“Poco se ha hablado en este país de las alarmantes cantidades de dinero que se gasta en diagnósticos y estudios de prefactibilidad sobre proyectos u obras que nunca se empiezan, pero que comprometen grandes partidas presupuestales que jamás se recuperan.”.
Por: Héctor Jaime Guerra León*
La alusión al fenómeno de “los elefantes blancos” es un aforismo popular que –según la historia- proviene del lejano oriente africano, más concretamente en la ciudad antigua de Siam, dicen que era lo que hoy es Tailandia.
Explican que allí existía la rara creencia de que los elefantes de color blanco eran sagrados, además de escasos, que daban poder y gran reputación a quien los criaba. Alega la leyenda que realmente eso no era cierto y que; por el contario, mantener esos animales resultaba finalmente muy costoso, no daba concretamente ningún beneficio y podría traer ruina por los altos costos de sostenimiento.
Autores e investigadores como Gaona Aburto, M, Hernández, G., Ulldemolins, J (2015), Gerley Nataly Pérez Peña, entre otros destacados académicos de estos temas y, en especial, de los dramáticos fenómenos de la corrupción en nuestro país, han dado cuenta de cómo se materializan estas nefastas prácticas en la vida real, en la cotidianidad de nuestras relaciones sociales, políticas y económicas.
Resulta pues que tener una propiedad, un proyecto, una obra que no genere ningún beneficio, para su propietario, es a lo que se ha denominado “elefante blanco”.
Ello no tendría ninguna importancia si solo lo suscribiéramos al ejercicio de la propiedad privada que -como es sabido- es prácticamente sagrada e intocable y cada cual sabrá exactamente que hacer con la suya, explotándola o dilapidándola si a bien tiene, siendo muy poco lo que el Estado y la sociedad misma puedan intervenir para evitarlo.
Lo grave del asunto es cuando dicho fenómeno se vuelve práctica común –como en efecto ha sucedido- en el ámbito social y estatal, dando curso a la malversación y al desgreño de lo público, a través de actividades sociales y culturales –como dicen los autores citados- a la ejecución de obras (o asignación de recursos para obras y/o asuntos innecesarios o de poca utilidad) o proyectos que no generan ningún beneficio real y concreto para la comunidad o para las instituciones estatales. Allí es donde aparecen los famosos “elefantes blancos”, los cuales infortunadamente se han vuelto muy “normales” y frecuentes en el ejercicio político administrativo de nuestro país.
El Estado ha sido muy permeado (maltratado) por este tipo de insanas manifestaciones y muchos de estos “espectaculares mastodontes” pueden verse a lo largo y ancho de toda la nación, siendo ya muy escasos los territorios donde no exista una o varias de estas obras o proyectos, en los cuales se han invertido (malgastado) enormes cantidades y porcentajes del presupuesto de la comunidad, sin que se sepa cuáles son realmente los servicios que pueden llegar a prestar e, inclusive, muchos de esos proyectos es que ni siquiera se empiezan (o se inician pero no se terminan), dejando enterrado (perdido) el presupuesto y al pueblo sumergido en la más profunda desesperanza, incertidumbre y pobreza. Poco se ha hablado en este país de las alarmantes cantidades de dinero que se gasta en diagnósticos y estudios de prefactibilidad sobre proyectos u obras que nunca se empiezan, pero que comprometen grandes partidas presupuestales que jamás se recuperan.
En un importante reportaje, titulado “El país de las obras inconclusas”, el periódico El Espectador (domingo 21 de mayo de 2023, pág. 16) publica un resumen del extenso y complejo estudio que al respecto ha realizado la Contraloría General de la Republica, donde se da cuenta del exagerado número de “elefantes blancos” u obras inservibles que han existido desde tiempo atrás en nuestra nación y que siguen causando terribles daños a la moral administrativa, deteriorando de manera significativa y creciente no solo la credibilidad ciudadana y la legitimidad democrática de sus autoridades e instituciones, sino que también –igualmente grave- generando un considerable detrimento al erario público.
Es realmente muy poco lo que se ha podido hacer para controlar efectivamente el desenfrenado fenómeno de corrupción y de abusos que contra lo público se han venido dando, impidiendo con este tipo de gastos (dilapidaciones) la ejecución de los verdaderos proyectos, obras y soluciones más prioritarias que necesita la comunidad, para resolver los auténticos y reales problemas que se tienen en los territorios donde de esta manera tan desmedida, abusiva e impune se despilfarran estos presupuestos.
*Abogado. Especialista en Desarrollo Social y Planeación de la Participación Ciudadana; en Derecho Constitucional y Normas Penales. Magíster en Gobierno.
