Ni la gripa española, ni la crisis de los años 30, ni la violencia de los 50 y ni siquiera el terrorismo de los traquetos de final del siglo XX y principios del XXI lograron atemorizar y agallinar tanto a Colombia durante años, como sí lo hizo en pocos días el COVID 19, microscópico bicho que nos ha hecho perder tres meses de oportunidades.
Tres meses con un país parado y con el pueblo sin hacer nada deberían haber sido los más aptos para cambiar la mentalidad y el comportamiento humano de los colombianos, y así prepararnos para la vida en pospandemia.
Tres meses, con los colombianos en casa, debieron ser suficientes para culturizarnos sobre cómo proteger epidemiológicamente nuestras vidas después de la pandemia, sin necesidad de tener que terminar las interacciones sociales ni las visitas y sanas convivencias entre familiares y seres queridos y sin tener que andar con un tapabocas puesto y una botella de gel en la mano.
Tres meses, con los establecimientos cerrados, debieron ser suficientes para nunca más abrir aquellos que no garanticen condiciones mínimas de higiene en todo o que no dispongan una estandarización controlada de procesos para manipulación y elaboración de las bebidas y alimentos que ofrezcan.
Tres meses con el país parado, deberían haberle servido al Gobierno, con todos guardados en casa, para haberle cerrado definitivamente las puertas al contrabando, a la evasión y al tráfico de drogas, dejando el ambiente propicio para que con una dosis de justicia social, nuestros empresarios de bienes y servicios de primera necesidad se prepararan para competir, haciéndole frente a un mercado donde se compita por el servicio y atención al cliente, con unos precios racionales y justos y no con el mismo agresivo objetivo de cobrar, especular, facturar y ganar más.
En tres meses, el Gobierno, con el mismo tiempo y espacio mediáticos que ha gozado, pudo haber sensibilizado al país entero de las bondades de la naturalidad de la vida y lo terrible de esa vida promedio que vive el país, sin pudor y dependiente, directa o indirectamente, de los frutos de la corrupción en cualquiera de sus flagelos.
En tres meses y con menos plata, los colombianos deberíamos estar preparados para salir a una nueva realidad, pensando y aspirando muy distinto a como pensábamos y a lo que aspirábamos antes de la pandemia. Es un tiempo de aislamiento suficiente para que todos estuviéramos, por lo menos, pensando en el bienestar de los demás y, en especial, conscientes y prestos a la cantidad de familias que conforman el grupo de los menos favorecidos.
Pero no. El Gobierno tomó el camino más cómodo: prohibir el Derecho Constitucional a la libertad humana, optando por manejar un país sin control social, todos encerrados, sin control político, con un Congreso que no ha encontrado cómo sesionar y, así, un Gobierno a punta de decretos, con más énfasis en lo económico que en aspectos sociales o de salubridad preventivos de la pandemia. Todo, con el peligro de que podrían seguir pasando meses y años de pandemia y lo único nuevo para el país seguirían siendo los decretos del día.
Hoy se cumplen los primeros tres meses de administración y vida nacional por decretos: 439 decretos presidenciales en tres meses, o sea, 5 diarios durante la cuarentena. Esa cantidad exagerada de decretos, sin contar los centenares de resoluciones derivadas en los ministerios, ni otros tantos decretos y resoluciones en las 32 gobernaciones y 1122 alcaldías municipales.
Es inútil que el país pretenda contar con la estructura de control necesaria, para acreditarle al pueblo y a la historia que el entendimiento, el control y los fines de cada decreto hayan dado en el blanco o para garantizarle que todos esos miles de decretos y resoluciones, y esos billones que han costado, tuvieron como fin legal y primordial hacer más llevadera la pandemia o prevenirla.
Como aplicando el principio de la rana en agua caliente, ahora, todos los organismos del Estado y ciudadanos pudientes encerrados, parecen estar ya como adaptados y contentos sin hacer nada y con pereza de despertar.
Y, en síntesis, con la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica, todo ha quedado dispuesto, para que cada decreto que emane de la Presidencia, por injusto, innecesario, inconstitucional, relativo o riesgoso que sea: se valga.
