Bogotá, 23 jul (EFE).- El portal colombiano Rutas del Conflicto, un proyecto que nació hace seis años, entregó este jueves todo su trabajo periodístico a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que lo utilizará para contrastar las versiones de las personas que comparecen en los casos que investiga el alto tribunal.
Durante la ceremonia de entrega, que fue virtual por la pandemia de la COVID-19, el director de Rutas del Conflicto, Óscar Parra, aseguró que entre lo que recibirá el alto tribunal hay bases de datos y piezas periodísticas desarrolladas por sus reporteros con trabajo de campo en las regiones.
Entre las investigaciones hay información sobre al menos 730 masacres que fueron cometidas en todo el país durante el conflicto armado entre 1982 y 2012.
En ese sentido, Parra detalló que sobre cada matanza hay detalles que provienen de información propia, “publicada por otros medios de comunicación” y “producida por entidades judiciales, como la Fiscalía”.
La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.
El alto tribunal es el encargado de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.
TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS
En la información de Rutas del Conflicto también hay testimonios de más de 50 víctimas que sobrevivieron a estas masacres y que contaron “cómo vivieron esos momentos tan dolorosos”.
Parra manifestó además que la JEP recibió el proyecto “Ríos de vida y muerte”, que cuenta con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y la DW Akademie, para el cual recorrieron los afluentes más grandes de Colombia en busca de la memoria de los desaparecidos.
Igualmente está el proyecto “La Paz en el Terreno”, realizado en conjunto con Colombia 2020 del diario El Espectador y la Fundación Con Lupa, que contiene información periodística y herramientas con bases de datos para monitorear la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC.
Asimismo, la JEP recibió información de “Convenios de fuerza y justicia”, realizado con La Liga Contra el Silencio, que muestra los detalles sobre la supuesta colaboración de las autoridades con empresas minero-energéticas en las regiones.
“En total, entre personas, empresas y casos de tierras, tenemos más de 300 registros en esta base”, detalló sobre este proyecto.
Ulianov Franco -cuyo padre, Jorge Franco, desapareció hace 33 años en el municipio caribeño de Tenerife y fue sepultado luego como un sin nombre en Barranquilla, a donde llegó el cadáver arrastrado por la corriente del río Magdalena- valoró el aporte de Rutas del Conflicto a la JEP.
“Hoy los felicito a la presentación de su informe a la JEP, el cual estoy seguro que será de gran utilidad para la Jurisdicción”, aseveró.
INFORMACIÓN CLAVE PARA INVESTIGAR
La magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP, aseguró que este informe servirá para ayudar a “describir contextos de diferentes casos”.
Este informe, junto a los otros que ha entregado la sociedad civil a la JEP, permiten contrastar la información que entregan las autoridades judiciales y los victimarios sobre cada uno de los casos que investiga el alto tribunal.
“Lo que nos están entregando se convierte en una fuente más de contrastación que nos facilita más la labor”, añadió la magistrada, que precisó que “al final del día lo que hace la Jurisdicción es trabajar con los victimarios para que reconozcan, y con las víctimas para que (…) nos cuenten qué es lo que hay que reconocer y cómo reconocer a satisfacción”. EFE
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