Por: María Alejandra Vallejo Roldán

El Bajo Cauca es una de las nueve regiones del Departamento de Antioquia, compuesta por seis (06) municipios Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, tres (03) municipios del Norte de Antioquia Briceño, Ituango y Valdivia y uno (01) del Nordeste Antioqueño Anorí, enlazado al norte con municipios cordobeses como Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Ayapel y San José de Uré y conformado por 28 corregimientos y por 278 veredas.

Esta subregión ha tenido el común denominador de la explotación de la minería, la cual en primera fase fueron principalmente los abundantes depósitos de oro, lo que llevó a que los españoles sorteando dificultades del clima fundaran los municipios mas antiguos de Antioquia, tal es el caso de Cáceres (1576) y Zaragoza (1580), posteriormente seguirían Nechí (1636), El Bagre (1675) y ya en el siglo XX Caucasia y Tarazá.

La violencia del Bajo Cauca se centraría principalmente en la ausencia del Estado, durante los años 70 y la llegada de los grupos al margen de la Ley (paramilitares, FARC y ELN), en la lucha no solo por la explotación de las minas de oro sino por los sembradíos de coca específicamente en Tarazá y Valdivia, zonas limítrofes de esta región. Sería entonces la disputa por los diferentes territorios de los grupos al margen de la Ley lo que conllevaría a una guerra entre FARC, ELN y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejando en medio del conflicto a la sociedad civil.

Este conflicto dejaría desolación, homicidios (primer semestre del año 2017 11 homicidios, primer semestre del año 2018 27 homicidios y 45 para el segundo semestre del año 2018[1]) líderes sociales asesinados (4 entre los años de 2017 y 2018) familias desplazadas de sus tierras (para los años de 2000 y 2012 de acuerdo con el Registro Único de Víctimas 70.327 familias[2]); para el año 2008 mas de 4.500 campesinos provenientes de Cáceres, Valdivia e Ituango se concentraron en el casco urbano de Tarazá con el fin de exigirle al gobierno nacional la sustitución de los cultivos ilícitos, así como la suspensión del a fumigación con glifosato.

Entre los años de 1980 y 2020, el municipio de Cáceres se ha visto afectado con cifras en la comisión de varios delitos tales como homicidios en un 24.9% de la población directamente afectada, así mismo para este municipio ha dejado cifras complejas en materia de desplazamiento forzado puesto que en víctimas directas en el período de tiempo antes citado 27.986 familias desplazadas de sus lugares de residencia.

En tanto, mientras que rodaban las ráfagas de fusil de los distintos grupos al margen de la ley, en las diferentes comunidades sonaban cada vez mas y mas  ganas de paz duradera, la comunidad estaba cansada de tener que pagar por el conflicto por lo que varias oportunidades no solo en Tarazá sino también en Caucasia salieron a marchar porque los dejaran por fuera del conflicto armado, de igual forma de la mano con el gobierno nacional salieron a participar en los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con el fin de que una vez fueran firmados los Acuerdos de Paz con la FARC – EP quedaran por fuera del mismo. Para el año 2008, 4.500 campesinos provenientes de Cáceres, Valdivia e Ituango exigieron al gobierno nacional la sustitución de cultivos ilícitos, así como la suspensión de las fumigaciones con glifosato.

Cabe señalar que este municipio y toda su población ha sido víctima de la violencia que ha tocado el Departamento de Antioquia, junto con los otros municipios del Bajo Cauca Antioqueño, que dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 se han establecido algunas iniciativas de construcción de paz con algunos programas y líneas mas específicamente en la Línea 5. SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL, con base en una cultura de legalidad la cual colabore con la disminución de la violencia y la afectación de la economía por concepto de actividades ilícitas, así mismo se busca consolidar la política de paz con Legalidad, con el fin de transformar los territorios que tienen afectación por la violencia y el conflicto armado.

