La RAE dijo, al responder en Twitter a la pregunta de un usuario, que documentó “las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar'”.

Aunque eso no significa que los términos hayan sido recogidos por la institución lingüística como sinónimos de robar o estafar, la ministra solicitó a la RAE “que se pronuncie públicamente y desmienta lo que en redes y en algunos medios colombianos se afirma” porque su “apellido y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo”.

“La RAE fue utilizada por las ‘jaurías’ digitales para incubar la falsa creencia de que mi apellido fue adoptado por ellos como verbo que significa ‘robar o estafar’ en Colombia. Esto está llegando a límites inconcebibles”, cuestionó Abudinen a través de su cuenta de Twitter.

INVESTIGADA POR POLÉMICO CONTRATO

La Procuraduría General de Colombia abrió este lunes una investigación disciplinaria formal contra Abudinen para determinar su responsabilidad por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada “Centros digitales”, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet.

Para empezar a ejecutar dicho contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 263 millones de dólares), el Gobierno dio a Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).

Sin embargo, medios locales como la emisora W Radio revelaron que el contratista, que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, presentó tres pólizas de garantías falsas en la licitación y tras recibir el anticipo apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.

La ministra enfrentó el pasado viernes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, citado por congresistas de la oposición que piden su renuncia y argumentaron que si Abudinen no hizo parte del “entramado” de Centros Poblados, al menos pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene en su cargo, que es “cuidar los recursos públicos”.

El ministerio, que defiende que Abudinen ha actuado con apego a la ley, declaró la caducidad del contrato en agosto pasado, por lo cual se le impuso al contratista una multa de 39.015 millones de pesos (unos 10,2 millones de dólares). EFE

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