IVÁN ECHEVERRI VALENCIA
La corrupción y la impunidad, infortunadamente, se han instalado en la cotidianidad de la vida en sociedad. Ambas son indisolubles; la impunidad hace parte y es consecuencia de la corrupción. Las dos se han convertido en estilos de la cultura política y social. La impunidad en los imaginarios sociales instituye el “todo está permitido”. De ahí que la impunidad sea la mejor aliada de la corrupción.
Desde que contamos con uso de razón mi generación, solo hemos escuchado y visto en el seno de nuestras familias, en los corrillos de contertulios, en los mentideros políticos y en los medios de comunicación la reseña simplistas del grado de descomposición que vive nuestra sociedad en todos sus niveles; corrupción que se ha enraizado de tal forma que se ha convertido en mero paisaje, en el pan de cada día, sin importarnos su gravedad y en qué nos puede afectar.
La corrupción la encontramos en toda la administración pública, en la política, en el poder legislativo, en la rama judicial, en la Fuerza Pública, en la educación, en la salud, en los líderes religiosos; sin que pase en blanco el sector privado, el que se ha dejado permear por esta degradación bien como sujeto activo o pasivo.
En Colombia los casos más sonados de corrupción y a vuelo de pájaro me permito recordarlos en los que ha imperado la impunidad y, en otros, muy pocos por cierto, han resultado condenados algunos de sus responsables del gobiernos como del sector privado, ellos son: el escándalo de Chambacú, Foncolpuertos, Dragacol, Invercolsa, Interbolsa, Cajanal, Reficar, la Parapolítica, COMMSA, DMG, Odebrech, Saludcoop; los falsos positivos, Farcpolítica, La Yidispolítica, Agro Ingreso Seguro, las chuzadas, los escándalos de la DIAN; los carruseles de la contratación y de las pensiones; los desfalcos a Colpensiones y a Ecopetrol; la comunidad del anillo; los carteles de la toga, hemofilia, del Sida, de la chatarrización, de las regalías; fraude en las elecciones del 2018 y un centenar más que coparían toda la columna.
Los problemas de la corrupción y su impunidad por actuaciones inapropiadas y prácticas desleales tanto del sector público como del privado genera una gran desconfianza entre la ciudadanía, menoscaba el optimismo entre los grupos de interés, afecta la gobernabilidad y la gobernanza en todas las esferas, provoca crisis política, afecta las decisiones políticas y mella la credibilidad internacional.
La podredumbre atenta contra el crecimiento y desarrollo económico y productivo de la nación, limita el desarrollo humano de las personas, genera pobreza, desempleo, deteriora los servicios e impide el mejoramiento de la infraestructura y además atenta contra los derechos humanos ya que subsume a los pueblos a situaciones infrahumanas.
Para Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 90 dentro de 176 países, alcanzando un alto nivel de percepción de la corrupción. Para la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al país al año alrededor de 50 billones de pesos. Estas cifras indican el grado degradación en que estamos sumidos, donde 21 millones de personas se debaten entre la pobreza y la miseria.
Luchar contra este flagelo se comienza impidiendo que personas naturales, grupos económicos, clanes de narcotraficantes y de minería ilegal, financien las campañas políticas, porque ahí comienza el cáncer de nuestra sociedad que es la corrupción con sus múltiples y letales consecuencias.
La filósofa Adela Cortina afirma: es necesario resarcir los vínculos entre lo político, lo público y la sociedad civil, pues una confianza no se logra solo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea es la que compete a una ética de la administración pública: la de generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifica su existencia.
Los colombianos vivimos en medio de una desesperanza, un pesimismo de no poder encontrar el norte para exterminar el flagelo del siglo que es la corrupción; porque como dice esta frase: “El Gobierno no puede combatir la corrupción, porque la corrupción es el gobierno”
Requerimos un verdadero compromiso de cara al pueblo por parte de sus nuevos gobernantes y del sector privado de que seriamente se va a combatir la putrefacción, la competencia desleal, el soborno y la impunidad.
No podemos seguir con el cuento de la cantidad de millones de pesos que siguen circulando en las campañas políticas, como simples donaciones o contribuciones, porque la tenemos clara que nadie regala nada, el que da siempre espera una contraprestación por parte de los que recibieron.
Si no hay un castigo severo a los individuos enfrascados en la corrupción y a los que dan lugar a la impunidad, estos dos flagelos seguirán perpetuándose y siendo el pan de cada día.
