“Una decisión de este calibre —que transforma un territorio entero— no puede anunciarse con un topógrafo tomando medidas mientras la gente se pregunta qué está pasando. Eso no es gestión pública. Eso es improvisación.“
Por: LUIS CARLOS GAVIRIA ECHAVARRÍA
La semana terminó con una noticia que cayó como un rayo en medio del Suroeste: la Gobernación de Antioquia estaría impulsando la construcción de una cárcel en Andes, justo al frente de la sede de la Universidad de Antioquia y en una zona reconocida por su turismo, su proyección educativa y su vocación residencial. Lo que parecía un dato técnico se convirtió, en cuestión de horas, en un terremoto social, político y emocional.
La razón es simple: no se trata de una obra cualquiera. Se trata de una cárcel. Y se trata de Andes, un municipio que vive uno de los años más violentos de toda su historia reciente.
UNA DECISIÓN APRESURADA Y MAL SOCIALIZADA
Según el gobernador, el proyecto está incluido en su Plan de Desarrollo, los usos del suelo lo permiten y el alcalde habría mostrado disposición. Incluso minimizó la inconformidad diciendo que las críticas provienen de “dos o tres personas con visibilidad”.
Ese discurso es, en sí mismo, el primer problema.
Porque aunque el papel diga una cosa, nada reemplaza la voz de la comunidad. Y porque en este caso no estamos ante una “minoría ruidosa”, sino ante docentes, líderes cívicos, empresarios del turismo, estudiantes, concejales y habitantes que coinciden en algo elemental: nadie les contó nada.
Una decisión de este calibre —que transforma un territorio entero— no puede anunciarse con un topógrafo tomando medidas mientras la gente se pregunta qué está pasando. Eso no es gestión pública. Eso es improvisación.
EL USO DEL SUELO: EL PUNTO DONDE SE ROMPE TODO
El PBOT del 2023 es claro:
El área donde se pretende construir la cárcel fue clasificada como zona de expansión urbana y distrito educativo. No aparece como apta ni como idónea para un equipamiento penitenciario.
Ahí se fractura la narrativa oficial. Porque si el ordenamiento territorial dice una cosa y la Gobernación hace otra, la comunidad tiene razón en exigir explicaciones. No es un capricho. Es el respeto por las reglas del municipio, por la planificación y por el sentido común.
¿Una cárcel frente a una universidad, junto a un Ecoparque recreativo y en medio de viviendas y condominios?
Es difícil imaginar un peor sitio.
UN MUNICIPIO HERIDO QUE NO NECESITA MÁS TENSIÓN
Andes vive una crisis de seguridad brutal: más de 60 homicidios en lo corrido del año, triplicando las cifras de 2024. La comunidad está agotada, asustada y traumatizada.
En ese contexto, ¿anunciar una cárcel en el sector educativo y turístico?
El impacto psicológico es inmediato: la sensación de riesgo se dispara, la ansiedad aumenta y la desconfianza se multiplica.
Además, expertos en justicia lo advirtieron sin maquillaje: las cárceles en Colombia se han convertido en centros de extorsión y operaciones criminales internas. No por culpa de quien vive alrededor, sino por la incapacidad histórica del Estado para controlarlas.
Decir que “no hay evidencia de que una cárcel incremente la inseguridad” suena desconectado de la realidad nacional. Y mucho más cuando la evidencia que conoce cualquier colombiano es la contraria.
EL GOLPE ECONÓMICO QUE NADIE QUIERE VER
En el corredor La Posesión – Tapartó se han hecho esfuerzos durante años para consolidar un eje turístico, recreativo y educativo. Comfenalco apostó por un Ecoparque, la UdeA por una granja agrícola y hay proyectos residenciales en crecimiento.
La instalación de una cárcel en medio de ese ecosistema tendría efectos inmediatos:
- Desvalorización de la vivienda.
- Disminución del atractivo turístico.
- Afectación de la convivencia universitaria.
- Ruptura de la vocación del territorio.
El turismo es percepción. Y poner un centro penitenciario en pleno eje recreativo es un golpe directo a la economía local.
EL PECADO ORIGINAL: LA FALTA DE DIÁLOGO
La comunidad afirma, con razón, que:
- No hubo socialización oficial.
- Se enteraron por terceros.
- No se explicó el tipo de cárcel ni sus impactos.
- No hubo participación del Concejo en la discusión del uso del suelo.
Ese vacío comunicacional abrió la puerta a la indignación y la desconfianza. Y en un momento de crisis de seguridad, la legitimidad y la confianza deberían ser la primera prioridad del gobierno.
Aquí no se trata de rechazar una cárcel “porque sí”.
Se trata de reclamar planificación, transparencia y coherencia territorial.
UNA CONCLUSIÓN INEVITABLE: LA DECISIÓN NACIÓ ROTA
El caso Andes no es un debate técnico.
Es un conflicto político, social y territorial creado por la falta de diálogo y la ausencia de estudios serios.
Hoy están sobre la mesa elementos que no se pueden ignorar:
- Un PBOT que no avala una cárcel en ese sector.
- Una comunidad que no fue escuchada.
- Un eje turístico y educativo que quedaría afectado.
- Un municipio con cifras de homicidios alarmantes.
- Un discurso oficial que minimiza las preocupaciones reales.
Esto no se llama desarrollo.
Esto se llama atropello institucional.
La solución no es imponer.
La solución es pausar, explicar, escuchar y decidir con la comunidad.
Porque el territorio no es un tablero para fichas políticas: es la vida diaria de la gente.
Y Andes, después de un año de miedo, merece al menos una cosa: RESPETO.
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