Por: Jairo Hernán Ramírez Gómez
Hoy es un día histórico para EPM, para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango y también para La Contraloría General de la República, evento este sin precedentes en la historia del país, gracias al acuerdo de transacción logrado con la firma aseguradora MAPFRE para el pago de Col $3.9 billones por el reconocimiento del siniestro ocurrido en abril de 2018. Otras compañías de seguros desembolsarán los Col $400.000 millones restantes.
Al fin se logró lo que muchos vaticinaban como un imposible, es más, el llamado a orden a contratistas y compañías de seguros por parte de EPM, provocó en su momento la renuncia de los miembros de su Junta Directiva, quienes argumentaron que con dicho procedimiento EPM perdía cualquier pretensión de recuperar los daños y lucro cesante amparados en las pólizas de seguros.
Gracias al Contralor General de la República, tan mancillado, maltratado y criticado por otros, logró poner de acuerdo a las partes, EPM y MAPFRE, para el reconocimiento de los seguros todo riesgo por daños y lucro cesante.
También se le abona a este acuerdo la intervención oportuna del presidente de la República y porque no, del alcalde de Medellín, con su terquedad e insistencia en recuperar las pérdidas generadas por la contingencia en el proyecto de tal forma que no fueran asumidas por EPM.
Allanaron el acuerdo:
- las fallas y errores constructivos no están excluidos de la cobertura de las pólizas.
- Durante el desarrollo del proyecto no se ha presentado corrupción, dolo, ni mala fe, según se argumenta por los mismos organismos de control.
- EPM calificó la contingencia como un evento excusable, también el Presidente y el Gobernador de Antioquia en sus intervenciones resaltan que la contingencia presentada obedeció a un siniestro, evento imprevisto y caso fortuito.
Con este acuerdo cesa la función de la Contraloría para la recuperación de las perdidas por el siniestro y como tal queda sin efectos el fallo de responsabilidad fiscal, generando tranquilidad a los investigados una vez sean retirados del Boletín de Responsables Fiscales y se facilitan las prorrogas de los contratos vigentes.
Se resalta que estos recursos ingresan a EPM para inversión y recuperación del proyecto, contrario a lo afirmado en algunos medios que sostenían su ingreso a las arcas del municipio de Medellín, absurdo además, por que el Municipio no es beneficiario de la Póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje y Lucro Cesante contratada con MAPFRE.
LOS PENDIENTES Y TAREAS
– Los desembolsos de las compañías de seguros prometidos a más tardar para enero 31 de 2022.
– Por encargo del Presidente de la República, que se recompongan las relaciones entre EPM y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para que continúe siendo un aliado estratégico en los proyectos de EPM y del país.
A propósito, las relaciones con el banco dan garantías de seriedad, de respeto por el medio ambiente, de financiación y de transparencia contractual.
– Que el Consorcio CCC, responsable del proceso constructivo, contrato vigente hasta el próximo 31 de diciembre, acepte la prorroga y proceda con la firma de la minuta que esta en su poder según EPM. Ya no hay excusa para no continuar con el proyecto.
– Sacar del debate político a Hidroituango y a EPM y dejar que el proyecto avance, y como se dice en otros medios: ¡Que entren en operación las turbinas!
Finalmente, para ser coherentes con lo enunciado antes por el Gobernador, como presidente o con su delegado en la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, se proceda con el retiro de las demandas contra EPM, con el levantamiento del Tribunal de Arbitramento y con las Clausulas Penales de Apremio. Ya no hay argumentos para tales acciones y además estos acuerdos con las aseguradoras benefician a la Sociedad, por tratarse de menores costos para el proyecto.
Asimismo, EPM giró con cargo al proyecto US$205 millones recibidos por los socios (IDEA, Gobernación y minoritarios) cuando se firmó el contrato BOOMT y cuando se dio la cesión del contrato por parte de EPM Ituango a EPM. También en el mismo sentido se aportaron US$ 100 millones para inversión social adicional en los municipios del área de influencia del proyecto.
TODOS LOS ANTIOQUEÑOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
JAIRO HERNÁN RAMÍREZ GÓMEZ
