Lo que no se había dado desde la época del General Gustavo Rojas Pinilla lo está haciendo nuestro Presidente en atención a la declaratoria de la Emergencia Social, económica y Ecológica Nacional. Sólo que en lugar de repartir en especie (leche en polvo, queso, aceite, cuadernos y juguetes de Rojas Pinilla), para todos los niños de Colombia a través de las escuelas del país, el presidente Duque optó por repartir en billetes, a una cantidad indeterminada de gente y a través de los bancos.
Es preocupante, porque Colombia no ha tenido nunca un procedimiento que le permita desembolsar así sea un peso, antes de seis o más meses, por urgente que sea la necesidad de las regiones. Por lo que es muy difícil que los 15 billones de pesos del FOME, se puedan repartir ya, de manera que se cumplan los destinos objetivos, sin incurrir en detrimentos. Pues se está disponiendo sin estudios ni justificaciones ni logísticas previas de rigor.
Cuando se procede de afán y con sumas de dinero tan altas, las reparticiones de dinero se vuelven unas piñatas. Por eso, a la alcaldesa de Luruaco le llegó auxilio de 160.000, con la única justificación de estar en el listado del SIBEN. Igual suerte corren los mercados, los cuales se confunden al momento de entregarse, pues no se sabe si provienen de los teletones de gobiernos regionales o de las ayudas y misericordia cívicas de particulares y vecinos o si están haciendo parte de los 15 billones. Similar, el sinsabor que ha dejado los préstamos de Finagro, cuando la gente que los reciben, empiezan a devolverlo por temor a resultar involucrados en un segundo Agroingreso Seguro.
Lo único claro, aunque ajeno a la finalidad de la pandemia, fueron los 5 o 6 billones de pesos que salieron del erario público, como donación a los Fondos Privados de Pensiones y que representan casi el 40% del decreto.
Lo más reciente de los 15 billones de pesos son los famosos decretos 639 y 677 emitidos en menos de una semana, con los cuales se intenta repartir no menos de 6 billones de pesos entre entidades y personas indeterminadas, equivalentes a un auxilio del 40% del SMLMV para cada uno de los trabajadores de las empresas que cumplan unos requisitos y donde lo único claro y contundente de los decretos es el término 40%. Lo demás es un conjunto de condicionamientos imposibles de digerir en un papel combinado entre los bancos privados, entidades estatales y personas jurídicas y naturales beneficiarias.
Necesario que los organismos de control agarren y sigan acuciosamente la pita, asegurando a dónde fueron a parar los 15 billones del FOME y que papel cumplieron frente a la pandemia pues, transcurridos más de dos meses del decreto, se escucha lo mismo del primer día: seguimos sin tapabocas, sin camas suficientes, sin protección para los médicos, sin mirar a los informales e independientes. Igual limitante extrema para la realización de exámenes y determinar casos de COVID 19. Continuamos con estadísticas incapaces de soportar decisiones estatales, por demoras hasta de una semana para conocer resultados y con improvisaciones y errores de fondo, como el caso de los 40 exámenes de laboratorio malos, de 40 realizados (100% de error). Cuando, con una parte irrisoria de esos 15 billones de pesos disponibles, se pudieron haber superado oportunamente estas pequeñeces.
