EDITORIAL
Se han perdido, presuntamente 9.9 billones de pesos en EPM, en un solo proyecto (Hidroituango), sin que se conozca tampoco qué ha ocurrido en otros negocios que han sido denunciados y objeto de varios debates en el Concejo de Medellín como el de Orbitel, Porce III, Millicon-Une, las inversiones en Chile, Panamá y en otros países; sin que se sepa, de fuentes oficiales, qué ha pasado, quiénes son los responsables y si los posibles detrimentos se podrán recuperar.
Es una muestra más de la lentitud con la que trabajan los organismos de control en Colombia, lo que hace que a los grandes escándalos de corrupción terminen abriéndoles unas carpetas, en la que le colocan un rótulo o nombre a la investigación, el valor estimado del detrimento público y las agolpan de toda clase de documentos que, luego, archivan, prescriben o terminan en nada.
EPM se volvió una empresa gigante y se ha metido en tanta variedad de negocios que hoy, prácticamente, todas las instituciones de vigilancia y control del Estado tienen mucho que mirar y controlar allí. Inexplicable entonces, que transcurridos más de dos años del desastre de Hidroituango, por falta de una manifestación oficial, seria y contundente, a la fecha se siga especulando en los medios y por algunos interesados en tapar, sobre el enredo de los 9.9 billones de pesos que EPM tiene embolatado.
Con este caso, el de los 9.9 billones, EPM se está brincando todas las barreras de inspección, vigilancia y control de por lo menos 17 instituciones que concurren a ella, teóricamente para inspeccionarla, vigilarla y fiscalizarla, evidenciando que Colombia carece de entes de control idóneos para entender e imponerse ante las problemáticas propias de empresas tan grandes y complejas como EPM y otros emporios del país, precisamente en los que se han presentado los mayores escándalos de corrupción, y que continuarán presentándose mientras no se den cambios estructurales y profundos en esta materia.
Sin incluir el esfuerzo de las veedurías, sindicatos, medios de comunicación y otros que han manifestado haber estado ocupados también en el asunto, las 17 instituciones que EPM ha logrado brincarse con el escandaloso caso de los 9.9 billones de pesos, son:
- Juntas Directivas de EPM
- Alcaldes de Medellín
- Concejo de Medellín
- Contraloría General de Medellín
- Contraloría General de Antioquia
- Contraloría General de la República
- Procuraduría General de la Nación
- Fiscalía General de la Nación
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
- Comisión Reguladora de Energía y Gas – CREG
- Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico
- Comisión Reguladora de Comunicaciones – CRC
- Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA
- Comisión de Regulación de las Comunicaciones – CRC
- Superintendencia de Industria y Comercio – SIC
- Superintendencia de Sociedades
- Superintendencia Financiera de Colombia
Lo único cierto parece ser, que el monto del dinero perdido suma 9.9 billones de pesos a julio 20 de 2020, en medio de una neblina que no permite determinar causas y responsables. Y, al paso que van las cosas, podría ocurrir lo de siempre: que quede en el baúl de San Alejo y que sean los usuarios quienes terminen pagando ese enorme detrimento mediante “vacunas” sutiles y dosificadas en las facturas de los servicios públicos domiciliarios.
