“El conflicto se ha vuelto cultural, pues pareciera estar entronizado en nuestro más profundo inconsciente colectivo (especialmente en algunos sectores) de tal manera que a pesar de su ferocidad y perversidad, no pareciera que quisiéramos abandonarlo por completo.”
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
La JEP, la verdad, la justicia y la paz, hacen parte del argot nacional y del debate público que se ha acentuado en Colombia en los últimos años, unos en favor y otros en contra pero sin que –al parecer- hayan calado suficientemente en alma de la nación y, en especial, de las instituciones sociales y políticas que hacen parte del establecimiento (publico/privado) de nuestro país.
La Justicia Especial para la Paz se ha establecido, al igual que en muchas partes del mundo, donde se ha apostado a este método para resolver los conflictos sociales y políticos por vías distintas a la justicia tradicional, para ofrecer mayores alternativas y garantías a quienes han creído, como en efecto ha sucedido en Colombia, que la concertación, el diálogo civilizado, el reconocimiento del error y el compromiso con la verdad y la no repetición hacia el futuro de esas mismas conductas o equivocaciones, pueden realmente hacer posible encontrar al final una Paz más integral y consistente y una verdadera reconciliación entre los extremos (sociales y/o políticos) enfrentados a lo largo de muchos años en un problema que más que violento, sanguinario e inhumano, se ha vuelto cultural, pues da la impresión de estar entronizado en el inconsciente colectivo del pueblo (especialmente en algunos sectores) de tal manera que a pesar de su ferocidad y perversidad no pareciera que quisiéramos abandonarlo por completo, como si pretendiéramos que este mal siga siendo parte de nosotros mismos, negándonos de alguna forma a acabarlo de manera definitiva como se ha pretendido por muchos colombianos y, entre ellos, por quienes han firmado la paz para tratar de acabar con tanta insensatez, los nefastos efectos y la letalidad de sus consecuencias.
No obstante la inmensa y triste tragedia y el incontable número de víctimas que el horror del conflicto ha dejado, hay quienes no están todavía convencidos de que la Paz debe ser un hecho y que como derecho todos, sin excepción alguna, debiéramos apoyarla, desligándonos de todo aquello que genere violencia y especialmente eliminando de una vez por todas el odio y el rencor que esa misma violencia ha generado en el corazón de mucha gente a lo largo de todos estos años de enfrentamientos y persecuciones, creando aún más injusticia, desigualdad e inequidad social, económica y/o política.
No había podido entender y es que en verdad es totalmente incomprensible, por qué algunos dirigentes y/o sectores de opinión, se oponían (y aun lo hacen) ejerciendo una presión de desprestigio y desacreditación a la puesta en marcha de la jurisdicción de Paz, por qué oponerse a algo tan importante dada la precariedad investigativa y la incapacidad institucional, ya demostrada en muchas ocasiones, de la justicia ordinaria, para atender y contrarrestar integralmente los escabrosos delitos del paramilitarismo, la insurgencia y las demás conductas ligadas a estos pavorosos fenómenos como las múltiples masacres y los horrendos y crueles “falsos positivos” que solo hasta ahora y después de muchos años, incluso décadas, empiezan a esclarecerse, gracias a la persistencia y valor de una instancia judicial que –como la JEP– coadyuvada por las comunidades afectadas y especialmente las víctimas, ha logrado que algunos de los más importantes protagonistas de estos crímenes empiecen a reconocer no solo su participación, sino la terrible y verdadera dimensión de esta tragedia nacional y los incomprensibles grados de aceptación y connivencia que -en algunos sectores de la sociedad y del establecimiento estatal- habían alcanzado estos horrendos crímenes y sobre los cuales solo se hablaba, superficial y tangencialmente, en los medios de comunicación tradicionales, como una muestra más de lo poco que para algunos importa la justicia transicional y el proceso de paz que se adelanta en el país, los cuales tratan, aún y con todas estas dificultades, de garantizar la puesta en marcha de mecanismos que posibiliten real y efectivamente el respeto al derecho de las víctimas a saber la verdad, a que se haga justicia, a obtener reparación por los inmensos daños que se les ha causado y a la no repetición de tan infames y deplorables conductas. Derechos estos que se han previsto por el Estado colombiano desde la firma del Proceso de Paz e inclusive desde mucho antes, con algunos grupos de la insurgencia y con los paramilitares (El Pacto de Ralito, entre otros) y que ahora se intentan replicar –dichos pactos- con la guerrilla del ELN y otras fuerzas contrarias al orden jurídico imperante, como lo son los “narcoparamilitares”, los “narcoguerrilleros” y las demás expresiones de criminalidad organizada que existen en nuestros territorios.
Todo va quedando claro, o por lo menos empieza a estarlo cada vez más, cuando van avanzando las investigaciones y las audiencias que se están realizando frente a los distintos macro casos que se están averiguando (documentando) desde este importante tribunal.
En este estado de cosas resulta poco comprensible que existan quienes estuviesen bregando a que todos estos horribles crimines que se han estado confesando en las audiencias de la JEP, se queden en la impunidad. Que se haga justicia sobre todos estos hechos y que se sepa la verdad, sería lo que a toda persona de bien debe interesarle, oponerse a ello se constituye sencillamente en un acto antisocial y falto del más mínimo valor civil, ético y moral.
“La verdad nos hará libres” y solo ella podrá restablecer un poco el inmenso daño que este largo y complejo conflicto ha causado a inmenso número de familias y de pueblos colombianos. Que brille la luz de la justicia y que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda seguir adelante con esa extraordinaria y sublime labor, hasta que se sepa total e integralmente hasta el más mínimo detalle de lo realmente acontecido. En verdad, Colombia lo necesita.
Es la terrible verdad que se sabía ya como “secreto a voces”, pero que apenas ahora empieza a destaparse (social e institucionalmente) con la ardua, callada y encomiable labor que viene dándose en la JEP.
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
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