Por: Gabriela Cano Ramírez
En el año 2019 siendo gobernador Luis Pérez firmó con el Gobierno nacional el acuerdo de Punto Final el cual implicaba que una deuda por valor de 250.000 millones de pesos sería cubierta por ambos entes, en donde la gobernación aportaría 120.000 millones y el gobierno nacional 130.000, para sanar las deudas de salud que se tenía con los diferentes prestadores de servicios.
A la fecha el compromiso por la gobernación se cumplió oportunamente en el mes de octubre de 2019, quedando en manos del gobierno nacional el aporte restante el cual se había comprometido mediante documento escrito que lo haría posterior a la presentación de los soportes debidamente auditados; proceso que se surtió y que se envió al nivel nacional para poder recibir los recursos.
Se terminó el 2019 y la gobernación cumplió a cabalidad el pacto, sin embargo el gobierno nacional, a pesar de tener los soportes para pagar dichos recursos, no lo hizo.
Solo en abril de 2020 y después de mucha presión el gobierno nacional giro 83.000 millones de pesos de una deuda total que debía asumir por valor de 130.000
El medio de una pandemia, las entidades agonizantes, con dificultades en la red de prestación de servicios de salud continúan reclamando los recursos que por la ley de Punto Final debieron haberse hecho y a la fecha no se ha cumplido .
Esto más bien parece una ley de puntos suspensivos…
