Por: Juan Pablo Quiceno Orozco

En Colombia desafortunadamente ya existe “el síndrome de la Reforma Tributaria” y podríamos definirlo como la búsqueda de soluciones a problemas fiscales permanentes a través de cambio de normas que aumentan y cambian impuestos y procedimientos que recaudan más recursos para el fisco nacional aliviando  temporalmente los problemas permanentes en la Hacienda Pública.

Este tipo de comportamiento se ha vuelto constante desde 1990, y eso sin mencionar las reformas tributarias disfrazadas, que son aquellas que tocan aspectos que intervienen en el funcionar de las empresas y que disimuladamente aumentan la recaudación ya no necesaria de impuestos, sino también de Gravámenes y Tasas.

Desde 1990 hasta la fecha son más de 11 reformas tributarias es decir un cambio de normatividad cada 2 años y medio aproximadamente, y con el agravante que en los últimos 16 años parece que menos del 10% del Congreso sabe o conoce de derecho tributario y financiero, al igual que las cortes, entonces muchas de las normas quedan mal redactadas y en forma constante salen las lecturas ya permanentes “Fe de Erratas”.

Es de recordar que las reformas tributarias de 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019 todas terminaron siendo aprobadas a la carrera prácticamente sin estudio y sin buen juicio los últimos 3 días antes de acabar el año.

Además hay que recordar a las personas que el Estatuto Tributario Nacional, suma más de 800 artículos, que en cada reforma deben ser reglamentados o con Decretos de los Ministros o Resoluciones por parte de la DIAN aumentando de esta manera el volumen de carga normativa para entender procedimientos y demás situaciones.

Más complicado aún es cuando se cae o la ley, o parte de la ley o decretos o resoluciones que hubieren sido demandados por cualesquiera que fueran las motivaciones, algunas ante la Corte Constitucional o ante otras cortes llámese Tribunales Administrativos o inclusive el Consejo de Estado, y esto deja en un limbo jurídico a los Contribuyentes, que terminan de paganinis con miedo ante tanta fábrica de leguleyadas muchas de ellas sin sentido, eso sí todas con la amenaza de sanciones.

No aún mencionando aspectos relevantes como que cuando expiden un decreto o resolución, muchas veces puede ser una persona proba en Derecho quien lo redacta pero de escaso o nulo conocimiento en informática y Contabilidad, para que lo termine ejecutando algún ingeniero de sistemas dentro de la DIAN para el caso de facturas electrónicas, nóminas electrónicas, información exógena y demás, y ya se imaginan, y desde luego este diálogo de diferentes deben entenderlo los administradores, contadores y contribuyentes. En últimas es como estudiar Mandarín para que le pongan a viajar a Japón. Normas inentendibles y complejas.

La situación que habla de lógica para mejorar transparencia, eficacia y diligencia es tener menos normas y más claras, asunto que difiere de la realidad de una posible próxima reforma tributaria que algunos piden a gritos y otros disque “expertos” recomiendan ampliar base y tarifas, mejor dicho pagaron una comisión “Experta” para que dijeran que el “Chicharrón” da colesterol. Nada ha cambiado.

Menos normas, menos tarifas, formularios más entendibles y procedimientos más explícitos mejoran el recaudo no lo contrario. Dado esto es mil veces mejor que el Gobierno Nacional siga adelante con el negocio entre Ecopetrol e ISA, y así evitar otra reforma tributaria más, a las carreras y de seguro con artículos más mal redactados o con riesgo de salir mal ya que se avecina elecciones y cualquier imprudencia llevará a un caos con posible devaluación del peso severamente alta ahí si aumentando el riesgo país que tanto cacarean las Calificadoras. Por tal motivo la próxima reforma tributaria debe proponerla el próximo Gobierno al Próximo Congreso, eso sí sin afanes, y ojalá con mucho sentido común y menos ideologías y lejos de tecnócratas que no conocen la realidad. En caso de seguir como venimos, y no importando el gobierno que hubiere sido, ya no hablaremos del “Síndrome de la Reforma Tributaria”, sino del “Síndrome de la Terquedad Tributaria y Fiscal”.