Por Cr. Carlos Javier Soler Parra (RVA)
En nuestro país, la seguridad es un tema recurrente durante los períodos electorales, tanto antes como después de las elecciones presidenciales, senatoriales, municipales y gubernamentales. Sin embargo, ahora más que nunca, es una necesidad, un anhelo y una realidad que debemos abordar, proponer y convencer, tanto en áreas urbanas, rurales y semi rurales. Para lograrlo, es importante conocer conceptos básicos, diagnosticar las razones detrás de esta necesidad y arriesgarnos a proponer soluciones viables y su respectivo costo. De lo contrario, nos quedaríamos en la etapa de diagnóstico sin llegar a una solución real o, peor aún, teniendo una buena solución pero sin los recursos para implementarla por completo.
Comenzaré diciendo que la seguridad es una ciencia que requiere estudio, método y observatorios de prevención de fenómenos y violencia. Es necesario conocer los roles y funciones de las fuerzas públicas, comprender la operatividad del sistema judicial y revisar experiencias exitosas comparadas. Además, debemos abrirnos a la tecnología de drones, cámaras con reconocimiento facial y comprender qué motiva y cómo se mueven los policías y soldados para convencer, liderar y maximizar sus capacidades. Es esencial apoyar los procesos de judicialización y los de inteligencia, ya que son la base real de los resultados en la prevención. Si no se conocen estos procesos y no se aplican con innovación diaria, corremos el riesgo de ser superados por la delincuencia organizada.
También es importante conocer que las fuerzas públicas utilizan dos marcos de uso de la fuerza en sus acciones diarias: los derechos humanos (DDHH) y el derecho internacional humanitario (DIH). Los derechos humanos se aplican en patrullajes de control, retenciones, cuidado de puentes, solicitudes de documentos y control de áreas y localidades. En este marco, el uso de la fuerza está previsto como último recurso y en proporción a la agresión, reservando el uso de la fuerza letal únicamente en casos de legítima defensa. En el marco del DIH, el uso de la fuerza se planifica en situaciones de hostilidad como primera opción, pero solo contra objetivos que tengan las características objetivas y las condiciones de un objetivo militar, evaluando la ventaja militar, la necesidad militar y los daños colaterales. En ambos marcos, se puede utilizar la fuerza letal, pero en el primero como último recurso y en el segundo como primera opción. Es vital comprender que no se puede exigir a los soldados y policías que, por tener un uniforme, se expongan a ser asesinados.
La tecnología y su uso, incluyendo la inteligencia artificial predictiva, están presentes en los países más avanzados del mundo. Los algoritmos pueden sincronizar y enfocar las cámaras ante movimientos extraños, disparos o movimientos con armas, lo que permite economizar en funcionarios que se cansan y agotan al observar miles de cámaras. Es hora de avanzar en tecnología e inteligencia artificial de manera prioritaria.
Ahora, con estos conceptos básicos, abordaremos las problemáticas delictivas que más afectan la seguridad ciudadana en áreas urbanas y rurales, así como las acciones necesarias para enfrentar esta percepción y realidad. El hurto en todas sus modalidades (personas, motos, residencias, celulares, locales comerciales), el homicidio, las invasiones de espacio público, las invasiones de tierras, la extorsión, el secuestro y el microtráfico son algunos de los problemas urgentes a tratar.
Es necesario realizar consejos de seguridad regionales (departamentales) para articular acciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales. Además, se deben priorizar canales de comunicación compatibles y aprovechar las capacidades de inteligencia de todas las agencias para mapear el fenómeno y obtener los insumos necesarios para contribuir a las investigaciones judiciales. Estas investigaciones deben resultar en órdenes de allanamiento y órdenes de captura, y se debe impulsar el proceso con el pago de recompensas en delitos de alto impacto. Esto agiliza las investigaciones y los procesos de inteligencia focalizados.
Es fundamental promover los centros integrados de articulación y respuesta de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) con todas las capacidades de comunicación y respuesta en terreno de la policía, las fuerzas militares, la personería, la defensoría del pueblo, el tránsito y el CTI. Para exigir esto y liderarlo, es vital invertir en capacidades de movilidad diferencial para la fuerza pública a nivel nacional, departamental y local. Una reacción pronta salva vidas y muestra fortaleza institucional, disuadiendo el delito. No se perderá ninguna inversión en esto. Motos de alto cilindraje (650 o 660 cc), camionetas con motores de persecución y con suspensiones diferenciales, y, en casos de alto impacto, unidades helicoportadas de respuesta inmediata (mejorar y medir los tiempos de reacción es esencial) son necesarias.
También es importante promover los frentes de seguridad como iniciativas ciudadanas de autopro-tección y colaboración con la autoridad. Estas iniciativas ya existen y solo requieren un teléfono celular y el número del cuadrante para informar y anticipar cualquier acción delictiva. Estos conceptos, su planeamiento, desarrollo y control detallados, son pinceladas que, unidas a conceptos regionales y focalizados en departamentos, gobernaciones y alcaldías, en función de sus necesidades diferenciales, cultura y credibilidad en las instituciones, se convierten en una caja de herramientas que se combinan con flexibilidad para garantizar una gestión pública de la seguridad. Los contextos pueden variar en términos culturales y sociológicos, así como en la presencia estatal, pero lo que no varía es la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad y la justicia en todo el territorio. Los gobernantes son los máximos responsables del orden público, dirigiendo la fuerza pública y trabajando en armonía con las entidades estatales para alcanzar los fines del Estado. La seguridad es un fin vital en nuestra arquitectura institucional.
Es muy importante entender que promover, medir, impulsar y apoyar la seguridad ciudadana y pública no implica ser autoritario, violar los derechos humanos o maltratar a las personas. Significa comprender que todos los ciudadanos requieren seguridad, sin importar su estrato social o profesión, y que esta seguridad debe estar acompañada de los más altos estándares en la aplicación de los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza. Sin embargo, no podemos renunciar a la persecución del crimen, al imperio de la ley ni a la protección de la ciudadanía urbana y rural para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y actividades comerciales, tal como lo otorga la Constitución y la ley. Para lograr esto, la innovación es parte de la solución, y se requieren expertos y líderes con experiencia que hayan tenido éxitos en el pasado, dispuestos a innovar, a escuchar propuestas y a comprender el grito fuerte de la ciudadanía que reclama mayor seguridad a los mandatarios, Nacionales, Regionales y Locales.
FOTO DE PRESENTACION TOMADA DE LA PÁGINA WEBhttps://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/169120/gestion-del-secretario-de-seguridad-y-justicia-deja-un-balance-positivo-tras-un-ano-en-el-cargo/
