Félix Alfázar González Mira
Recuerdo con bastante nitidez en el año 2003 el ministro de minas, de manera angustiada, le señalaba al presidente de la República la necesidad de incrementar la exploración y explotación de petróleo ante el aumento del consumo y la estabilidad de la producción de 250 mil barriles diarios. De seguir la situación por ese camino el país se vería en la necesidad de importar el combustible en un horizonte de dos años.
La implementación y aplicación cierta de la política de seguridad democrática permitió empezar a explorar vastos campos de la geografía nacional probadamente ricos en hidrocarburos que estaban en manos de los grupos guerrilleros. Las armas del estado entraban a recuperar esas zonas y la inversión público-privada a generar riqueza, empleo y bienestar a las comunidades asentadas y al colectivo nacional con la explotación responsable de sus recursos naturales. El presidente Alvaro Uribe Vélez con la seguridad jurídica y la confianza inversionista, terminó su gobierno dejándole al país una producción de un millón de barriles día pateando el tablero de la matriz energética y obligando al gobierno siguiente al cambio constitucional sobre la distribución de las regalías. Una era la situación con una cuarta parte de barriles día cuando se construyó el texto constitucional y otra en la bonanza heredada. De 6 municipios que recibían regalías se pasó a 114 en el departamento de Antioquia. Por citar solo un ejemplo. Recursos que han transformado parques, vía s urbanas y rurales, proyectos productivos, saneamiento básico, infraestructura en general y un sin número de actividades que han contribuido a elevar los niveles de desarrollo y bienestar de las regiones y sus gentes.
Esa producción de hidrocarburos se ha venido a menos y está alrededor de los 650 mil barriles diarios produciendo un efecto negativo en las finanzas públicas y en los montos de las regalías que van a los municipios y a las regiones con el consecuente efecto de detener el ritmo de su economía en una situación de pospandemia que, paradójicamente, está demandando ingentes y crecientes recursos.
El gobierno y sus autoridades energéticas tienen la oportunidad de, en un horizonte de 3 años, subir la producción a un millón y medio de barriles día. Todas las condiciones están dadas. Los teóricos gringos sobre el tema señalan que en el 2050 no se utilizará el petróleo porque será sustituido por otras fuentes. Remover obstáculos para que empresas pequeñas y medianas exploren y exploten pequeños campos, muchos abandonados, facilita que en una sumatoria productiva de pozos petroleros se vaya aproximando a unos niveles superiores al millón de barriles; evitando el fracking y democratizando la explotación petrolera en el país y rebotando sobre unas finanzas públicas nacionales y territoriales ávidas de recursos para generar empleo y riqueza en toda la geografía nacional. Pensar que con esos niveles de producción podríamos presupuestar ingresos del orden de los 49 billones de pesos anuales, con un precio del barril y el dólar ligeramente inferior a los actuales. O de 32 billones si alcanzáramos rápidamente a elevar la producción al millón de barriles al día. Ello sin tener en cuenta el gas.
En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque se ha querido hacer una revolución en el único impuesto que la Constitución colombiana le da verdadera autonomía fiscal a los municipios: a la propiedad inmueble.
Con buen juicio y criterio liberaron la creación de Gestores Catastrales que pasaron de cinco a veintiuna entidades públicas en el periodo 2018-2021; pretendiendo agilizar los procesos de formación, normalización, conservación y actualización de los catastros en los municipios a fin de mejorar sus finanzas públicas que de hecho rebotan sobre los departamentos y la nación. No puede ser que, como sucede en muchas partes, propiedades bien equipadas aproximándose a palacios estén tributando como covachas, casas fincas de fin de semana lo sigan haciendo como lote rural, apartamentos de miles de millones de pesos continúen haciéndolo como lote urbano.
Las metas del Plan de Desarrollo establecen que para 2022 debe estar actualizado el 60 por ciento de todo el catastro nacional y los resultados son bastante precarios toda vez que está escasamente aproximándose al 20 por ciento. Se debe, con la capacidad gerencial que ha demostrado este gobierno en otras áreas, remover todos los obstáculos que no han permitido alcanzar las metas del plan y que comportan la capacidad financiera de las entidades territoriales para realizar los estudios y la consecuencia política local que se deriva de los mismos al incrementar la al ciudadano la contribución al fisco municipal.
Estas dos áreas, petróleo y catastro, están llamadas, con buena y adecuada gestión , a convertirse en la reforma tributaria permanente que requiere el país para éstas épocas de pospandemia y de cantos neopopulistas que pueden alegrarle el oído a tantos incautos.
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