¿Será eso algún tipo de connivencia o complicidad social?; ¿Podrá ser la expresión fehaciente y clara del grado de disvalores- corrupción, que ha venido invadiendo nuestro sistema social y político?
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Evitar la maldad, combatir el delito y las expresiones de carácter delincuencial, es a todas luces el mayor objetivo no sólo del Estado, sino también y fundamentalmente de la sociedad misma. Las organizaciones sociales -estatales, se crean con el ánimo de generar bienestar, sana convivencia- paz, entre quienes hacen parte de las mismas.
En el mismo acto de creación de nuestra organización estatal, artículo 2º constitucional, se ha establecido con toda claridad, entre otros, su primordial fin y como objetivo básico el de que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos, libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de Estado y de los particulares”.
Pero, como se dice en el argot popular “del dicho al hecho siembre hay mucho trecho”, todos esos valores y principios que inspiran nuestro deber ser social y estatal, como el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, no son tan fáciles de materializar y de hacer que realmente se constituyan en derechos que todos, en igualdad de condiciones y de oportunidades puedan practicarse y disfrutarse de manera integral.
El Estado y, obviamente, sus autoridades han sido incapaces de hacer que ello se cumpla y dichos postulados no han dejado de ser más que una muy buena intención del Poder Constituyente (del pueblo) que los introdujo en nuestro sistema jurídico, como una garantía para que podamos todos tener acceso -en términos de equidad e igualdad- a un sistema social y político más ecuánime y justo.
La verdad es que ha habido y/o se presenta mucha ambivalencia- ambigüedad, al momento de que se tenga la necesidad de hacer que estos principios se vuelvan realidad, para que ya en los casos concretos, el Estado o la misma sociedad- comunidad, traten los hechos y los fenómenos sociales con el mismo racero, el mismo grado de aceptación o rechazo, cuando sea necesario aplicar las normas que para el control social se han instituido y así poder garantizar el efectivo respecto y aplicación de esos derechos y garantías.
Se viene dando en el país, frente a ciertos fenómenos- comportamientos ilegales y/o delincuenciales, posturas sociales y/o comunitarias que extrañan o rompen con el Deber Ser que debiera expresarse sobre los mismos. Ya no es raro que mientras que la Fuerza Pública, organización social y estatal instituida para compeler el delito y mantener la paz y la armonía social, actúa para contrarrestar algunas conductas criminales o antisociales, sea la misma comunidad la que -en contravía del orden jurídico y de toda lógica, salga en defensa no de la institucionalidad, sino de la banda, del combo o del presunto delincuente que se pretende reducir o capturar, para someter su comportamiento al estudio de la autoridad competente- jueces- que son los encargados de definir si por dicha conducta se es o no merecedor de algún tipo de sanción.
Tiene conocimiento el país, no es un invento nuestro, de que en algunas regiones, en amplios sectores sociales, se han conmovido casi que hasta el llanto, cuando la institucionalidad- fuerza pública- ha capturado o en algunos casos ha dado de baja a algunos personajes de reconocido prontuario delincuencial; inexplicablemente importantes sectores comunitarios han expresado su solidaridad y tristeza, casi que hasta rechazando o repudiando dichos desenlaces. ¿Será eso algún tipo de connivencia o complicidad social?; ¿Podrá ser la expresión fehaciente y clara del grado de disvalores- corrupción, que ha venido invadiendo nuestro sistema social y político? ¿Será el resultado de la deplorable pérdida de credibilidad y deslegitimación que han venido adquiriendo nuestras instituciones?
Frente a este tipo de disfuncionalidades sociales, deja también mucho que pensar, cuando han sido altos mandos de la organización estatal o de la sociedad (como ciertamente ha ocurrido en no pocas ocasiones) se sale a condolerse o a expresar preocupación, solidaridad ( y hasta oposición) porque se ha dado de baja o se ha judicializado a personas que enorme daño le han causado a la sociedad o como cuando no se actúa con la misma vehemencia y prontitud ante el asesinato de cientos de líderes sociales que han venido siendo víctimas de la cruel e injusta violencia que se ha ejercido sobre sus vidas y comunidades, confundiéndolos, en no pocos casos malintencionadamente, con miembros de organizaciones al margen de la ley.
Ello, en verdad es preocupante y debe ser porque algo tiene que estar pasando al interior de nuestro sistema social y político de valores y principios constitucionales. Pareciera que no se mirara con el mismo racero a ciertos actos que pudieran ser calificados de impropios y hasta delictuosos y que su rechazo y/o descalificación social tuviera que ver mucho con el tipo de personajes que los ejecutan y los intereses que defienden. Esa es por lo menos la impresión que se da cuando estas cosas ocurren y unas se tratan con la más severa sanción social, mientras que otras del mismo nivel de gravedad se traten de ocultar con el más notorio desparpajo y/o permisividad por parte del Estado y la misma Sociedad.
Cosas como estas infortunadamente pasan mucho en nuestro país, se han vuelto algo normal y socialmente aceptadas, como -por ejemplo- con el tema de la minería, todos sabemos que en la mayoría de los casos es ilegal, que daña el medio ambiente, genera ruina, violencia y todo tipo de degradación social en territorio, que no se debe ejercer ilegalmente, pero concretamente casi nadie hace nada para evitarlo.
- Especializado en Planeación de la participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
