia y en sus gentes, no puede permitir esta política centralista; el manejo tiene que ser desde el nivel descentralizado; por ningún motivo se puede soportar el que se lleven la delegada que ha tenido Antioquia durante muchos años, en consideración a que somos el Departamento que más regalías aporta a la nación. La respuesta tiene que ser un trabajo integrado con las corporaciones autónomas regionales, CAR, y el trabajo integrado para incrementar la coordinación interinstitucional que maximice las buenas prácticas minero – ambientales en el departamento, así como una coordinación, armonizada y acción y colaborativa con el Gobierno Nacional, de acuerdo a los principios de la carta magna, para alcanzar la recuperación de las áreas degradadas por minería. Un ejemplo: según informe entregado por el gobierno departamental en el año 2023, la minería ilegal está afectando en el bajo Cauca, entre 20.000 y 30.000 hectáreas aproximadamente, con afectaciones ambientales descomunales, con ríos de lodos inundados por el mercurio, ocasionando daños irreparables en el ambiente y la salud de las comunidades.
Es urgente el trabajo integrado entre la Secretaría de Minas de la gobernación de Antioquia como autoridad minera delegada y las corporaciones autónomas regionales, CAR, como autoridades ambientales, actividad conjunta con la que se optimizarán las prácticas minero ambientales con controles efectivos de seguimiento en el Departamento. Este trabajo integrado estará enfocado en la recuperación de áreas que cuentan con pasivos ambientales, a través del monitoreo y la remediación de zonas afectadas por mercurio.
Adicional, el nuevo gobernantes de los antioqueños, deberá erradicar el uso de mercurio en las Unidades Productivas Mineras en procesos de formalización y tendrá que afrontar la recuperación de la legalidad de los territorios afectados por la minería ilegal, con acciones coordinadas por los gobiernos locales, seccionales y nacionales, conjuntamente con la participación de las autoridades ambientales, y acompañando a las comunidades para la introducción de actividades técnicas orientadas a la rehabilitación pasiva, así como la difusión de alternativas para el desarrollo de nuevas opciones productivas en los territorios recuperados. La meta tiene que ser el 100% de los pasivos ambientales, causantes de los desastres ambientales que hoy padecen las zonas mineras y otras regiones del departamento.
Será prioritario, para el nuevo gobierno, la recuperación de la gobernanza del sector minero en Antioquia, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, donde se cuente con unas reglas claras y estables, en las cuales los agentes de la cadena productiva, valga decir, empresas, estado y comunidad, sean transparentes.
Es decir: necesitamos un gobernador que resuelva el problema minero, ambiental, social y de violencia que vive Antioquia. No más gobernadorcitos de comunicados fofos y quejas destempladas al gobierno Nacional. ¡Necesitamos un gobierno que piense en grande y trabaje por Antioquia!
