La decisión fue anunciada este jueves por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que las operaciones militares no pueden poner en peligro ni a la población civil ni a los niños y adolescentes reclutados, que son “víctimas de esta violencia que hemos vivido por décadas”.

Esos operativos se habían vuelto polémicos porque, según denunció el senador izquierdista Iván Cepeda, al menos 29 menores de edad murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares colombianas contra campamentos de disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el Gobierno de Iván Duque, que empezó en 2018 y culminó el pasado 7 de agosto.

“Este anuncio que se hace va en concordancia con la idea del Gobierno Petro fundamentada en el nombramiento mismo del ministro de Defensa de humanizar el conflicto armado en Colombia y las relaciones del Estado con los grupos armados en ilegales”, explicó a Efe el director del doctorado y la maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry.

Esto, en opinión del experto, implica que habrá “modificaciones en la manera de enfrentarse” y, “de alguna manera, es producto del anuncio que se ha hecho recientemente de reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional”.

EL COSTO DE LOS BOMBARDEOS

Los casos más polémicos ocurrieron el año pasado. Uno de ellos fue el bombardeo del Ejército al ELN el 16 de septiembre en el municipio de El Litoral de San Juan, en la selva del Chocó (oeste), en el que cuatro de los ocho fallecidos eran menores.

Igualmente un indígena de 17 años falleció el 5 de julio de 2021 en un ataque contra un campamento de disidencias de las FARC en una zona rural de San Vicente del Caguán, en el sur del país.

También se denunció la muerte de varios niños y adolescentes el 2 de marzo del año pasado en un ataque a las disidencias bajo el mando del fallecido Miguel Botache, alias “Gentil Duarte”, en el municipio de Calamar, en el Guaviare (sur).

El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, justificó en su momento el “uso legítimo de la fuerza” contra menores reclutados por grupos armados porque, según alegó, dejan de ser víctimas y se convierten en “máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana”.

“En su momento, el actual presidente, como congresista, fue uno de los que denunció que varios de los ataques que hizo el Ejército colombiano a las entonces FARC habían o estaban inmiscuidos menores de edad y que se podía identificar precisamente a los menores de edad mediante las imágenes del propio Ejército”, recordó Charry.

El último bombardeo que realizó el Ejército fue en julio contra un campamento en el que estaba supuestamente el jefe disidente Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, un ataque en el que murieron nueve personas, de las cuales dos eran menores de sexo femenino.

PAZ TOTAL

El ministro Velásquez aseguró que la búsqueda de la paz total con los grupos armados que propone el presidente Gustavo Petro “no significa debilidad”.

“La paz no es una rendición del Gobierno ni de las Fuerzas Militares. La paz es un proceso de construcción colectiva en la que tienen un papel fundamental todos los actores del conflicto. Los actores de las organizaciones ilegales (…) tienen que hacer manifestación y acción concreta de voluntad de negociación y acogimiento”, dijo.

Desde su llegada a la Presidencia, Gustavo Petro ha apostado e insistido en impulsar una “paz total”, una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.

Por el momento, se ha avanzado en retomar las negociaciones con el ELN, aunque Petro ha asegurado que ha recibido cartas de todos los grupos, menos de los Comandos de la Frontera -un grupo de disidencias que opera en la región fronteriza con Ecuador-, pero ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe lo sinceras que son.

Para Charry, el anuncio del cese de los bombardeos es producto de esta propuesta de Petro, pero considera que se debe tener en cuenta que “muchos de los grupos armados ilegales en Colombia, al estar tan emparentados con el narcotráfico, están ejerciendo reclutamiento forzado de menores”.

“Hay que ver si el cambio del modelo de enfrentamiento, dejando de utilizar el bombardeo en el que existan evidencias claras de que hay menores de edad inmiscuidos, se puede volver una estrategia para que los grupos armados ilegales terminen vinculando a más menores de edad para evitar el ataque aéreo por parte del Ejército colombiano y por consiguiente que estos grupos terminen teniendo mayor presencia territorial”, apostilló Charry. EFE

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