“Los derechos humanos son sagrados y debieran ser, por tal razón, intocables y de serlo, deben ser reivindicados inmediatamente y de manera integral restablecidos”
Por: Héctor Jaime Guerra León
En un mundo y país tan convulsionado -como el nuestro- en donde la confrontación social, el enfrentamiento político y la violencia son denominadores comunes del acontecer ciudadano, se hace urgente seguir insistiendo en la necesidad de asumir, con mayor responsabilidad, el difícil proceso social y político que vivimos los colombianos, en el marco de unas relaciones sociales e interpersonales en las que exista real y estricto respeto por los derechos fundamentales que rigen o debieran regir nuestra cotidianidad.
Nuestro régimen jurídico y social; esto es, la Constitución política y las distintas leyes que han desarrollado sus diversos mandatos –valores, principios, obligaciones y derechos-establecen con toda claridad cuáles son los deberes que en materia de derechos humanos deberán asumir todos y cada uno de los miembros (personas e instituciones) que hacen parte de nuestro conglomerado social e institucional.
Asumir dichos deberes con responsabilidad y decoro, al igual que de manera impostergable, es tarea que nos corresponde a todos, en la medida de nuestra participación en el entorno social al que pertenecemos y/o actuamos; pero es al Estado –en todo caso- al que le toca el mayor de los esfuerzos y compromisos para la correcta aplicación de actividades, estrategias e instrumentos que efectivamente permitan la satisfacción plena de los derechos por parte de todos y cada uno de sus administrados en términos de equidad, igualdad y justicia para todos y sin consideración distinta a la de que todos somos seres humanos.
Así las cosas y dadas las inmensas dificultades que en materia de transgresión a estas prerrogativas que históricamente hemos vivido los colombianos y, con mayor afectación y vulnerabilidad, a lo largo de las últimas décadas, se hace indispensable que se siga fortaleciendo la gran red de protectores y defensores de nuestros derechos, que entorno a la defensa de la vida, la libertad y la dignidad y a pesar de los grandes riesgos y obstáculos que se han encontrado, para ejercer tan noble misión, han emprendido el difícil camino de hacer posible que tan caros valores y principios sean cada vez más respetados, más presentes en las complejas y variadas relaciones que indefectiblemente hay que atender como seres sociales que por naturaleza somos los humanos.
Una praxis social y/o individual, como también institucional, fundamentada en la defensa de dichos valores- con “enfoque de derechos”, debe fortalecer y afianzar la capacidad de quienes se han dado a la compleja –por no decir que peligrosa- tarea de promocionar y defenderlos, para que cada uno de los asociados (sujetos de derechos) cumpla con sus respectivos compromisos en esa tan notable y difícil tarea. De otra parte, es evidente e importante, la necesidad de una mayor solidaridad y respaldo social e incluso estatal, animando y protegiendo a quienes son titulares o portadores de esas garantías y derechos, para que cada vez sean más respetados y acatados y no se les vulneren por ninguna razón; pues los derechos humanos son sagrados y debieran ser, por tal razón, intocables y de serlo, deben ser reivindicados inmediatamente y de manera integral restablecidos.
El Estado, según la oficina del Alto Comisionado para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, UNU, a través de sus entidades encargadas de la ejecución de tan nobles e indispensables obligaciones, es quien debe asumir, en su condición de máximo garante, la triple condición para el aseguramiento y logro efectivo de los derechos humanos en su población.
Esas obligaciones son: en primer lugar, respetar (“abstenerse de interferir en el disfrute del derecho”); en segundo término, proteger (“impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho”) y, finalmente, realizar (“adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho”)…”
No obstante lo anterior, es ineludible tarea de todos, aportar nuestro pequeño granito de arena para hacer posible la máxima aspiración que tenemos todos los seres humanos, vivir bien y alcanzar nuestra plena realización física y espiritual, haciendo respetar nuestro derechos; pero, con espíritu solidario y humanista, propender porque todos los demás miembros de nuestras comunidades corran igual o mejor suerte en esas materias.
Es así y solo así que podremos abordar algún día el verdadero camino de paz y prosperidad por el que tanto hemos luchado a lo largo de nuestra historia y civilización.
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación ciudadana y el Desarrollo Social; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magister en Gobierno.
