“No cabe la menor duda que con el paso del tiempo, este tipo de medidas se constituyen en la peor de las injusticias que una autoridad pueda ejercer sobre un pueblo que –por su nobleza y humildad, aún cree en oportunidades de cambio y transformación”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
En el corregimiento el Hatillo (veredas aledañas al sector El Machete), jurisdicción del municipio de Barbosa, ante una despectiva actitud de los medios de comunicación y autoridades nacionales, que nada han hecho para visibilizar la honda crisis que ha generado la injusta decisión de seguir imponiendo el costoso (social, económica y políticamente) peaje El Trapiche y su inexplicable hermano gemelo, en vereda Platanito (vía Cabildo), la comunidad afectada de estos territorios ha decidido continuar protestando (con marchas, comunicados, manifestaciones, cierres viales, audiencias públicas y consultas con autoridades, la comunidad, etc.) para expresar su total rechazo al injusto trato que en ese sentido han recibido de los funcionarios y empresarios encargados de la administración y/o explotación de este jugoso negocio y, de manera directa, por parte del Concesionario Vías del Nus VINUS S.A.S. y de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
No obstante estar allí bajo la promesa de que este cobro cesaría a los 20 años (ya va para 24), fecha en que se haría su desmonte, por lo menos eso fue lo que se les prometió, se le sigue cobrando a los vecinos del sector y, en general, a los habitantes de los municipios de Barbosa y Girardota, los territorios sobre los cuales son cada vez más drásticas y lesivas las consecuencias económicas, políticas y sociales que este abusivo sistema ha generado.
Lo grave de este asunto es que este cobro no fustiga solo a los vecinos o habitantes propietarios de vehículos (que sinceramente nunca han entendido por qué les toca cubrir este costo, pues no utilizan la vía sino para pasar prácticamente de un lado al otro), sino que el mayor daño radica en los altos costos de movilización para todos y cada uno de los habitantes de dichos sectores, para ir a estudiar y/o trabajar Dicen los expertos y estudiosos del tema que por esta razón “El turismo se redujo significativamente y van más de 30 empresas que no se han instalado en Barbosa por los costos que les generan los peajes, igualmente otras se han ido por los mismos motivos”. Es decir, el retraso social y económico que se ha creado no es algo de poca monta y solo el desmonte de este esperpento jurídico político, podría empezar a despejar la senda de desarrollo y redención por la que tantos años han luchado los habitantes de esta jurisdicción, sin que hasta la fecha hayan podido encontrar la solución, pues han sido superiores los intereses, la ambición y el poder de quienes ahora disfrutan de tan jugoso e innoble negocio.
Eso sin contar la tragedia por la que pasan los usuarios de la famosa “tarifa diferencial” (que han creado para burlarse de los derechos de los “beneficiarios” y quitarle fuerza al movimiento social y comunitario), a los que bloquean, sin explicación, les quitan sin aviso el descuento (derecho), los ponen a hacer de nuevo los trámites, papeleos y hasta les exigen el número de veces (8) que tienen que pasar por el lugar, en una clara violación e ilegal limitación al sagrado derecho de libre locomoción que consagra nuestro ordenamiento constitucional. ¡Hasta donde se ha llegado!, para estos señores vale un bledo que “La libertad de locomoción es un derecho fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición humana-, cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos.”
Mientras tanto, el pueblo sigue unido y no parará en sus súplicas, constituyendo una importante y juiciosa veeduría (011) para ayudar a organizar y liderar ese gran movimiento de ¡NO MAS PEAJES EN BARBOSA! Un movimiento social y comunitario que busca, en medio de las dificultades, la incomprensión y hasta de la insensatez de sus contradictores, encontrar senderos de reconciliación que conduzcan a soluciones concretas, concertadas y definitivas a tan deplorable e injusto actuar gubernamental. Una veeduría que trabaja incesantemente por la recuperación de los derechos vulnerados y para que el movimiento social no vaya a caer en prácticas que desconozcan las garantías fundamentales e inherentes al derecho de asociación, de reunión, de protesta social, entre otros, pero que sobre todo prevalezca el orden jurídico y el más riguroso respeto por todos y cada uno de los Derechos de las personas e instituciones (públicas y privadas) aquí involucradas.
¡NO MAS PEAJES EN BARBOSA! Ni en ningún lugar de nuestra Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
* Abogado. Especializado en Planeación de la Participación Ciudadana; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
