Por: Nicolás Pérez – Senador de la República
¿Es verdad todo lo que se dice sobre la reforma laboral y pensional? ¿Debe tener límites la protesta? ¿Está desfinanciada la educación pública? ¿Hay infiltrados en las marchas? ¿Quién gana y quién pierde con el paro? ¿Queremos que se repita en Colombia lo que está sucediendo en Chile?
Desde hace un mes los promotores del paro del 21 de noviembre se han dedicado a tergiversar la información para confundir a la opinión pública. Con propósitos evidentemente políticos se ha orquestado una manifestación que no tiene otro fin distinto a desestabilizar las instituciones, de la misma manera que se ha hecho en Ecuador y Chile. Veamos:
En primer lugar, si bien es verdad se han puesto sobre la mesa propuestas polémicas en aspectos laborales y pensionales, estas provienen de gremios económicos y no del Gobierno o el Congreso. Todos los actores tienen derecho a expresar su visión sobre esos temas sin que ello signifique que vayan a ser aceptadas. Por el contrario, lo que hemos hecho desde el legislativo deja por el piso la convocatoria al paro. A modo de ejemplo, el presupuesto de educación en estos dos años ha aumentado $6.6 billones, más el billón adicional destinado en el Presupuesto de Regalías. Si ha habido un periodo de compromiso con ese sector es el actual.
En segundo lugar, por supuesto que la Constitución protege la protesta social. Es prácticamente imposible concebir la democracia sin el derecho a manifestarse. Sin embargo, tal como lo ha expresado de manera reiterada la Corte Constitucional, ésta debe ser pacífica. Bajo ningún motivo se pueden tolerar hechos de violencia bajo falsos pretextos.
En tercer lugar, la identificación que hizo Migración Colombia este jueves de 11 extranjeros provenientes de España, Chile y Venezuela que querían infiltrar las marchas del 21 confirman nuestros temores al respecto: detrás de las protestas hay un estructurado plan de desestabilización de la región, donde, por supuesto, la caída de Colombia es un trofeo vital.
En cuarto lugar, las tres semanas de protestas en Chile han causado la pérdida de 70 mil empleos y si los desmanes no cesan la cifra puede ascender a los 500 mil. Adicionalmente, las reservas en el sector turístico han caído un 51 % y más de 6.800 pymes han reportado robos. Ese panorama es lo último que necesitaríamos hoy en día en nuestro país.
Destruir el Metro, el Transmilenio o los sistemas de transporte masivo no va a afectar ni a los Ministros ni a los Alcaldes, sino a las personas que quedarán incomunicadas entre su trabajo, sus hogares y sus familias por horas y a los pequeños comerciantes, quienes, por ejemplo, en cada paro tienen pérdidas millonarias por lo que dejan de vender y los daños que hacen a sus locales.