“Nuestra Constitución es tan integral, incluyente y perfecta que si esa sola partecita del artículo citado se cumpliera, no tendríamos más porque preocuparnos”
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
A casi 30 años de vigencia de la constitución de 1991, es mucho lo que está por decirse en cuanto a lo que ha sucedido en nuestra nación y se pretendiera solucionar por quienes, en representación del pueblo, tuvieron la honrosa y visionaria oportunidad, como difícil tarea, de trazarle el rumbo a nuestras instituciones democráticas.
Fueron invaluables los esfuerzos realizados y los grandes trasformaciones en el funcionamiento organizacional, social y estatal que se hicieron en procura de entregarle a Colombia una herramienta seria y practica que le diera a sus administrados la solución a los grandes males que desde mucho tiempo atrás han azotado a nuestra patria. Pero muy poco, por no decir que nada, han servido las buenas intenciones y novedosas instituciones que –para modernizar al Estado y atacar los desmanes administrativos y sociales, creó la Constitución del 91; como ciertamente lo fueron la Corte Constitucional, la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otros significativos y llamativos cambios e innovaciones.
Antes, por el contario, han aumentado las dificultades y los hechos que han venido acercando a nuestro estado social de derechos a un ambiente de descomposición y caos que en nada se diferencia con el pasado que se quiso corregir o con las naciones más descompuestas y anarquizadas de la civilización humana.
De nada ha valido nuestra Carta Magna, que de paso hay que decirlo es considerada por los expertos como una de las más garantistas del mundo, por su nutrido catálogo de derechos individuales y colectivos, envidiables por otros sistemas democráticos del planeta, pero que entre nosotros no hemos podido hacer plenamente efectivos. Por muchos que hayan sido los esfuerzos para lograrlo, no han pasado de ser normas muy buenas, pero fríamente escritas en el papel, que –por innumerables circunstancias- muy lejos están de poderse volver realidades concretas que contribuyan ciertamente, como debe ser, al fortalecimiento integral, institucional, económico, político y social del pueblo colombiano.
En medio de todo ese conjunto de virtudes, de pluralistas y altruistas principios (que es nuestra constitución) como de grandilocuentes propósitos de respetar la vida, libertad y dignidad de todos, que rigen nuestro orden jurídico constitucional, crece la violencia y la descomposición social a muy desconcertantes niveles, gracias a la falta de políticas contundentes que contrarresten el desempleo, la pobreza, la inequidad, la injustica y las más variadas expresiones delincuenciales que amenazan, desde el ciudadano más sencillo y humilde, hasta el más encumbrado y poderoso; no pudiéndose hacer aquí exclusión de las organizaciones institucionales y sociales dentro de las cuales se encuentra el mismo Estado; hoy visiblemente socavado, en su legitimidad y soberanía; hasta el punto de tener en no pocas latitudes territoriales y de opinión ciudadana, en entredicho o muy cuestionada su legitimidad- estabilidad y bastante menguada su credibilidad y confianza.
Los hechos sociales y las expresiones ciudadanas en frente al acontecer cotidiano, dejan fehaciente prueba de que no han sido suficientes los muy destacados catálogos de derechos y garantías que se han establecido en nuestra Ley de Leyes, para el largo y muy tortuoso camino que los colombianos hemos emprendido en busca de la paz y de nuestra redención. Menos se han podido materializar las cruzadas libertarias que desde el pasado se han dado en nuestra nación, ordenando a partir 1.810, en el acta de nuestra independencia, en la que categóricamente se afirmó, que la constitución política es para la búsqueda de la libertad y el bienestar de los pueblos, con el elocuente pronunciamiento: “…trabajar con infatigable celo para crear la constitución bajo los puntos acordados y, en una palabra, cuando conduzca a la felicidad de la patria…”. No cabe duda de que ese debe ser el fundamental propósito de una constitución y la nuestra está especialmente orientada al cumplimiento de tan nobles ideales. ¡Lástima que aún no haya podido lograrlo!
Buscar, pues, que los estatutos constitucionales concreten modelos de desarrollo humano y social sostenibles que sí se cumplan y satisfagan integralmente las necesidades de todos los asociados, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, no es un invento ni actitud retórica de algunos pocos dirigentes y/o movimientos que –en medio de muchas dificultades -permanentemente luchan, clamando por la instauración de un modelo político que realmente haga efectivos los principios básicos del orden constitucional; pues ello ha sido el mayor anhelo de generación tras generación desde el momento mismo de la creación de nuestra república, lo que ocurre es que tan loable y justo propósito no ha sido posible lograrse. Hay fuerzas muy poderosas que no están interesadas en que la constitución- orden jurídico y social- cumpla integra y cabalmente con el objetivo para el cual fue establecido: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Una cosa es la constitución formal, el pacto escrito por los constituyentes (pueblo), que en total consonancia con los intereses de todo el conglomerado social, dejaron un elocuente y generoso libro con los más sagrados derechos y garantías; pero otra cosa muy distinta son los hechos sociales en la vida real y concreta, en la que se evidencia que todo eso está muy bien, pero en el papel, y que es muy difícil, por no decir que imposible, que a muchos se le puedan garantizar todos esos principios, valores y derechos.
Hay pues un evidente fraccionamiento y discriminación a la hora de hacer valer los derechos: el ideal escenario jurídico, social y económico del que siempre todo lo tiene al alcance, pudiéndose desenvolver libre y soberanamente en ejercicio de todas sus facultades; y la escabrosa realidad de los que -al ir a ejercer sus derechos- siempre encuentran el obstáculo de tener que esperar-aguantar, pasando por grandes penalidades y afujías, a ver si sí pueden acceder a los mismos.
No obstante lo anterior, el pueblo de Colombia, que está compuesto en su inmensa mayoría, por personas de bien, pacíficas y emprendedoras, que nunca han estado de acuerdo con la inmensa corrupción que por causa de unos pocos nos azota, seguirá persistiendo en la imperiosa necesidad de alcanzar algún día que esa gran carta de navegación social; que ese invaluable pacto social, que es la constitución del 91, logre producir los efectos que desde hace ya tres décadas y después de tantas violencias, sacrificios y crueldades, nos hemos propuesto los colombianos, hacer que las autoridades de la República, al igual que las instituciones del Estado y la sociedad, tal y como lo exige nuestra Carta Política en la última parte de su artículo 2, estén realmente “…instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Nuestra Constitución es tan integral, incluyente y perfecta que si esa sola partecita del artículo citado se cumpliera, no tendríamos más porque preocuparnos. Con ello sería más que suficiente, para que cesaran las injusticias, las discriminaciones, los nepotismos y el imperio de mezquinos intereses particulares e individuales, que es lo que nos ha tenido sumimos injustamente en la horrenda postración y en las desigualdades sociales que –infortunadamente, pareciera que cada vez son más comunes y frecuentes; contrariando, abierta e infortunadamente, el querer del orden constitucional vigente. Por ello, vale la pena seguir luchando, en la esperanza de que el bienestar general, para todos y cada uno de los colombianos, tenga que alcanzarse tarde o temprano, pues así lo ha ordenado o dispuesto nuestra Constitución política.
¡Larga vida a la constitución del 91!
*Abogado Defensoría del Pueblo Regional Antioquia; Especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
