EDITORIAL
La Contraloría General de la República confirmó en segunda instancia un detrimento patrimonial causado a 9 entidades del Estado, dentro de las cuales y con otras están: HIDROITUANGO S.A. E.S.P., EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y el Departamento de Antioquia. El valor del detrimento fue cuantificado en 4.3 billones de pesos que lo tendrán que pagar de manera solidaria los 26 imputados. Para quedar en firme, el fallo ordena que “se dé estricto cumplimiento a lo consagrado en los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021 para el trámite respectivo del control automático de legalidad ante el Consejo de Estado...”
Entre los imputados está la compañía aseguradora MAPFRE. Sin que el fallo haya quedado en firme por parte del Alto Tribunal, Mapfre firmó un acuerdo con EPM, estando como testigos presenciales el Presidente de la República y el Contralor General. Dicho acuerdo, consistente en pagar una parte del valor del detrimento a EPM, bajo algunas condiciones como la de liberar a los 26 imputados de inhabilidades y medidas cautelares que el fallo ha originado en su contra.
Sobre el fallo de segunda instancia se notan dos falencias de fondo: Una, que no determina el valor del detrimento para cada uno de los imputados, sino que los asume solidarios de los 4.3 billones de pesos. Y segundo, el valor del detrimento se mantuvo incólume en primera y segunda instancia, no obstante de haber salido responsables en la primera y haber entrado un “pez gordo” en la segunda (Mapfre quien hoy se hace sentir con 3.9 billones de pesos).
Y, sobre el sonado y veloz Acuerdo, entre MAPFRE y EPM, se dan algunas situaciones legales que podrían dificultar el logro inmediato de sus propósitos. Veamos:
- El pago que ofrece hacer Mapfre corresponde al valor de la liquidación de los derechos de una póliza todo riesgo en favor de EPM. Pero resulta que esos derechos por naturaleza comercial son derechos de propiedad de EPM, no de Mapfre. En otras palabras, Mapfre no es la dueña de la póliza. La dueña de la póliza y sus correspondientes derechos es EPM.
- Independiente de lo anterior, si lo que pretende Mapfre es liquidar la póliza, a causa de la ocurrencia de un siniestro, tal como lo ha venido haciendo dosificadamente (lleva ya cerca de 1 billón de dólares sin que intermedie acuerdo ante la Contraloría), ese reconocimiento sería un asunto que se resuelve por vía comercial, no por vía de un proceso de Responsabilidad Fiscal.
- Ahora, si es como lo quiere hacer ver el acuerdo con Presidente a bordo, o sea, que con ese dinero lo que se pretende pagar es una parte del detrimento patrimonial, 3.9 billones, el destino del pago no puede ser directo a EPM. Según el Decreto 403 de 2020, esos dineros, como cualquiera otra suma fruto de recuperación de detrimentos patrimoniales al estado, tienen que consignarse a “Cuentas del Estado, en el Banco Agrario”. Desde allí, legalmente, cada una de las 9 entidades estatales afectadas según el fallo, justificará para que le den su correspondiente parte y destinación específica. Y no ya, ni cuando Mapfre pague. En todo caso, nunca antes de que el fallo lo deje en firme el Consejo de Estado.
- Consecuentemente, el acuerdo no puede garantizarle a ninguno de los 26 imputados que quedarán libres de las medidas cautelares y de las inhabilidades, porque el detrimento patrimonial continúa siendo 400.000 millones de pesos mayor que el pago que haría Mapfre, más efectos de la tasa de cambio e intereses que se puedan dar en el tiempo transcurrido hasta la liquidación total del detrimento patrimonial efectivo.
- Tampoco, nada tendría que ver el pago del detrimento, con las inhabilidades y medidas cautelares que puedan originarse en procesos que se hayan desprendido de este, por compulsión de copias para lo de la competencia de la Procuraduría (disciplinarios) y la Fiscalía (penales)
- No obstante todo lo anterior, el acuerdo de Mapfre y EPM se dio sin que el Consejo de Estado se hubiere pronunciado sobre el Control Automático de Legalidad.
El Concejo de Estado, La Contraloría General, el Banco Agrario y las entidades afectadas de este, el más grande desfalco de la historia de Colombia, tendrán la última palabra.
