Por Iván  de J. Guzmán López

Hace ya muchos años que el país viene en una descomposición moral y ética, que asusta; pero las circunstancias que estamos padeciendo en estos escasos siete meses del año 2023, es para ponernos los pelos de punta o, al menos, cuestionarnos seriamente de si Colombia va hacia el abismo o camino a qué.

Las circunstancias ya no hablan; gritan una “realidad” irreal. “Lo que se ve no es lo que debiera creerse”, recuerdo que dice en sus libros uno de mis autores preferidos, el filósofo, epistemólogo, poeta, profesor y crítico literario francés, Gastón Bachelard. 

Tras 24 horas del inicio el cese al fuego, la guerrilla del ELN liberó a la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez, a sus dos hijos  de tan solo 8 y 6 años,  y al perro de la casa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró el gesto, pero no lo catalogó como secuestro, sino como ‘toma’ por los subversivos. Ghislaine Karina completaba cinco días de secuestro y, parece que cayó como anillo al dedo, para “mostrar voluntad de paz”.

El sainete de la liberación, citado como una “muestra de paz” por algunos personajes del país, parece más bien un intento del Estado colombiano y las fuerzas en conflicto por “aclimatar” una paz total que a hoy sólo se limita al ELN, porque ni las disidencias de las Farc, ni los grupos organizados residuales como el clan del golfo, o las bandas de Buenaventura,  o las del catacumbas o las de Santander, muestran interés de  paz, en contravía de lo que predica el comisionado de paz, en un tono que ni el mismo se lo cree. Lo que se ve, no es lo debiera creerse, asegura Bachelard.

Dice el periódico El Colombiano, en su edición del sábado 8 de julio, que “La uniformada y su familia fueron entregados a una misión humanitaria conformada por 3 funcionarios de la Defensoría del Pueblo y 2 sacerdotes en una zona rural entre los municipios de Fortul y Tame, en Arauca. No dejó de llamar la atención no solo que ella apareció vestida de camuflado de la institución –pese a haber sido raptada como civil–, sino la “delegación” guerrillera que acompañó la entrega: casi una decena de subversivos. Eso sí, sin portar armas de fuego y pulcramente presentados”.

La sargento, sus dos hijos y su mascota fueron raptados el lunes festivo 2 de julio de 2023, por el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN cuando llegaban a Arauca a bordo de su vehículo particular. Lo anterior, luego de recibir la orden del Ejército de desplazarse a esa zona.

Lo más triste del caso, y que pone a pensar en el grado de indefensión e indolencia en que estamos los colombianos, es la actitud y las declaraciones del ministro de Defensa, en una salida decepcionante para la civilidad, el orden, su obligación ministerial y la Constitución Nacional. Sus palabras, antes que respaldar a la sargento, al Ejercito Nacional, fueron palabras para justificar el secuestro; no para condenarlo:

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, al momento del secuestro, se apresuró a calificar a la sargento como “imprudente” por desplazarse en territorios donde la guerrilla hace presencia. “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose, en una zona en la que –en todo caso– se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, es un acto de imprudencia”.

Es decir, la culpa del secuestro no la tuvieron sus superiores del Ejército por el traslado ordenado sin garantizarle seguridad; la tuvo ella, por cumplir la orden de traslado; la tuvo ella por no tener helicóptero, y la tuvo ella por desplazarse en su carro, con familia y perro, a ocupar su puesto de trabajo por el bienestar de la ciudadanía, en el Cauca.

El mensaje que nos manda el señor Ministro, es que no podemos salir de nuestras casas, porque si nos secuestran somos los culpables por imprudencia, en la medida que, según los gobernadores de Colombia, la situación de orden público es crítica en cualquier rincón de la patria.  

Inaceptable que el ministro de Defensa de Colombia, justifique lo injustificable, al punto de desconocer la constitución misma, cuando en su Preámbulo, Título I, artículo 2º, ordena:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.   

El país viene en una descomposición moral, ética, de desconocimiento de valores y de trastrocamiento de roles de las autoridades mismas, que nos obliga a examinarnos seriamente, sin mora, y nos impele a cuestionar y a enderezar el rumbo que vivimos, con prontitud. 

Las oscuras circunstancias me llevan a recordar a la filósofa y escritora estadounidense, Alissa Zinovievna Rosembaum, nacida en la mítica ciudad rusa de San Petersburgo, pero nacionalizada estadounidense, cuando, en 1950, aplicando una mirada juiciosa a la Norteamérica de la época, alertó:

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores: cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

Esperemos que, como la nación norteamericana de 1950, Colombia sea capaz de digerir la  advertencia de Ayn Rand, seudónimo literario con el cual conocemos a Alissa Zinovievna Rosembaum, fallecida en 1982, en New York, y no permitamos que nuestra sociedad llegue al límite de catalogarse como “condenada“; por nuestros hijos, por nuestros ancestros (para hablar en lenguaje vicepresidencial), no permitamos que Colombia vaya al abismo.

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