“Ante un gasto público exagerado, inequitativo y parcializado, las finanzas por fuertes que sean tienden a debilitarse, se hacen insuficientes y finalmente colapsan.”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Según el más sencillo lenguaje técnico bancario estar bien financieramente, es “ser capaz de gestionar las finanzas hoy (ingresos y gastos al día) y de planificar para el mañana”. Habrá, por supuesto, en esta complicada materia muchas otras formas más apropiadas de explicar a qué se le puede considerar estar bien financieramente; pero lo cierto es que es saber disponer adecuada, equilibrada, oportuna y eficazmente de los ingresos que se tienen para, como en el caso del Estado, aplicarlos sin distorsión ni desviación alguna al cumplimiento de los deberes con sus administrados. Es decir; con la sociedad y de conformidad con unas reglas que regulan hacia qué objetivos y misiones debe estar orientada la aludida gestión, para tomar las decisiones más convenientes a interés general.
Los recursos del Estado, son públicos; son propiedad o pertenecen a los asociados que hacen parte de la organización social y/o política a la cual deberán estar destinados, para atender sus necesidades y propender por el mejoramiento de su calidad de vida. El estado y, con él, sus autoridades, son exclusivamente unos administradores de dichos recursos.
Para atender dichos compromisos la organización política colombiana ha generado, en su pacto social, un andamiaje jurídico (Estado social de Derechos) conformado para que a través de sus instituciones se dé cumplimiento al deber de “servir a la comunidad” (art 2 CN) y para ello se constituye un gran programa de necesidades y se les establece una cuantificación, un valor económico que para el 2021, en nuestro país fue estimado en la suma de $314 billones, aproximadamente. Es a lo que comúnmente se llama presupuesto, a través del cual, se “establece la forma en la que el Gobierno nacional emplea los recursos públicos, disponiendo de las fuentes de financiación de la nación y asignando su destino específico. De esta forma, estructura la senda de crecimiento económico y desarrollo del país, impactando el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía”. (https://www.ofiscal.org/).
La ejecución de dicho presupuesto se llama gasto público que –según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de Bogotá, consultado para este trabajo, “es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos (educación, salud, seguridad, etc.) y proveer bienes y servicios (alcantarillado, electricidad, vías, etc.) de los que todos nos beneficiamos.”
¡Hasta ahí, extraordinario! Pero lo que deviene, por no cumplirse con los principios que regulan la ejecución de dicho deber, es lo que ocasiona que económica y/o financieramente una empresa y, en el caso del erario público, la empresa estatal, casi siempre no se encuentre bien económicamente y que su salud financiera alcance graves estados que son los que obligan –o debieran obligar- a evitar los malos manejos y el no cumpliendo de los principios que rigen dicha actividad.
Por eso, para nada vale que todo esté meticulosamente planeado y que se utilicen para su elaboración y manejo las herramientas y mecanismos más diversos y sofisticados, como los que exige la planeación moderna en el manejo del presupuesto público, sino se cumplen o se distorsionan, casi siempre por corrupción, los principios éticos que deben regir la función pública y que exigen que el manejo de las finanzas del Estrado, por ser de la comunidad, debe hacerse con austeridad, equidad, imparcialidad, justicia y transparencia, entre muchos otros valores que le indican al servidor que su misión, al interior del Estado, no es para para servirse o favorecer privilegios, sino para servir a todos los miembros de la comunidad, en las condiciones que lo exigen la constitución y las leyes que hacen parte de nuestro orden jurídico y social.
Por eso es que nunca habrá una saludable vida presupuestal y financiera de nuestra nación, hasta que las instituciones y quienes las manejen no sean despojados -seria y definitivamente- de la poderosa ola de corrupción que las invade.
De nada valdrá reformar las leyes y el sistema económico, más reformas tributarias, con nuevas y más benévolas figuras y cambios, si esas trasformaciones y esas innovaciones no se hacen en la mentalidad de quienes tienen, por mandato social y constitucional, el deber supremo de administrar esos recursos y de buscar las redenciones sociales, económicas y políticas que hoy Colombia sigue anhelando y buscando por doquier, sin haber sido aun realmente escuchada.
Por eso hoy inmensos sectores ciudadanos se encuentran en los parques y calles de toda la nación, buscando a gritos y en medio de inmensas y clamorosas movilizaciones dichas reivindicaciones. Realizaciones que fácilmente hubieran podido cumplirse, simplemente si nuestros gobernantes dieran cabal cumplimiento a los estrictos mandados y compromisos que han asumido, pero que no cumplen a cabalidad, cuando ingresan al ejercicio de la función pública a administrar lo que es en últimas de toda la comunidad; pero que muchos de ellos manejan a su antojo, como si se tratara de su propio peculio.
Hasta el momento tan loable propósito no ha sido posible, por lo que la salud de nuestras finanzas y, consecuencialmente, de inmensos sectores poblacionales en materia de bienestar y servicios públicos básicos, sigue siendo delicada.
Ante un gasto público exagerado, inequitativo y parcializado, las finanzas por fuertes que sean tienden a debilitarse, se hacen insuficientes y finalmente colapsan.
¿Cuándo se implementará la verdadera solución a este tradicional problema colombiano?
*Abogado Defensoría del Pueblo regional Antioquia; Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y normas penales. Magíster en Gobierno.
