Por: Balmore González Mira
Los altos e imprudentes volúmenes de los equipos de sonido en los negocios comerciales y algunas irrespetuosas viviendas, unido al pito de vehículos, motores de carros y motocicletas, más los de las empresas e industrias, nos están produciendo daños irreparables en los oídos y de paso se está convirtiendo en tema de salud pública.
Es increíble que la propia incultura del ser humano nos esté llevando a estados de stress por ruido que conducen a consultas sicológicas y psiquiátricas numerosas a más personas de las que creemos o pensamos.
En los temas individuales los audífonos son la solución hacia afuera, pero generan un daño individual profundo en la persona que con estos adminículos no controla los decibeles permitidos o que toleran los oídos con consecuencias fatales en los mismos, por daños leves y por otros irreparables.
Las normas que rigen el control del ruido son demasiado engorrosas para su aplicación y para llevar a sanciones a los presuntos infractores, las exigencias técnicas para la toma de muestras y la aplicación legal de las mismas no son propiamente hoy el camino expedito para sancionar a quienes por ejemplo en negocios abiertos al público o hasta en residencias están acabando con la sana convivencia. Los organismos de policía tienen clara su competencia frente a esta problemática, al igual que saben que es muy difícil la aplicación normativa de los códigos de convivencia para contener este fenómeno. No están todas las herramientas que lo hagan rápidamente posible.
En los municipios turísticos por ejemplo esto se está convirtiendo en un tema incontrolable y que va en contravía de lo que muchos visitantes están buscando, como nuevas expresiones culturales y experiencias vivenciales, históricas, de tradiciones y todas ellas amigables con el medio ambiente.
Esta reflexión podría servir para que se presente una iniciativa legislativa que permita que las autoridades de policía locales puedan medir los topes de ruido ocasionados por ciudadanos mal educados, a través de la aplicación de los celulares y con unas pruebas mínimas del registro y de los testigos presenciales y a través de procesos verbales sumarios, se puedan cerrar inmediatamente los establecimientos que están violando el derecho a la tranquilidad y al sano esparcimiento durante 24 horas como sanción inicial, así como poder cortar las fuentes generadoras de ruido en residencias; y en el caso de parcelaciones y urbanizaciones que esta misma ley obligue a su incorporación en los reglamentos de propiedad horizontal, con multas bien tasadas, en el entendido que la educación puede ser más rápida y eficaz cuando se toca el bolsillo de los ciudadanos.
Debemos poner esta situación en la agenda de toda la sociedad colombiana, en unos foros que deben iniciarse ahora mismo por todos los municipios que están con esta problemática, con expertos en la materia y con los sectores de la salud que ya han expresado su inmensa preocupación con lo que podríamos denominar una pandemia silenciosa generada por el ruido.
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