“Es evidente, la constitución del 91 está al borde de sucumbir, ante toda esta imparable ola de incumplimientos, polarizaciones sociales y políticas que día a día van haciendo más inviables y poco prácticos sus principios y mandatos.”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
No obstante sus 30 años, parece que muchos de los cambios y procesos de redención social, económicos y políticos que la Asamblea Nacional Constituyente quiso implementar, con esa vigorosa y pluralista carta política del 91, no se han podido concretar plenamente y ello es precisamente lo que ha hecho que el país siga inmerso en el profundo abismo de descomposición y desorden en que cada vez se ve más comprometido, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho para que asuma el rumbo y la dirección que en materia del orden constitucional y social se le quiso imprimir por quienes hicieron parte de ese gran y revolucionario movimiento juvenil y estudiantil que –como el de La Séptima Papeleta- fue el ideólogo de tan significativos avances en la carta política vigente.
No cabe la menor duda que uno de los mayores detonantes de la insatisfacción e inconformidad que hoy se expresa en inmensos sectores ciudadanos y de opinión, frente al Estado y la Sociedad, han sido que esas grandes promesas que se han hecho en nuestro orden constitucional (pacto social vigente) desde hace ya tres décadas, no se han cumplido debidamente.
Todo ello apuntaba a que Colombia asumiera, con el nuevo régimen político, un Estado Social y Democrático de Derechos que diera al traste con el anquilosado y paquidérmico Sistema Institucional regido por la constitución centenaria del 1986, que pusiera en funcionamiento para su ejercicio principios tan básicos y principalísimos en una verdadera democracia, como la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales, el pluralismo, la inclusión, la diversidad étnica y el multiculturalismo existentes en un pueblo tan rico y diverso en todo tipo de expresiones sociales, políticas y culturales como es el nuestro.
Se quiso para ello, con la actual constitución, la generación de un gran movimiento nacional y social que asumiera -civil y culturalmente- roles y valores éticos y morales acordes con el nuevo rumbo de redención y trasformación que se ha querido con el nuevo orden que el país asumía con dicha carta política, tales como: modernizar la institucionalidad estatal y moralizar profundamente la función pública permeadas, por la época, hasta la saciedad por los ruines y adversos fenómenos de corrupción y todo tipo de clientelismos; problemas que aún hoy subsisten, pues infortunadamente al respecto nada ha cambiado.
Por sobre todo lo que se pretendió con estos intentos de transformación y de cambio, estaba sin duda alguna hacerle frente a los principales males y flagelos que invaden a Colombia desde tiempos inmemoriales: Narcotráfico, diversas expresiones de paramilitarismo e insurgencia, corrupción y violencia. Analizando seriamente el cuadro de resultados, nada halagadores han sido los logros adquiridos en estas materias, lo que a todas luces nos permite decir que nuestra constitución aún no se cumple de manera integral. Ello es innegable.
Se quiso igualmente, entre muchas otras buenas intenciones, que tampoco se han logrado materializar, introducir mecanismos que permitieran un ágil y eficaz acceso al servicio público de justicia; más competencia, eficacia, objetividad e idoneidad en el ejercicio de la función publica, para que ésta fuera más justa y equitativa en el cumplimiento de su sagrado deber misional de “Servir a la Comunidad” en términos de igualdad, sin consideraciones discriminatorias respecto a condiciones sociales, económicas, raza, o creencias religiosas y/o políticas. Esto sí que menos se cumple en nuestro país, pues los nepotismos, el clientelismo y el tráfico de influencias en el accionar gubernamental, pululan por doquier.
Es evidente, la constitución del 91 está al borde de sucumbir, ante toda esta imparable ola de incumplimientos, polarizaciones sociales y políticas que día a día van haciendo más inviables y poco prácticos sus principios y mandatos. El caos administrativo, político y gubernamental parece ser que se ha constituido en el denominador común de nuestra gobernanza estatal y social y mientras tanto la pobreza y la inequidad social crecen sin control.
*Abogado Defensoría del Pueblo Regional Antioquia; Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y normas penales. Magíster en gobierno.
