“El Estado y la sociedad deben permitir y facilitar el ejercicio pleno de la libertad, sea cual fuere y mucho más si es la de expresión, no solo para garantizar el derecho a la información objetiva, sincera e imparcial, sino porque es uno de los medios más eficaces para el mantenimiento y defensa de los más altos y altruistas intereses de la Nación”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Con el simple ejercicio de su ciudadanía, cualquier persona tiene derecho a expresar con libertad e independencia argumentativa lo que piensa siempre que con ello no se violenten las reglas de juego que el ejercicio de este derecho tiene en la sociedad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra estas prerrogativas de manera expresa al determinar que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión“.
Nuestra Constitución Política, considerada en el orden jurídico y social del país como la “ley de leyes”, define también con toda claridad –entre otras consideraciones- el contenido y solemnidad de este derecho, al estipular que “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”
Tanto en el pacto internacional citado, como en la misma Carta Magna, están las razones filosóficas y políticas que inspiran el sagrado derecho a informar y ser informado, el cual deberá fundarse estrictamente en principios tales como: Veracidad, Imparcialidad, Objetividad, Libertad, transparencia, etc.
Hasta allí todo estaría muy bien y no habría nada que desear, entendiéndose estas libertades, la de expresión y de opinión, como uno de los más nobles estrados para la difusión de la verdad, en beneficio de todos y cada uno de los que hacemos parte de la colectividad y procurando el desarrollo integral del conocimiento, pues en la sociedad contemporánea una de las mayores riquezas y fortalezas del ser humano, social o individualmente considerado, es estar bien informado; por eso la verdad y el conocimiento no deben ser objeto de ningún tipo de acaparamiento, manipulación, sesgo o privilegio alguno. El que tiene la verdad tiene el conocimiento, el que tiene el conocimiento camina inexorablemente hacia las puertas del éxito.
Lo grave del asunto es cuando en una absoluta comprensión errada (o malintencionada) de dichas normas, en la sociedad algunos ciudadanos o inclusive, algunas organizaciones sociales (haciendo uso de esa libertad empresarial para la fundación de medios dedicados presuntamente a investigar, difundir y recibir información, dentro de las cuales se encuentran las noticias y las opiniones), lo hacen sin apego o total respecto a esos mandatos de carácter legal, social y constitucional, constituyéndose –a veces- de manera irresponsable y dañina, en portadores de la “verdad absoluta”, emitiendo conceptos manipulados, noticias u opiniones sin la realización previa de los estudios, investigaciones, confrontaciones e incluso rectificaciones a que hubiere lugar en la realización de tan delicada y noble labor –como es la de informar, tarea que –como ya se dijo- tiene el carácter de regla social, debiendo estar –como en efecto está- a la altura de un derecho fundamental y cuyo verdadero sentido sería el de servir de manera integral a todos y cada uno de sus componentes (llámese ciudadanos, instituciones, organizaciones públicas y privadas de la sociedad y del Estado mismo).
Cuando fallan las comunicaciones o el proceso de trasmisión de información se hace sesgado o faltando a la verdad total o parcialmente, favoreciendo intereses ajenos al general y buscando “proteger” o encubrir personas o asuntos particulares, transmitiendo un conocimiento errado o intencionalmente tergiversado, se está en el peligroso camino del autoritarismo y de prácticas despóticas y abusivas que van en contravía del Estado Social de Derechos y de la Democracia.
El Estado y la sociedad deben permitir y facilitar el ejercicio pleno de la libertad, sea cual fuere y mucho más si es la de expresión, no solo para garantizar el derecho a la información objetiva, sincera e imparcial, sino porque es uno de los medios más eficaces para el mantenimiento y defensa de los más altos y altruistas intereses de la Nación; pero los ciudadanos también debemos entender que faltar a estos deberes, difundiendo mentiras, verdades segmentadas o incompletas –como suele ocurrir en algunos medios de comunicación y, mucho más frecuente, en algunas redes sociales- para favorecer beneficios particulares y oscuros, es una de las formas más antidemocráticas y antisociales como se puede comportar quienes así actúan, atentando de manera flagrante contra la paz, la armonía y el equilibrio social e institucional que debe reinar en un verdadero Estado Social y democrático de derechos.
* Abogado. Especializado en Planeación de la Participación Ciudadana; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
