Por Iván de J. Guzmán López
Algunas decisiones judiciales en Colombia, rayan con la rimbombancia, el desparpajo y la irresponsabilidad de lo que ocurría en las antiguas repúblicas bananeras: ocurre a diario cosas como que un juez de pueblo deja en libertad a gobernantes encartados, a delincuentes de la peor calaña y a sujetos que toda la sociedad repudia y exige verlos entre rejas, como simple asunto de seguridad ciudadana y aplicación de la justicia. Por otro lado, se recurre a otros “jueces” para tumbar una decisión sustentada de la Procuraduría General de la República y, ahora (tal vez abusando de nuestro Estado de Derecho), no se respeta ni la investidura ni la dignidad del presidente de Colombia. La nota de prensa, dice: “El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, una ciudad al oeste del país, emitió una orden de arresto domiciliario contra el presidente Iván Duque, quien es acusado de desacatar una decisión judicial que en 2020 le ordenó proteger una reserva natural.”
El fallo, publicado el sábado 4 de junio, en medios locales, ordena al mandatario permanecer en su residencia por cinco días y, además, pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales (casi US$4.000). Para ese Tribunal, “Duque supuestamente no cumplió con una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que declaró como “sujeto de derechos” al Parque Natural Nacional los Nevados, ubicado en la región cafetera central de los Andes colombianos”.
El citado tribunal, que ordena el arresto domiciliario del presidente de Colombia, por un supuesto desacato, “estableció que el presidente es el representante legal de esta zona, por lo que recayó en su persona crear un grupo para su preservación”.
Para los expertos, y creo que también para los miles de ciudadanos de a pie, es claro que el mandatario está protegido por el fuero constitucional y, adicional, en Colombia el poder para juzgar al presidente recae en el Legislativo.
Los espectáculos que vemos a diario en materia judicial, están pidiendo a gritos una reforma a la justicia. El abuso del poder judicial, es tan dañino como su no aplicación. Una democracia sin justicia no es viable; una democracia donde algunos de sus elementos busquen simplemente “celebridad”, prensa, popularidad, o, probablemente, mera figuración, no le hace ningún bien al país y menos a la democracia.
Uno de los espectáculos más lamentables y vulgares que presenta la justicia colombiana a nivel nacional e internacional, por ejemplo, es el llamado ”vencimiento de términos”, boquete por el cual escapa lo más oscuro de la corrupción pública, la delincuencia organizada y el narcotráfico. Otros “líderes”, por ejemplo, al ser requeridos o separados de sus cargos, consideran que para ellos no opera la institucionalidad, y ordenan (desde sus cuarteles de invierno) irrespetar las decisiones que no les favorece (no obstante el acervo probatorio y evidente) y corren, allende las fronteras, a “denunciar persecución política”, en detrimento de la justicia, la democracia y la institucionalidad que ellos mismos, por naturaleza, al ser elegidos, encarnan.
“¿Y al alcalde quién lo ronda?”, dice el adagio popular. Y a los jueces ¿quién los juzga? ¿Nadie?
Señores: la investidura presidencial, merece respeto. Una democracia no puede invocar democracia, para enlodar el trabajo, el prestigio y la figura presidencial, sin motivos contundentes y probados.
