Por: IVÁN ECHEVERRI VALENCIA
Nuevamente en Colombia está abierto el debate por cuenta de un miembro del partido de gobierno de pretender presentar al Congreso de la República, la propuesta que los miembros de la Fuerza Pública, puedan acudir como cualquier ciudadano a ejercer el derecho al voto.
Es bueno recordar el artículo 219 de la Constitución Política, cuando dice que la Fuerza Pública no es deliberante y de manera expresa prohíbe el ejercer la función del sufragio mientras permanezca en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Así mismo el Decreto 1861 de 2017 manifiesta que las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integralidad del territorio nacional y el orden constitucional.
Esta iniciativa no es nueva, en varias ocasiones se ha presentado, creando la concebida roncha entre el gobierno, los congresistas y en la opinión pública, sobre las motivaciones y la conveniencia de inmiscuir a nuestro militares y policías en debates de doctrinas o de intereses partidistas.
Nuestra sociedad no está lo suficientemente preparada para asimilar esta participación, máxime cuando por décadas nos hemos acostumbrados a ver a nuestra Fuerza Pública, actuando con todo el profesionalismo, de manera no deliberante y siendo prenda de garantía de que los comicios que se realizan cada dos años sean en completo orden y en forma trasparente.
Si bien es cierto en varios países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, están habilitados los militares para votar, tampoco podemos desconocer, salvo, Estados Unidos, la intervención que estos han tenido en revueltas y en sostener gobiernos dictatoriales, con consecuencias muy nocivas para la democracia.
En el caso de Colombia, “el palo no está para hacer cucharas”, con instituciones que gozan de muy poca credibilidad; una Paz que muere a cuenta gotas; las calles y universidades convulsionadas; los presuntos excesos de la Fuerza Pública, cuestionados últimamente por organismos multilaterales, nos permite colegir que no es el momento de la iniciativa ni de involucrarlos en temas ajenos a su misión.
El oportunismo de algunos miembros de cierto grupo político, que presienten que la próximas elecciones no les van a resultar tan favorables, buscan este posible salvavidas de autorizar el voto a la Fuerza Pública, confiados de que van a sufragar por ellos; lo que no han olfateado que esta iniciativa se constituye en un aleas, porque la mayoría de los soldados y policías rasos, damnificados y cansados de la guerra, nacidos y criados en el campo y en los sectores más marginados de las ciudades, difícilmente tomarían partido por los promotores de la propuesta y amigos de la confrontación, lo que si les podría ocurrir a los de la brillante idea es que el tiro les salga por la culata.
La mejor iniciativa es dejar a nuestro ejército y policías en lo que saben hacer con orgullo y patriotismo como es del salvaguardar el orden público, proteger nuestras fronteras y hacer respetar la Constitución y la ley, flaco servicio le haríamos contaminándola con la política partidista.
