Bogotá, 7 sep (EFE).- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó que no está impedido para investigar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que está en prisión domiciliaria por un caso que le sigue la Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Cepeda recusó a ambos funcionarios luego de que el expediente del caso fuera remitido a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia, que cedió la competencia de la investigación tras la renuncia de Uribe al Senado, con lo cual el exmandatario perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
DEBATE SOBRE FISCAL AD HOC
El senador Cepeda, que hace parte del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), pidió un fiscal ad hoc para el caso, cuya terna suele ser propuesta por el presidente.
Sin embargo, el congresista dijo que para este caso solicitará que sea la Corte Suprema la que proponga la terna porque el presidente Duque “no ha disimulado en estos días” los “intereses que tiene con relación a este proceso”.
Al respecto, Barbosa señaló que esa petición es “improcedente” y dijo que “carece de todo fundamento jurídico dado que no está prevista en la ley ni en la Constitución, ni -contrario a lo que se sostiene- en ningún estándar normativo vinculante de bloque de constitucionalidad”.
“Si cada suspicacia, expresión o coyuntura política minara la independencia e imparcialidad del órgano persecutor y tuviera que convocarse, bajo las sospechas o ‘percepciones’ de los opinadores de turno, la designación de un ‘fiscal ad hoc’, el cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía y de sus delegados se tornaría imposible y carecería de sentido”, agregó.
Por ello, la Fiscalía rechazó la recusación y la dejó en manos de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que tomará una decisión final sobre este asunto.
CASO CONTRA URIBE
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
El pasado 1 de septiembre, los abogados de Uribe pidieron que se levante la orden de detención domiciliaria de su cliente bajo el argumento de que “si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal”, como en este caso, “no puede estar una persona privada de la libertad”.
Mientras se espera que un juez decida aceptar o rechazar la petición de la defensa del exmandatario, hoy Uribe permanece en una hacienda de su propiedad en el departamento caribeño de Córdoba. EFE
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