En octubre del año pasado la antropóloga Timisay Monsalve, de la Universidad de Antioquia, encargada del traslado de cementerios que quedarían inundados por la presa Hidroituango, reveló que 349 cuerpos fueron exhumados de los cementerios informales de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, pero solamente 25 fueron identificados.

Los demás, según relató, permanecen guardados desde diciembre de 2017 en el Laboratorio de Antropología de esa universidad.

La JEP aseguró que EPM, a pesar de la documentación remitida “no ha entregado la información relativa a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, específicamente, no ha remitido las bases de datos correspondientes”.

La JEP también decidió vincular a Integral S.A. (empresa dedicada a la ingeniería de consulta) al mismo trámite judicial.

Esa firma tendrá un plazo de diez días para presentar información detallada sobre “todos y cada uno de los lugares formales e informales en que se presume se encuentran inhumadas las personas dadas por desaparecidas en ocasión del conflicto armado interno, ubicados en la jurisdicción geográfica del proyecto, especialmente aguas abajo”.

La central hidroeléctrica fue declarada en emergencia en mayo de 2018 por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de EPM.

El problema comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.

Por el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.

La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca. EFE

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