CR (RVA) CARLOS JAVIER SOLER PARRA
En Colombia, se ha teorizado mucho e incluso se han intentado más de 12 veces en los últimos 30 años procesos de paz en sede de DDR (desmovilización, entrega de armas y reintegración). Para abordar estos temas, es importante entender que la fuente de la construcción de paz y la búsqueda de la misma no es algo diferente a la comprensión de que sería mucho más productivo, rentable y atractivo para la inversión un país estabilizado o en paz. Esta paz traería muchos beneficios a la ruralidad, mejoraría la seguridad pública, el desarrollo agroindustrial, minero energético y mucho más, incluyendo vías, acueductos, puestos de salud, conexión de telecomunicaciones, educación y desarrollo. Si a esto le sumamos que la paz está contemplada en la constitución política, que se salvarían muchas vidas y que se fundamenta en la promoción de derechos humanos y aplicación de derechos fundamentales, ¿por qué entonces fracasan los procesos de paz?
Desde esta perspectiva, es de vital relevancia explicar que la economía, la institucionalidad, el narcotráfico, la minería criminal, las visiones de Estado desde la política y los modelos económicos tienen particularidades que dificultan, retrasan y anulan las intenciones y los posibles consensos (en fase de construcción de confianza). La ruralidad y la falta de servicios públicos básicos, como escuelas, vías, acueductos, y en muchos casos señal de TV o emisoras, dejaban en años anteriores una población expuesta a la ley de la selva con grandes vacíos de poder estatal, donde en áreas semi rurales y rurales solo había presencia del estado con soldados y policías (y no en todos los casos). Es en estos vacíos institucionales y abandonados a su suerte donde incuban economías ilegales, rentas ilegales, desplazamientos forzados y de donde se obliga a familias enteras, a punta de fusil, a entregar uno o dos hijos a la causa de grupos armados ilegales de izquierda o derecha.
Lo preocupante es que ante tanta polarización, verdades y postverdades en redes sociales, los extremos agitan banderas, motivan más conflictos con cálculos políticos, crean calumnias, inventan discursos y etiquetan de manera irresponsable a los contradictores pertenecientes a corrientes ideológicas simpatizantes de ideas armadas. Esto pone a candidatos en la mira de los grupos armados y sus fusiles. Por esto, el primer paso para construir una paz estable y duradera es fortalecer el principio de autoridad, incrementar capacidades y contar con más fuerza militar y policial para cubrir todos los territorios y aumentar la dinámica operacional, negándole espacios vacíos o grises a los ilegales. Esto se hace para servir y proteger a la población civil (urbana y rural).
El siguiente paso es construir confianza entre las partes con acciones humanitarias de buena fe. Luego, en el ámbito de modelos de construcción de paz, se aborda el desescalamiento desde el cese de hostilidades. A partir de ahí, se pasa a la creación conjunta de protocolos de verificación del cese al fuego, y se continúa con la concentración de los grupos armados en áreas acordadas y delimitadas, dando paso al cese al fuego con un mecanismo de monitoreo y verificación desplegado en el territorio. A partir de este punto, se procede a la entrega, destrucción o fundición de las armas. Es aquí donde se implementa lo acordado, y todo este modelo se construye desde conceptos básicos que, en líneas generales, se entienden así:
– Justicia transicional: es una justicia no vindicativa que no se basa en el derecho penal ordinario (mucha cárcel para todos), sino en una justicia especial reparadora o restaurativa utilizada para pasar de dictaduras a democracias o de un escenario de conflicto y graves violaciones a derechos humanos o a Derecho Internacional Humanitario a tiempos de construcción de paz. Tiene tres pilares y un eje articulador (verdad, justicia, reparación) sobre una garantía de no repetición. Estos modelos de construcción de paz son bastante flexibles y no obedecen a fórmulas matemáticas, ya que dependiendo de los contextos sociales, históricos y del espiral de violencia a evitar o prevenir, se privilegia en algunos casos más verdad o más reparación y menos justicia, o viceversa. Esto forma parte de la negociación y la experiencia y conocimiento de los negociadores.
Colombia siempre ha aportado a la fórmula de construcción de paz, lo que ha generado mucha expectativa en la población civil, sobre todo en los territorios que más han sido afectados. En la gran mayoría de casos, nos hemos quedado cortos en la implementación, el seguimiento y la seguridad en los territorios desocupados por los grupos armados ilegales, lo que genera reciclar la violencia con más fuerza y métodos más terroristas para doblegar la voluntad de la población civil e incluso ex combatientes, obligándolos a cooperar o reincidir. Esto sucede porque no se comprende que en periodos de estabilización o post conflicto (construcción de paz), no se puede caer en el embauco de disminuir la fuerza militar y policial, pensando que ya terminaron las amenazas. Por el contrario, es cuando más se requiere potenciar, entrenar y dotar a la fuerza pública para garantizar el control territorial y la seguridad a la población civil y a los participantes en las negociaciones. Es un grave error confundir el principio de autoridad o la seguridad de la fortaleza institucional con autoritarismo o violación de derechos humanos. Estas posturas mal comprendidas cuestan vidas y dañan los procesos. Aquí encontramos un reto que en nada tiene que ver con ideologías políticas, sino con experiencia y pragmatismo.
