Se perdieron los cuatro años del gobierno anterior para avanzar en entrega y titulación de tierras a campesinos.

Fragmentación de la verdad judicial ha llevado a que siga existiendo impunidad.

¿Qué pasó con los 80 billones de pesos que se habrían invertido y que no movieron la aguja de la transformación de los territorios?

Con la política de Paz Total, gobierno busca contrarrestar las economías ilícitas y la reactivación de la violencia en los territorios que debieron ser ocupados por el Estado.

Bogotá D.C., 8 de febrero de 2024

El incumplimiento entre 2018 y ​2022 en la implementación del Acuerdo de Paz (2016), conlleva hoy a la decisión de que “todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país, esté destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia y, por lo tanto, el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la República”.

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro Urrego al término de la reunión de trabajo que sostuvo con los 15 representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este jueves, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.

En su declaración junto al de la presidenta del Consejo de Seguridad, el Jefe de Estado entregó un balance de resultados del Acuerdo Final de Paz, que muestra incumplimientos en los grandes capítulos del acuerdo: reforma rural, verdad judicial, transformación del territorio y seguridad para los excombatientes firmantes de la paz.

Reforma rural

​El acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP se propuso entregar 3 millones de hectáreas de tierras y titular otros 7 millones de hectáreas a los campesinos y comunidades étnicas del país, explicó en su declaración el presidente Petro.

“Este primer punto tuvo 13 mil hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200 mil en el presente. Deberíamos estar, aproximadamente, en un millón 200 mil hectáreas. A pesar de que hemos acelerado, aún el ritmo es insuficiente y perdimos cuatro años. En relación a los 7 millones de hectáreas tituladas, vamos en 1 millón 600 mil. Se perdieron cuatro años”, expuso el mandatario.

Verdad j​udicial

​El jefe de Estado indicó que “lo que ha existido es que la verdad [judicial] se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo al tipo de sujeto de violencia. Guerrilleros y militares fueron a parar a la JEP, paramilitares a la Justicia y Paz y civiles terceros, como se les llamó jurídicamente, que son quizás los que dieron las órdenes y las financiaron, están en la justicia ordinaria”.

Recalcó que “los procesos en justicia ordinaria no se movieron durante todo el periodo, es decir, los terceros, los mayores responsables de la violencia”.

“Esa fragmentación de la verdad, a veces sobre el mismo hecho, pero con actores diferentes en el mismo hecho, termina en tribunales diferentes. Por lo tanto, la verdad se fragmenta y lo que ocurre allí es que no aparece la verdad. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha alrededor del conflicto armado colombiano es que sigue existiendo la impunidad”, recalcó.

Transformación del territorio

​El presidente Petro señaló que, según la Contraloría, las inversiones en los territorios más olvidados del país ascenderían a 80 billones de pesos, desde la firma del Acuerdo de Paz.

“Yo vengo de recorrerlos con todo el gobierno en pleno y de contrastar el gobierno con las comunidades reunidas, sin intermediarios. Yo no veo esa inversión”, sostuvo.

Puntualizó que todos los indicadores, por ejemplo, de mortalidad infantil, mortalidad materna, agua potable y cobertura de educación en los territorios, “es decir, las condiciones básicas de existencia, siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz, y profundamente ínfimas comparadas con las regiones más ricas de Colombia”.

“Mientras la tasa de mortalidad de una región rica de Colombia es de un dígito en términos de mortalidad infantil, en estas regiones alcanza tres dígitos, lo que marca la enorme desigualdad social y territorial de Colombia. La aguja no se ha movido”, recalcó.

Al respecto cuestionó: “¿Qué se hizo el dinero? Esa debería ser una pregunta a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió?”.

“Yo creo que parcialmente se lo robaron y no hay una transformación del territorio”, dijo.

Seg​uridad de firmantes de la paz

​“El balance es 419 muertos firmantes de la paz. De 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP se negaron 3.804, la inmensa mayoría. Y hoy, siete años después de firmado los acuerdos, hay 595 presos”, precisó el mandatario respecto al punto de la seguridad de los excombatientes que dejaron las armas y entraron al proceso de paz.

“Esta realidad hace que cualquier firmante de paz tenga ante sí, no la posibilidad de una prosperidad dentro de la sociedad colombiana, sino la muerte, la cárcel o el rechazo de la justicia”, dijo.

Sostuvo que el efecto de este incumplimiento es que se reactivó la violencia en los territorios que debieron ser abandonados por las Farc y ocupados por el Estado Social de Derecho.

Indicó que esta nueva violencia ya no tiene que ver con la política, como antes, sino con “las economías ilícitas que le están dando todo el aceite y la gasolina para que de nuevo se vuelva a prender la violencia en Colombia”.

Subrayó que con la política de Paz Total su gobierno busca contrarrestar las economías ilícitas y la violencia en los territorios del país.

“Este es el balance hasta el día de hoy. Nos queda un tiempo, lo que queda de este gobierno y el siguiente gobierno, para que en próximas reuniones con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el cual se declaró el Acuerdo de Paz”, se puedan entregar mejores resultados, concluyó el presidente de la República.

(Fin/fca)