Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2023

Aplicar la Constitución de 1991 es una tarea pendiente por hacerse, manifestó este viernes el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y agregó que tiene que aparecer un sentido progresista que comience a hacerlo en su eje fundamental: la construcción de un Estado Social de Derecho.

Así lo expresó el mandatario en la posesión de Vladimir Fernández Andrade, anterior secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien se juramentó como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

“Quizás la presencia histórica de este Gobierno y las elecciones del año pasado, es el indicador o el campanazo, si se quiere, de que hay que comenzar a aplicar la Constitución de 1991 en su eje fundamental: la construcción de un Estado Social de Derecho. Es decir, de equidad social, de justicia social, de una posibilidad en donde los colombianos puedan convivir”, señaló.

El jefe de Estado anotó que han pasado más de 32 años desde que se expidió la Carta Magna y “aún existen enormes barreras mentales, sociales, económicas y políticas que no dejan aplicar la Constitución del 91, que no dejan que este país pase a la paz, que no dejan construir una democracia, que no dejan construir la equidad social, que no dejan construir una Gran Colombia”.

El presidente Petro explicó que “la Constitución del 91 no se pudo aplicar en Colombia por dos razones fundamentales. Una, porque en el territorio colombiano lo que dominaba no era la Constitución del 91, sino un régimen de facto totalitario fascista, el régimen paramilitar ligado a estas instituciones”.

“Y obviamente no hemos construido un Estado Social de Derecho y obviamente no hemos construido la paz. Nos fuimos dentro del fundamentalismo neoliberal del mercado puro y simple, pensando que así el país más desigual de la tierra y uno de los más violentos podría resolver su problema casi que automáticamente, como el mercado resuelve automáticamente muchos de los problemas. Mentiras”, sostuvo.

El mandatario afirmó que el Acuerdo de Paz con las FARC, firmado en 2016, gira alrededor de tres grandes temas: tierra, territorio y verdad, y prevé la asignación de 3 millones de hectáreas para la producción.

“Colombia tiene 15 millones de hectáreas que deberían, por su capacidad y su fertilidad, producir alimentos a través de la agricultura y están en grandes pastizales con ganaderías extensivas porque simplemente son la posesión de una modernidad que cree que el poder es tener tierra, como en el feudalismo”, señaló.

Precisó que “las FARC solo propone 3 millones. El gobierno anterior compró 17.000 hectáreas y este lleva 48.000. Estamos lejos de los 3 millones. Las normas no permiten más eficacia”.

“Mi opinión: la Colombia, la Gran Colombia soñada, tiene que tomar la posición progresista y andar hacia el futuro y construir el Estado Social de Derecho en Colombia”, puntualizó. 

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Fernández Andrade, quien se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia de la República, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con dos especializaciones, una maestría y un doctorado en Derecho en esa misma institución.

Ha sido procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, secretario general de la Federación Nacional de Departamentos y profesor en programas de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia.

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