COLUMNA: De cara al porvenir

TÍTULO: Obras y más obras

Pedro Juan González Carvajal

Cuando hablamos de Antioquia, hablamos de un todo que contiene al Valle de Aburrá y a su capital Medellín, es decir, 125 municipios incluido el Distrito Capital ubicados en 9 Subregiones, donde estamos en mora de visibilizar a sus casi 307 Corregimientos y a sus casi 4.643 Veredas, unidades político-administrativas que constituyen nuestro amplio espectro rural.

Para lograr consolidar una democracia justa, equitativa e inclusiva, con oportunidades y bienestar para los cerca de 6 millones de habitantes, no solo es necesario tener control de la totalidad del territorio, 63.612 Kms 2 y tener un horizonte común, -recordemos la Visión Antioquia 2020 que rezaba: “En el año 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza” y la actual Visión postulada dentro de la Agenda 2040 que dice: “ Antioquia corazón verde de América. Equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz”-. 

Bellos deseos que deben ser concretados, de modo que no nos vaya a quedar, de nuevo, grande la grandeza.

Fuera de una férrea voluntad política y cívica, es necesario dotar al territorio de las infraestructuras adecuadas para que los derechos y los deberes de los ciudadanos cuenten con los escenarios de todo tipo propicios para su interacción con los otros ciudadanos y con el Estado. 

Veamos algunas de las acciones normales que deben realizarse y algunas otras por emprender:

Es necesario mantener en condiciones dignas las sedes educativas, de salud, de justicia, de prestación de los variados servicios a los cuales tienen derecho los ciudadanos, con el fin de facilitar los trámites y compromisos que les ayuden a alcanzar su bienestar, es decir, se requiere un Programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras existentes.

Es necesario garantizar la cobertura del 100% de los servicios que se deben ofrecer a los ciudadanos, y para esto es necesario construir y dotar dignamente las infraestructuras de todo tipo faltantes.

De igual manera, establecer un Programa de terminación de obras en curso y de obras inconclusas para garantizar el adecuado uso e impacto de los recursos inicialmente invertidos y que pueden ser despilfarrados de no garantizase la culminación a satisfacción de esas obras.

Hay que terminar y entregar a satisfacción las vías 4G con sus taludes, vías pavimentadas, túneles, puentes, viaductos, señalización y obras complementarias y de ornato completamente culminadas.

Debemos terminar a Hidroituango, debemos hacer énfasis en la construcción de vías terciarias, debemos garantizar que todos los antioqueños tengan acceso a energía y a agua potable, debemos garantizar la ampliación del aeropuerto José María Córdova incluyendo la construcción de su segunda pista, debemos construir el llamado METRO de la 80 con todas sus obras complementarias, debemos construir el segundo Túnel de Oriente, debemos superar el déficit de 400.000 viviendas que tiene el departamento para que todos los antioqueños cuenten con una vivienda digna, entre las otras muchas obras, que, históricamente se han detectado, estudiado y anunciado y que hoy reposan en la memoria individual o colectiva, en los archivos de las áreas de planeación públicas y privadas y sobre todo en los bancos de proyectos de cada municipio, teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado en la construcción de la Agenda 2040 con su gran BANCO DE PROYECTOS.

Existen obras que por su importancia deberían ser prioritarias, como el caso de la terminación POR FIN de la doble calzada Medellín-Bogotá, obra que debe ser rediseñada en aquellos puntos cuya geología ha demostrado a la saciedad que por esos sitios es imposible garantizar estabilidad del terreno.

La terminación un siglo de estos de la carretera Medellín-Quibdó.

La reconstrucción de la infraestructura férrea, el manejo integral de ríos y quebradas, la recuperación de nuestro territorio costero afectado por la erosión, la determinación de estrategias para el depósito de los residuos sólidos, entre otros muchos proyectos y obras por precisar.

Un llamado a los nuevos gobernantes a trabajar unidos y en acuerdo con el gobierno nacional, para que los recursos, siempre escasos, no nos sean esquivos y la pulcritud en su manejo y disposición sean una constante. 

NOTA: Mucho cuidado con las iniciativas y discusiones ligeras y poco fundamentadas que hoy se abren paso con respecto a una posible AUTONOMIA FISCAL de los Departamentos.

Una invitación a los Gobernadores para que haciendo un ejercicio de empatía y de solidaridad, se pongan por ejemplo en los zapatos del Gobernador del Guainía, o del Amazonas, o del Chocó, por poner solo estos ejemplos, a ver cómo perciben, dimensionan e instrumentan esta iniciativa.

Una cosa es ser Gobernador de Antioquia, Cundinamarca o el Valle del Cauca y otra cosa es la realidad de los otros 31 departamentos.

La Autonomía Fiscal debe ser parte de una verdadera reforma tributaria Integral para el país, donde aspectos como la descentralización y la federalización sean estudiadas a fondo y tenidas en cuenta a partir del conocimiento y de las realidades de nuestro país.

INQUIETUD: Es claro que todos los países tienen sus particularidades, pero es difícil entender que en medio de la voracidad de los incendios forestales que arrasan a Colombia, no se oiga lo mismo en los países vecinos. ¿Es acaso que Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que son nuestros países limítrofes continentales no padecen el cambio climático, o el fenómeno del niño?

Claro que las geografías son semejantes pero distintas, en el entendido que en el caso de Colombia la geografía de la corrupción hace de las suyas.

¿Quién responderá por la cantidad de equipos que no están al servicio de esta tragedia por falta de mantenimiento, aun existiendo los recursos como dicen las investigaciones periodísticas?

Aquí no debe quedar títere con cabeza. Si este fuera un país serio, que lamentablemente no lo es, desde el Presidente, pasando por Ministros,  hasta el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberían ir pasando sus respectivas cartas de renuncia, pero aquí el concepto de responsabilidad se diluye ante una ciudadanía inexistente.