“Queremos un modelo de desarrollo que facilite y haga viable el progreso, la superación de la pobreza en los sectores más deprimidos, el desarrollo equitativo y la paz que todos necesitamos.”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Tal y como sucede siempre al inicio de cada cuatrienio, el nuevo gobierno toma las riendas del país en momentos de transición y alternancia y va -con lo que encuentra- asumiendo el rol que le quiere imprimir a su gobernanza; empieza a implementar las herramientas que son indispensables para poder poner en marcha los programas y proyectos que han ocasionado su arribo al poder, lo que en democracia se ha denominado la propuesta política ganadora.
Mientras ello suceda, es apenas natural, que el rumbo de la institucionalidad y de la sociedad misma, debe mantenerse al vaivén que ocasionan los ajustes, las innovaciones y también, hay que decirlo, el sostenimiento de algunas medidas que a pesar de que se haya pensado o prometido cambiarlas –por lo vetustas, injustas o antidemocráticas, no es posible hacerlo, porque muchas de esas prácticas, algunas de esas normas, no funcionan solo por el querer de las mayorías, los gobernantes o de algunos dirigentes, sino porque tradicionalmente se han vuelto costumbre en algunas fracciones de la Nación, de los ciudadanos e inclusive de algunas instituciones y a pesar de lo retrogradas y/o extravagantes que aparezcan, no es fácil establecer los cambios y/o las transformaciones que estas ameritan.
Hay cosas que, por mucho que sean impertinentes y sea necesario modificarlas, se han vuelto normales y extrañamente aceptadas. Por ejemplo – en nuestro país es normal que la inmensa mayoría gane salarialmente muy poco y pocos –una gran minoría- ganen demasiado, –por no traer sino este notorio ejemplo, pero serían muchos los que existen en nuestra sociedad- y en especial, para las castas económicamente dominantes- es “justo” que la inmensa mayoría de los trabajadores ganen muy poco (en muchísimos casos ni siquiera el mínimo) y que solo unos pocos ganen demasiado y cuando se ha intentado modificar esta deshonrosa ecuación, inclusive hasta los mismos afectados con dicha inequidad, han salido a oponerse a los cambios, tal vez engañados por falsos paradigmas orientados subrepticia y malintencionadamente desde esos mismos sectores privilegiados. Véase no más el reciente ejemplo del gran clamor ciudadano, marchando para que a los más poderosos no se les grave con un poco de más impuesto y pueda de esa manera distribuirse un poco de más riqueza en los más necesitados. Así se hace imposible que a los que han sido beneficiados con esas injustas y extravagantes medidas, resultando pensionados con cuantiosísimas e inequitativas pensiones, pudieran ser gravados con un pequeño porcentaje, para redistribuirlo en aquellos que por la inequidad de dicho sistema no podrán llegar a tener siquiera la más mínima pensión. Parece que en nuestra nación la arbitrariedad y el abuso, el trato desmedido e injusto, se haya venido volviendo aceptado por ciertos y poderosos sectores de opinión y de la sociedad misma, pues de cierta manera se hace cómplice, hasta volverse algo tan arraigado y profundo que lo que resulta extraño e inaceptable es que –por alguna razón- deba cambiarse o dejarse de practicar. Es decir, votamos o apoyamos para que haya un cambio, pero siempre que ese cambio no modifique mi privilegio y no nos saque de nuestra excluyente zona de confort.
Hay pues gravado en lo más profundo del subconsciente colectivo que los cambios hay que hacerlos e incluso los exigimos “a contraviento y marea”, pero siempre que esos cambios no nos afecten respecto de las ventajas y los privilegios con los que ya gozamos. Así las cosas, nunca será posible que real y efectivamente puedan introducirse transformaciones que causen verdaderamente un poco más de igualdad y de equilibrio social y económico, frente a las inmensas brechas de discriminación y desigualdad que por esas mismas razones existen y que pareciera que hagan parte de la tradición cultural de los pueblos y, consecuentemente, de nuestra institucionalidad.
No obstante todas esas dificultades, los programas gubernamentales deben continuar, no pueden detenerse ante estas fuertes adversidades y deben obedecer a estrategias políticas y programas económicos y sociales que atiendan a las necesidades más apremiantes en las comunidades.
Con ese propósito avanza hoy en Colombia la consulta para la construcción y puesta en marcha del plan de Desarrollo del actual gobierno, el cual como lo ordenan las normas que regentan esas materias, deberá elaborarse mediante mecanismos de participación, inclusión y consulta directa con las colectividades sociales y comunitarias.
“Estén absolutamente seguros de que Planeación está recogiendo, organizando y sistematizando todos los documentos y aportes de los colombianos para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026“, dijo recientemente Jorge Iván González, el nuevo director del Departamento Nacional Planeación. Y en verdad, a lo largo y ancho de toda el territorio nacional, se vienen realizando todo tipo de asambleas, “Los Diálogos Regionales Vinculantes son el espacio creado por el Gobierno nacional para escuchar las propuestas de los colombianos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026”, propiciando –con ello-que las organizaciones comunitarias, la ciudadanía en general y representantes de los distintos gremios y sectores sociales, incluyendo la propia sociedad civil, contribuyan con su aporte y sus inquietudes para que dicho plan sea lo que todos los colombianos queremos, un modelo de desarrollo que facilite y haga viable el progreso, la superación de la pobreza en los sectores más deprimidos, el desarrollo equitativo y la paz que todos necesitamos.
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
