“Los niños se demoran 2 horas diarias caminando desde el colegio hasta la casa por unas trochas”, “lo que gano en la plaza vendiendo cilantro se me va en los costos de transporte”, “no tenemos cómo llevar nuestros productos desde la finca hasta el pueblo”.
Estas son unas de las preocupaciones más comunes que uno se encuentra al dialogar con la comunidad en las zonas rurales del país. La falta de conectividad vial entre las veredas y las cabeceras municipales hace que generar desarrollo económico y social a nivel local sea cada vez más difícil, por no decir imposible.
Para poner esta realidad en contexto, recordemos que la red vial del país se divide en tres grandes grupos: la primaria, la cual conecta las principales zonas de producción y consumo; la secundaria, que une las cabeceras municipales entre sí o estas con una carretera primaria y la terciaria, que acerca las cabeceras municipales con las veredas y las veredas entre sí.
En cuanto a su extensión en kilómetros la diferencia es abismal. Colombia tiene 17.434 km de red primaria, 45.137 km de red secundaria y 142.284 km de red terciaria. Frente a estos últimos, 27.577 km son responsabilidad de la Nación, 13.959 km de los departamentos y 100.748 km de los municipios, lo cual implica que las entidades con menor presupuesto tienen a su cargo la mayor parte.
Quizás por esto, y muchas otras razones, la situación de la red terciaria es alarmante. De los 142.284 km solo el 6 % se encuentra pavimentado, el 70 % está afirmado y el 24 % es tierra. Además, mientras países como Perú destinan el 0.9 % de su PIB para la construcción de vías terciarias, Colombia solo invierte el 0.3 % de su PIB buscando cumplir ese propósito.
La recuperación de estas vías debe ser una prioridad. Sin embargo, la situación en el sector transporte no es nada fácil. El Gobierno anterior dejó comprometidas vigencias futuras hasta el 2030, lo que implica que más del 60 % de su presupuesto no se pueda destinar a financiar nuevos proyectos viales, dado que, primero, se deben pagar esas deudas.
Ante esta difícil situación fiscal y la imperiosa necesidad de conectar la ruralidad colombiana, el Gobierno debería acordar con las grandes compañías que hacen presencia en las regiones que en los proyectos que realicen bajo la modalidad de obras por impuestos y obras por regalías se priorice la construcción de vías terciarias.
El impacto social que generaría sería enorme. Además, bien se podría seguir el ejemplo de lo realizado por la Gobernación de Antioquia, donde se lograrán entregar 1.600 km nuevos de vías terciarias en 2020 gracias a la modificación que se hizo en el modelo de las placas huellas, dado que tras vincular a las comunidades en la construcción de estas se disminuyeron los costos a tal punto que mientras en el resto del país el valor por kilómetro es de $1.300 millones, en este departamento se redujo a $650 millones en promedio.
Así, se genera inversión en las regiones, se aumenta su competitividad económica, se vincula a la población local en los proyectos, se fortalece la cohesión de las comunidades y se transforma la vida del 22% de la población del País que vive en el campo.
