¿Por qué la participación en nuestro país es tan exigua, tan deficiente, si el orden vigente permite que hasta el más humilde de los ciudadanos puede ejercer libre y autónomamente ese derecho?
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Uno de los más destacados principios que trae nuestro régimen político y jurídico, inclusive por bloque de constitucionalidad (mandatos de carácter internacional, por efecto de los tratados suscritos con otras naciones y las órdenes y directrices que se han dado por autoridades y jurisprudencia de las distintas cortes internacionales, es el de participación ciudadana.
Según el documento Participación Política en el Posconflicto en Colombia– Preguntas y Respuestas, elaborado por la Defensoría del Pueblo, el principio de participación en nuestro país “Es la ampliación de los espacios democráticos para darle a todos los ciudadanos la oportunidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino también la de participar más directa y frecuentemente en la toma de decisiones que afectan a la comunidad”.
¿Pero, por qué entonces la participación en nuestro país es tan exigua, tan deficiente, si el orden vigente permite que hasta el más humilde de los ciudadanos puede ejercer libre y autónomamente ese derecho? He ahí el incomprensible dilema.
Es pues absolutamente claro que Participación democrática es tener la oportunidad de intervenir –en igualdad de condiciones- en todos aquellos procesos que hacen parte de nuestro Estado Social de Derechos y poder incidir -directa o indirectamente, pero de manera real y efectiva, en la toma de todas las decisiones que de una u otra forma afectan nuestra vida en sociedad. Se afirma allí, con toda razón que el orden jurídico de nuestra Nación, no obstante, todas las dificultades que se han encontrado para que ello sea posible, persigue “Fortalecer los espacios de participación ya existentes para que las opiniones de los ciudadanos tengan incidencia real y los mecanismos de participación sean efectivos en la toma de decisiones de la esfera pública”.
Es indiscutible que normativamente –otros dicen que formalmente- se tienen los medios y mecanismos suficientes para poder poner en ejercicio está importante prerrogativa (derecho) de hacer presencia en el escenario público y social, bien para aportar o hasta exigir que el Estado y, en especial, sus autoridades, tengan en cuenta las inquietudes, solicitudes e inclusive exigencias de las personas que -en ejercicio de dicho principio, hacen saber a su organización social y Estatal cuál es su ideario y/o aspiración frente a determinado tema o respecto a cuál debiera ser el rumbo que se le deba dar a una cualquiera de sus decisiones; pero de manera muy relevante a todo aquello que tiene que ver con las formas de ejercer gobernabilidad, para trazarle el rumbo a las instituciones y a sus compromisos, no solo con la sociedad en general, sino también, y de manera muy significativa, para hacer respetar y garantizar los distintos derechos que tienen los grupos poblacionales y los ciudadanos particularmente considerados.
Pero en nuestro país pareciera que ello no ha podido funcionar. La queja genérica es que nuestras autoridades no cumplen, ni hacen cumplir la constitución ni las leyes, violando así flagrantemente muchos de nuestros derechos; que el poder es abusivo; que nuestros representantes en el Poder Público acometen todo tipo de arbitrariedades y despotismos, etc. Ello no resulta extraño porque en verdad se ha tornado en un común denominador en la realidad gubernativa y en la praxis social que abunden los amiguismos, los nepotismos, el exceso y, en general, toda clase de corrupciones e irresponsabilidades. Lo raro de este asunto es que no obstante lo antes dicho, el pueblo no reacciona ante todo este tipo de situaciones, haciendo uso real y efectivo de la gran cantidad de mecanismos que tiene para salirle al paso a estas anormalidades y malos manejos.
Todas estas mañas, malas prácticas y defectos de la democracia, pudieran corregirse en gran medida si los ciudadanos, si las personas (que son las mayorías) que sufren las consecuencias de un sistema afectado por tan anómalos fenómenos, quisieran, por medios también democráticos y no violentos, como en efecto se ha querido equivocadamente hacer en algunas ocasiones, ejercer el poder que tiene la participación democrática y política, para sanear esos vicios y dificultades. De no ser eso posible; es decir, de no adquirirse consciencia política por parte de las mayorías ciudadanas y seguirse dando esa extraña apatía – que en el fondo es connivencia– por parte de las mayorías, no haciendo uso eficiente de los mecanismos de participación, para incidir real y eficazmente en el manejo de los asuntos del Estado y la sociedad, seguiremos siendo gobernados por las minorías de ciudadanos y gobernantes, que sí participan y saben con “eficiencia” hacer uso de tan importantes poderes y prerrogativas que el sistema le ha entregado a sus asociados, para el ejercicio del poder y la gobernanza. Por ello a veces no basta con quejarnos de las malas decisiones que se toman en algunas materias y de los malos gobernantes que por épocas nos ha tocado aguantar, pues tenemos el poder de escoger a los mejores y por ciertas razones, las de no querer participar, con seriedad y verdadera consciencia social y política, se escoge a quienes no son los más indicados para ejercer tan delicadas, nobles y trascendentales tareas.
Por ello históricamente se ha dicho con toda razón que “Cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece» (Joseph de Maistre 1753-1821) y más aún, el francés André Malraux (1901-1976), fue todavía más enfático y realista al respecto, diciendo que: «…no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen» Mas claro imposible. He ahí pues el por qué no es posible introducir los cambios que todo el mundo clama, pero por lo que casi nadie hace nada.
*Abogado, especialista en Planeación de la Participación Ciudadana y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
