Panamá, 17 jul (EFE).- El gobierno de Panamá entregó este miércoles al Parlamento un proyecto de cambios constitucionales que busca el fortalecimiento de la institucionalidad para abatir la corrupción, y pidió a los diputados abandonar “agendas particulares” para aprobarlo con celeridad y someterlo a referendo el próximo año.
El paquete de reformas, de 40 artículos, fue presentado al pleno por el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, ante la expectativa de algunos sectores de que sea aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, tal cual les fue entregado.
“El país entero espera estar decidiendo en referéndum la reforma de nuestra Constitución el próximo año”, dijo Carrizo, e instó a los legisladores a dejar atrás “los estandartes de partidos y las agendas particulares” para aprobar los cambios constitucionales, varios de los cuales afectan al Parlamento.
Carrizo dijo que a 17 días de estar frente del Ejecutivo, el presidente panameño Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata), cumple con una de las promesas de campaña y da inicio al proceso de renovación de la Carta Magna, “uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo nacional”.
“Nuestro país necesita un proceso de reforma constitucional que garantice la estabilidad económica, que dé tranquilidad a los mercados internacionales de seguir invirtiendo su dinero y su confianza en Panamá”, afirmó Carrizo.
Esos fueron los argumentos del presidente Cortizo al proponer que las reformas a la Constitución de 1972 se realicen mediante la aprobación en dos legislaturas y posterior referendo popular, y no por una Asamblea Constituyente.
Esta AN, de mayoría oficialista, “tendrá la oportunidad única de estar al lado de lo correcto, entregar para el referéndum un texto constitucional que se adapte y respete las justas demandas de los panameños y panameñas”, dijo Carrizo, que convocó a los diputados “a estar a la altura de las circunstancias”.
El anteproyecto de reformas constitucionales fue elaborado por el Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo, una instancia ciudadana que lo trabajó y consensuó por más de nueve meses y lo entregó el pasado lunes a Cortizo.
Plantea el fin del cuestionado sistema que permite que los magistrados del Supremo solo sean procesados por los diputados y estos por los jueces del máximo tribunal, de manera que todas las investigaciones a esos altos funcionarios pasen al Ministerio Público.
También robustece económicamente al Órgano Judicial y al Ministerio Público al determinar que sus recursos asignados no serán inferiores, en su conjunto, al 2 % del Presupuesto General del Estado, y propone que los diputados solo se puedan reelegir una vez.
Se modifica además el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Supremo, tarea ahora del presidente del país y que pasa por la ratificación del Parlamento.
Los cambios contemplan que cada magistrado sería nombrado por el Consejo de Ministros de una terna propuesta por la Concertación Nacional, y que el juez debe ser ratificado por el Parlamento para que pueda ejercer el cargo por un lapso de 15 años (ahora es de 10).
Anette Planells, dirigente del Movimiento Independiente (Movin), dijo este miércoles a Efe que la expectativa de ese ente civil “es que la Asamblea apruebe proyecto tal cual lo envió la Concertación Nacional” a Cortizo.
Para la activista no se deben soslayar en la AN “imperdonables” como la separación de los poderes del Estado y la eliminación del “dualismo de que los diputados investigan a los magistrados y los magistrados investigan a los diputados”.
“Nosotros, como siempre optimistas, pero hay que estar vigilantes y presionar”, afirmó la activista del Movin, que reconoció que la reforma afecta los intereses de los diputados y eso puede entorpecer la aprobación de la propuesta original.
Para el constitucionalista Ernesto Cedeño “la AN debe enriquecer la reforma constitucional, no destruir lo que llegó”, aunque reconoce que será “muy difícil” que los diputados “vayan a aprobar tal cual ese proyecto porque restringe algunas canonjías que tienen por aquello que plantea de que solo se podrán reelegir una vez”.
“Creo que se tocarán algunos puntos, y del resultado final el pueblo sabrá si deberá buscar firmas para una Asamblea Constituyente Paralela para que atienda integralmente todos los problemas, o nos quedamos con el proyecto que vaya a salir de la Asamblea”, remarcó Cedeño.
La última reforma a la Constitucional en Panamá se realizó en 2004.
  IMÁGENES APOYOS PARLAMENTO DE PANAMÁ, TOTALES  MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JOSÉ GABRIEL CARRIZO