Klarem Valoyes

Bogotá, 13 mar (EFE).- La tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes, ha removido los cimientos de una relación de vieja data entre el crimen organizado y la clase política del país.“Estamos ante una circunstancia que regularmente han querido minimizar y son los vínculos que tiene parte de la clase política del país con el narcotráfico”, dijo este viernes a EFE el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático.

Cepeda, que desde hace años denuncia los presuntos vínculos de Uribe y personas de su entorno con grupos paramilitares, agregó que el caso actual “pone en evidencia la hipocresía del discurso oficial contra el narcotráfico y pone también en serios aprietos la supuesta política antinarcóticos del Gobierno”.

LA FIGURA DEL “ÑEÑE”

Duque y el expresidente Uribe, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió el jueves una indagación preliminar, fueron mencionados en unas conversaciones grabadas por la Policía al ganadero José Guillermo Hernández, conocido como “Ñeñe”, que se presentaba en redes sociales como amigo del actual mandatario.

Hernández, que fue asesinado en un atraco en mayo del año pasado en Uberaba (Brasil), era investigado como presunto testaferro de una organización de narcotraficantes de los departamentos del Cesar y La Guajira (norte), y por el homicidio del joven Óscar Rodríguez, cometido en 2011.

En las conversaciones interceptadas a Hernández mientras se le investigaba por ese asesinato, “Ñeñe” habla con una mujer sobre dineros que debían “pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos” y de esta forma, al parecer, favorecer la elección de Duque a la Presidencia.

En una llamada en la que hablan de varios políticos colombianos, la mujer menciona órdenes que recibió de Duque y Uribe para visitar La Guajira con el fin de asegurarse el triunfo en ese departamento en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2018.

RECHAZO DE URIBE Y DUQUE

Pese a que de los audios solo existen transcripciones en las que la mujer aparece identificada como “MD”, Uribe reconoció que, según información que recibió de un periodista, la persona que habla con “Ñeñe” es María Claudia Daza, una de sus asesoras en el Senado.

Tras perder el apoyo de su jefe, Daza renunció de inmediato y luego salió del país.

Tanto Uribe como Duque han negado cualquier relación ilegal con “Ñeñe”, pero la Corte Suprema abrió ayer la indagatoria al hoy senador, mientras que el congresista Fabián Díaz Plata, del partido Alianza Verde, denunció a ambos ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por supuesta compra de votos.

“Quien tenga una sola prueba de que conocí o fui amigo del ‘Ñeñe’, o que he comprado votos en algún momento de mi vida, que la presente”, reiteró este viernes Uribe en Twitter.

DENUNCIAS DE ENCUBRIMIENTO

Sin embargo, el senador Cepeda no cree que se trate de una persecución contra Uribe y Duque, como denuncia el partido de ultraderecha Centro Democrático, en el Gobierno.

“Ha habido una actitud de encubrimiento y silenciamiento por parte de la Fiscalía”, dijo Cepeda, y aseguró que de no ser por las denuncias del periodista Gonzalo Guillén, que sacó a la luz la figura de Hernández, “el país no conocería de las conversaciones”.

La crítica a la Fiscalía tiene que ver con el hecho de que las conversaciones interceptadas permanecieron guardadas durante casi dos años.

Más allá de la gravedad del contenido de las conversaciones, está también el hecho de que figuras públicas y asesores suyos tuvieran vínculos con alguien de pasado y presente oscuro, como Hernández.

“La asesora de Uribe resulta siendo una persona íntimamente ligada a este narcotraficante, igualmente aparecen otras personas del entorno de Uribe relacionándose o trabajando con este señor y miembros de las Fuerzas Militares brindándole protección y transporte en aeronaves del Ejército”, subrayó Cepeda.

FISCALÍA BAJO SOSPECHA

El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, también cuestionó el papel de la Fiscalía en el caso y aseguró que era obligación del anterior fiscal general, Néstor Humberto Martínez, abrir una investigación desde 2018.

“Esto estaba en poder de la Fiscalía desde junio de 2018 y fue ocultado dos años sin la menor duda por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y creo que por él mismo en persona, porque es difícil creer que un asunto de tanta gravedad no hubiera pasado por sus manos”, dijo Robledo a Efe.

Por eso, pedirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene carácter político y no judicial, que investigue a Martínez porque cree que “aquí hay un cartel del ‘tapen tapen’, un cartel del silencio”.

“Eso tiene que ser investigado con todo rigor y seriedad para confirmar la consistencia o no de esas afirmaciones”, manifestó.

Robledo celebró la decisión de la Corte Suprema respecto a Uribe y la calificó de “acertada”, porque cree que todos los mencionados en los audios deben ser llamados a declarar.

DEFENSA DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

El Centro Democrático, partido de ultraderecha fundado y liderado por Uribe, se mantiene en la tesis de que todo hace parte de un montaje político de la oposición con ayuda de los medios de comunicación.

“Personas y organizaciones, en su mayoría vinculadas con la izquierda colombiana, están desarrollando en los últimos meses otra estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente contra el Gobierno del presidente Iván Duque, contra el senador Álvaro Uribe y contra el Centro Democrático”, señaló el partido en un comunicado.

Con todos esos ingredientes, la justicia, que apenas empieza a tocar el caso, tendrá que decidir si la “Ñeñepolítica” jugó algún papel en las elecciones presidenciales de 2018 y hasta donde llegan los contactos del narcotráfico en la política. EFE

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