“En nuestra sociedad se han difundido convencimientos equívocos como el de la creencia (práctica) del enriquecimiento fácil; de conseguir lo que se quiere sin tener que acudir a la resolución de dificultad alguna, ni tener que realizar esfuerzos significativos.”
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Colombia, nuestra gran nación, rodeada y asistida por riquezas sin iguales, con tropicales e inmensurables selvas, páramos y desiertos, cruzada por abundantes y poderosos ríos. Un país potenciado por la genialidad de sus habitantes, la multiculturalidad y la biodiversidad (biológica y cultural), con una de las posiciones geoestacionarias más privilegiadas del continente, hacen que este país sea uno de los más atractivos y admirados del mundo entero. No obstante lo anterior y pese a esos inmensos y sorprendentes potenciales, Colombia vive inmersa en las más profundas y cruciales crisis internas (sociales, económicas y políticas) de que tenga conocimiento país alguno en cualquiera otra latid del planeta.
¿Por qué a pesar de todas estas potencialidades, es nuestro país uno de los más violentos del universo, con tanta desigualdad social y económica? ¿Por qué subsisten sus conflictos internos – a pesar de los esfuerzos que se hacen para evitarlos?
La respuesta es muy compleja y tan escabrosos fenómenos los pudiéramos explicar atendiendo a diferentes variables que han ido haciendo huella a lo largo de nuestra historia. Algún estudioso del derecho, o de las ciencias sociales, pudiera aventurarse a afirmar que es que nos ha invadido la “cultura traqueta”, si es que así se le puede llamar –yo diría disvalor de lo que son los principios supremos o superiores que deben regir en nuestra sociedad, tornándolos éticamente inaceptables porque han ido permeando la sociedad e inclusive al Estado mismo de una manera tan dramática y determinante que ya muchos de esos comportamientos se han ido tornando aceptables y, de cierta forma, admitidos por la institucionalidad social y política. Ello le ha hecho –repetimos siempre- inmenso daño al país, a la democracia (sociedad y familia) y consecuentemente a nuestro Estado Social de derechos.
Todo ello ha conducido a que sobre nuestra sociedad se hayan difundido convencimientos equívocos como el de la creencia (práctica) del enriquecimiento fácil; de conseguir lo que se quiere sin tener que acudir a la resolución de dificultad alguna, ni tener que realizar esfuerzos significativos y que lo importante de la riqueza no es la forma, su origen, el trabajo honrado y el esfuerzo arduo para lograrla, sino su consecución pronta y fácil, es lo que en los escenarios delincuenciales se pudiera denominar el “síndrome del mafioso”, cuya prudencia y apego al orden jurídico es ciertamente precario y en el que la exclusividad y obtención del bienestar se adquieren sin atención a los más mínimos principios éticos y morales que deben regir el Deber Ser en una sociedad regida por sanos, altruistas y nobles valores.
En alguna parte escuché sobre la “cultura de la ilegalidad” entendida bajo el soterrado y malintencionado sofisma (argucia) de darle primacía al interés particular sobre el general (al individuo sobre la colectividad), en la que para ciertas personas o sectores sociales y de opinión no importa tanto el deber ser normativo (imperativo social), sino el interés que está casi siempre oculto o disfrazado de legalidad y cuyo fin es beneficiar de manera irregular y poco ortodoxa a quienes tienen dichos privilegios. De ahí el reconocido y tan “aceptado” adagio de que “hecha la ley, inventada la trampa”, pareciera que no estuviéramos totalmente dispuestos a reconocer y a acatar por completo el orden jurídico vigente y que -ante cualquier circunstancia difícil- inconscientemente pensáramos primero en la posibilidad de encontrar maneras de satisfacción de nuestras aspiraciones y propósitos sin tener que cumplir rigurosamente el orden preestablecido en términos de igualdad y de justicia.
Dicen los expertos que psicológicamente hay algo en nuestro más profundo interior que nos invita –por no decir que nos ordena- a utilizar la vía fácil, así esta no sea la más ética, la más institucional o la más legal, necesitándose ser honestos, éticos y hasta muy valientes para oponernos a este tipo de directrices. Es como una lucha interna entre el bien y el mal y, en ese juego de roles, pues es obvio que muchos caen creyendo tener “derecho” (se llama cinismo, por no creer en las reglas y creencias sociales más arraigadas) a servirse de estos privilegios, en los que se les hace posible acomodar el imperativo normativo al interés personal que se antoje. Ejemplos como el nepotismo, el clientelismo y en general todo tipo de corrupción que induce a “acomodar” las normas en favor de uno u otro interés, nos pueden dar una mejor explicación de este penoso fenómeno.
Hay pues mucho por hacer y la sociedad colombiana y el Estado, al igual que todos y cada uno de los colombianos, tenemos que emprender la inaplazable tarea de reconocernos y respetarnos en la diferencia, pero también en nuestra igualdad frente al derecho. Uno de los grandes retos sobre los cuales es necesario aprender a trabajar y luchar unidos, tiene que ver con el establecimiento de pautas y comportamientos que nos permitan exterminar de la faz de nuestra sociedad, Estado e individuo, la corrupción, la ilegalidad y el individualismo (egoísmo) que nos han caracterizado y que son los grandes males que no nos han permitido alcanzar los altos estándares de grandeza (ética y moral), el bienestar y la armonía social (felicidad) que todos añoramos y que realmente nos merecemos por lo dicho antes.
El día que todos podamos hacer esos cambios de mentalidad y de comportamiento de una manera más genuina y consciente, cuando actuemos con sincero desprendimiento, esteremos entrando en verdaderos escenarios de cambio y de trasformación social, económica y política; cambios que nos posibilitarán continuar avanzando en esas importantes metas que nos hemos propuesto alcanzar, para hacer un desarrollo social, político y económico más justo, equitativo y humano; para merecer la grandeza moral y política que por todas estas dificultades no hemos podido lograr, pero por la cual se ha luchado tanto y se han hecho ingentes esfuerzos.
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
