Por: JAIRO HERNÁN RAMÍREZ GÓMEZ
Las tarifas de los servicios públicos durante la administración del alcalde Quintero se han incrementado notoriamente a pesar de tres años de pandemia. Como ilustración, en acueducto incrementos del 55%, alcantarillado 40%, energía 41.5% y en gas 46%.
Claro que, en Antioquia, muy pasivos y tan buenas pagas de las facturas, solo leves pronunciamientos cuando la costa caribe con la comunidad, empresarios y políticos, todos unidos, se pronuncian ante los incrementos desaforados en las tarifas de energía.
Llama la atención que, para los gremios, los políticos y la comunidad en Medellín, los incrementos tarifarios en acueducto, alcantarillado y gas, pasan desapercibidos a pesar de tener en algunos casos mayor incremento y peso en la canasta familiar que el costo de la energía. Se entiende lo anterior como resultado de los grandes capitales e intereses que se mueven en el sector energético.
Lo que antes era un orgullo: “EPM la más querida por los Antioqueños”, hoy, después de su secuestro por las ultimas administraciones, EPM la que más abusa de los Antioqueños con sus tarifas.
Se resalta que siempre habrá un argumento de los expertos, algunos de ellos perpetuados en posiciones de privilegio para sus intereses, para incrementar las tarifas, pero nunca para rebajarlas:
En invierno y con embalses llenos se inventan un fenómeno del niño en un horizonte de corto y mediano plazo que presiona al aumento los precios. Otras veces se recurre y justifica con un incremento de costos para los agentes de la cadena energética. También, para justificar las altas tarifas se echa mano de la frase de cajón: La energía más cara es la que no tenemos o se recurre a otras maniobras para afectar la oferta y presionar alzas.
Cuando entra en operación un proyecto, como Hidroituango, los oportunistas de turno incluido alcalde y gerente, con mensajes populistas pronostican rebajas en tarifas de energía hasta del 10%, pero inmediatamente aparecen los expertos con el fenómeno del niño y los costos, para mitigar el impacto favorable del nuevo proyecto.
Como ilustración: En boletines de prensa de enero anterior, EPM con bombos y platillos anunció que la tarifa de energía en bolsa bajó de $526 a $200 por kilovatio (rebaja del 62%) atribuida a la entrada en operación de dos unidades del Proyecto Ituango, pero resulta que los usuarios nos quedamos esperando igual rebaja. ¿Quién se lucró de este beneficio y como lo repartieron?
Con la crisis desatada y promesas de corto plazo no cumplidas, en contravía con el Pacto Colectivo de Justicia Tarifaria, promovido por el gobierno a través del ministerio, y por otro lado la CREG y los expertos del mercado del sector de energía, con explicaciones poco convincentes y con el conflicto social que afloraba, quedó en evidencia la necesidad de un cambio en la regulación tarifaria vigente desde hace más de treinta años y que llevaron al presidente Petro a intervenir de inmediato expidiendo el decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, asumiendo funciones en materia de servicios públicos hoy en cabeza de la CREG.
El alcalde Quintero, otra vez como lo hizo cuatro años atrás en campaña, y ahora con propósitos electorales, en una amplia región de la geografía nacional, propone sin tener competencia, congelar las tarifas de los servicios que presta EPM, indisponiendo a la vez al presidente por adelantársele en las funciones que se atribuyó con el mencionado decreto.
La Propuesta del alcalde, desafortunada, oportunista y sin ningún análisis legal, regulatorio y financiero. Tampoco fue discutida y socializada con los expertos de EPM, que, al contrario del alcalde, se pronunciaron en contra de las pretensiones del presidente en comunicación enviada días antes.
Además, la propuesta tendrá una gran repercusión en las finanzas de la Sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, con mayoría accionaria de la gobernación y más de 60 minoritarios y también con EPM como contratista, que verán menguada la remuneración a recibir de EPM durante 43 de los 50 años de plazo, según el modelo financiero estipulado en el contrato BOOMT, que en ningún momento consideró la congelación de tarifas para las proyecciones financieras. Y mas atrevida la propuesta, por ser el alcalde quien la presenta, siendo el presidente de la Junta Directiva del contratista, EPM, quien debe remunerar a la Sociedad HI.
No se entiende la propuesta del alcalde, congelando tarifas congela ingresos afectando la sostenibilidad financiera de la empresa, además con otros impactos como los resultados de las filiales (sin control), incluida Afinia con las inversiones comprometidas; en Hidroituango la incertidumbre con las unidades 5 a 8 del proyecto, los extracostos, el proceso contractual de obras faltantes muy cuestionado y sin definir, lo mismo que los seguros, la Licencia Ambiental del proyecto, aún condicionada y para acabar de ajustar la negativa a la enajenación de la participación en UNE de Invertelco, entre otros.
En otras palabras, el palo no esta para cucharas en EPM, advirtiendo además que el bolsillo de los usuarios está en riesgo y que se requiere un cambio urgente en la regulación tarifaria de todos los servicios. Cualquier propuesta de solución que supere los indicadores del Índice de Precios al Consumidor IPC será un detonante para la protesta social a futuro. También deben eliminarse de las tarifas las ineficiencias del servicio y no trasladarlas a los usuarios como sucede actualmente.
La solución a las altas tarifas debe ser de largo plazo, no de momento para cautivar votantes en un año electoral como parece ser la propuesta del alcalde, o como estrategia para mejorar la imagen deteriorada del presidente por su mala gestión y para acabar de ajustar con ministros llevados de su parecer con reformas impopulares de alto impacto.
Quedan pendientes las explicaciones de los expertos que justifiquen los incrementos tarifarios en los otros servicios.
TODOS LOS ANTIOQUEÑOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
JAIRO HERNÁN RAMÍREZ GÓMEZ
