UNA CAMPAÑA DESPOJADA DE LA ÉTICA ELECTORAL.
Por Guillermo Mejía Mejía
En las campañas electorales no todo vale. Lo primero es cumplir con las normas constitucionales y legales sobre la materia. El viejo Código Electoral consagra una serie de principios enderezados a guardar el equilibrio entre las distintas campañas que aspiran a ganar el favor popular para llegar a un cargo público o a una corporación de elección popular.
Lo que está sucediendo en la actual campaña electoral no es ético. Interpretaciones acomodadas de las leyes electorales, verdaderas leguleyadas, les han permitido a candidatos por firmas llenar el espacio público de vallas, pendones y pasacalles dizque porque un concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE) así lo permite. La ley 1475 de 2011 es muy clara en su artículo 35 cuando dispone que la propaganda electoral solo es permitida tres meses antes de las elecciones en el espacio público y dos meses antes en radio y televisión. Esa norma no ha sido derogada y fue declarada exequible en la sentencia C-490 de 2011. Por lo tanto, no puede ser inaplicada por un concepto manguiancho del CNE.
Pero lo más grave del asunto es que cuando el Organismo Electoral se decide a aplicar una sanción, se limita a una multica de 13 o 14 millones de pesos que algunos candidatos presupuestan como gastos de campaña. O sea que se está jugando con los dados cargados o con las cartas marcadas como se dice en el lenguaje de los tahúres.
Los candidatos por firmas que acuden a la propaganda electoral ostentan una inmensa ventaja sobre los que avalan los partidos porque tienen tres o cuatro meses de ventaja sobre los que solo la van a utilizar dentro del término legal que es de tres meses. Lo que quiere decir, que los jugadores no están en condiciones de igualdad y algunos están haciendo trampa.
Lo mismo pasa con los topes de los gastos electorales que fija el CNE. Muchas campañas violan esos topes y contadores inescrupulosos avalan con su firma las contabilidades que presentan ante ese organismo. Todo el mundo sabe que en algunas ciudades de la Costa Atlántica una campaña al Senado supera los veinte mil millones de pesos y también se conoce cómo los recuperan.
Se pregunta uno si esas campañas tramposas resultan vencedoras sus candidatos victoriosos van a ser tan inescrupulosos en el manejo de los recursos públicos que les encomienden como fueron durante el debate electoral. Qué susto elegir a candidatos que no les importa la ética electoral