Se encuentra de igual forma en el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los pactos estructurales los siguientes como alternativas de paz; Pacto por la Legalidad, Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, el Pacto por la equidad y transversalmente Pacto por la Construcción de Paz. De otro modo dentro del Plan de Desarrollo de Cáceres se encuentra un programa dentro de esta línea estratégica que se llama específicamente construcción de paz y allí nos encontramos con varias propuestas las cuales no se encuentra absolutamente desarrolladas pero que me parecieron importantes 3 de ellas cuales fueron las siguientes:

  1. Impulsar acciones que promueven cultura ciudadana para la paz, la convivencia y no estigmatización a través de la cual, por medio del análisis realizado al presente Plan de Desarrollo, se realizaría por medio de la integración de la comunidad no solo la sociedad civil sino a través de diferentes organismos gubernamentales, por medio de la focalización de la comunidad y protegiendo los derechos de las víctimas y enfocados a que ésta se mantenga especialmente en la legalidad, conllevando con ello a que la paz no solo lleve un giro desde lo local sino también una paz liberal.
  1. Realizar acciones para la promoción de los derechos humanos; esta iniciativa se realiza basada en el Acuerdo 005 de 2018, a través del cual se crearon los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos, este consejo de paz cuenta con integrantes de la sociedad civil, las comunidades afrodescendientes, indígenas, LGTBI, organismos gubernamentales defensa civil, entre otros. De igual forma se han realizado desde la comunidad diferentes actividades por medio de diferentes grupos de movilizaciones sociales con intervención de las autoridades como es por ejemplo la transmisión de programas de radio a través de la emisora Cáceres Estéreo denominada ondas de paz, en la cual confluyen personalidades tales como el ejército y la policía nacional en donde se pueden ver programas con temas de derechos humanos. En este aspecto se puede concluir que se construye paz desde la confluencia de varios aspectos aprendidos en clase desde la paz con un giro institucional como desde el aspecto de un giro desde lo local toda vez que las comunidades son las que intervienen directamente en estas actividades pero también desde lo institucional, puesto que si bien es cierto la comunidad quien ha venido participando activamente en este tema también lo es que las autoridades son las que dan ese giro institucional y a su vez hacen con ayuda de organismos no solo nacionales sino también internacionales como USAID son los que hacen de esta iniciativa una realidad dentro del municipio.
  1. Atención a Víctimas: con esta iniciativa de paz se pretende la protección de como su nombre la indica las víctimas del conflicto armado dentro de este municipio, a través de la modificación por acto administrativo de los integrantes del Comité Territorial de Justicia, toda vez que el mismo no cuenta con la figura de Procurador Provincial, de igual forma cabe anotar que se propenderá por la protección de los derechos humanos  y de los derechos de sus habitantes a nivel local, en esta iniciativa participará netamente el gobierno a nivel local puesto que por tratarse de una modificación de un tema legal se hará a través de personal administrativo conocedor de la rama del Derecho.

Como conclusión del presente trabajo y una vez analizado el plan de Desarrollo Municipal de Cáceres se puede evidenciar que el municipio tiene falencias en la aplicación de algunas políticas publicas, a nivel no solo logísticas sino también de tipo administrativo, así como para la protección de las víctimas y de sus derechos, con las estrategias o mas bien con las iniciativas de paz antes citadas se busca una vez realizado el análisis el documento se podría hablar de una paz de acuerdo con los diferentes temas vistos en clase de una mezcla de dos elementos como serían por ejemplo un giro desde lo institucional, puesto que se ve inmiscuido el gobierno en cuanto a las modificaciones que pretende realizar por lo jurídico, en materia de giro desde lo local por encontrarse situaciones en las que confluye la sociedad civil, tirando mucho mas hacia este por las diferentes actividades que se evidenciaron una vez realizada la lectura del documento en cuestión, y por la articulación de esta y las autoridades. Así mismo no se puede dejar atrás que con este documento se pretende atender la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado dentro de este territorio, y tratar de llevar a cabo la correcta aplicación de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno Nacional con las FARC – EP, con quienes una vez firmados estos se pensó llegar a una paz duradera.

[1] Informe articulo Bibiana Ramírez “La Violencia se mantiene en los municipios PDET de Antioquia”; 27 de agosto de 2017; www.verdadabierta.com.

[2] “Bajo Cauca antioqueño: Neoparamilitarismo y víctimas de la violencia (I)”, 20 de abril de 2020, Horacio Duque,  alainet.org.