Por: Misael Cadavid MD

Desde  el nacimiento del liberalismo, la racionalidad del Estado moderno no plantea, por ejemplo, eliminar el delito, sino que pregunta cuál es la forma más barata y efectiva para reducir el índice de un determinado delito, como el hurto o los homicidios, a niveles aceptables.

Esta visión utilitarista del estado incorpora los cálculos de eficiencia, eficacia y efectividad en casi todas las decisiones Gubernamentales, porque la legitimidad de las acciones del gobernante ya no se juzga desde una visión ética, sino en función de que logre o no el “éxito” con la aplicación de sus políticas; es decir, por la capacidad de gestionar y dar respuesta efectiva a los deseos y demandas de la sociedad.

De este modo, no puede hablarse del éxito,  de cierta política de gobierno, sin tener en cuenta los valores éticos referentes que la enmarcan.

El problema consiste en que el utilitarismo, al no considerar las diferencias en las posibilidades de los individuos, termina concentrándose únicamente en los resultados. Desconoce que  el crecimiento  económico de un país, puede darse en el marco de profundas y fundamentales desigualdades sociales, representado en aumento de la inequidad social y la pobreza.

Ahora bien, tanto los valores que enmarcan una política, como las estrategias utilizadas y el poco o mucho éxito final, van a ser evaluadas por los gobernados en toda la trayectoria, desde la formulación hasta el resultado.

Este marco hace inteligible e incomprensible el pésimo  manejo de la pandemia en nuestro país, por su similitud con la respuesta de los gobiernos de las últimas décadas, cuando han enfrentado graves problemas de la nación: reducir el problema a sus justas proporciones por eso, para decirlo de otra manera, si las medidas requeridas por la situación no se dirigen a favorecer claramente a quienes ostentan el poder económico y político, tratar de afectarlos lo menos posible es la prioridad.

Colombia no ha sido un país propicio a reformas estructurales dirigidas a lograr el bienestar de la población, pues siempre se gobierna con el temor de afectar los intereses de los poderosos.

La audacia del gobernante está proscrita, así de sencillo.

Por esta razón se engavetó la reforma agraria estructural de los años 50 condenando a los campesinos a medio siglo más de miseria y violencia, mientras que, por el contrario, las reformas dirigidas a acumular poder, que subordinan el bienestar de la población a la obtención de más riqueza  de los poderosos, como las reformas neoliberales, subsisten y se sostienen, sin importar que el país se haya convertido en uno de los más inequitativos del mundo.

Sin duda, todos los gobiernos de los últimos 50 años, ejercen el poder con temor de afectar los intereses de los poderosos.

Cómo explicar de otra forma que, desde el inicio de la pandemia, cuando aún se contaban pocos casos, se haya renunciado al control de la transmisión del virus y propuesto una política únicamente de mitigación – para atenuar los efectos del pico epidemiológico- con el incremento de unidades de cuidado intensivo, decisión fundamental siempre y cuando hubiera ido acompañada de estrategias de salud pública integrales en los municipios, pero eso se hizo tibiamente.

Las asociaciones médicas del país solicitaron que se invierta un billón de pesos para organizar 5.000 equipos de salud pública en los territorios, para duplicar o triplicar la capacidad de todos los municipios en diagnóstico de casos, aislamiento y rastreo de contactos, esfuerzo fundamental que sí realizaron los países que mejor controlaron la pandemia.

Si se hubiera tenido arrojo y voluntad política con menos del 2 % del gasto en salud, hubiera sido posible contener con mayor efectividad la transmisión y de paso consolidar una verdadera reforma para retomar la senda de la promoción y prevención en Colombia, al reforzar la capacidad de salud pública en los territorios, no sólo para enfrentar el COVID sino también para controlar otras enfermedades infectocontagiosas y crónicas y un sinnúmero de problemas sanitarios que no se enfrentan con la decisión necesaria. Pero no, los dineros públicos y del sector salud están dirigidos a otras prioridades y a otros intereses.

En su momento fue desafortunado que el representante de las EPS, cuando iniciaba el primer pico de la pandemia, haya solicitado públicamente la disminución de las pruebas diagnósticas para el COVID y, al día siguiente, el Ministro de Salud haya dado la orden de reducirlas, dejando al país sin herramientas válidas y suficientes para el control de la transmisión, lo que creó las condiciones para que se mantuviera una meseta de casos positivos y muertes.

Cómo se puede entender, que la deplorable situación laboral de los trabajadores de salud, evidenciada y proclamada como pauperrizada, no haya sido enfrentada con decisión por el Gobierno, mientras que, en plena pandemia, las EPS obtienen la mayor rentabilidad de los últimos años.

Dado que el dinero del Sistema de Salud lo manejen las EPS en un 90 % y los municipios en menos del 5 %, es inaudito que sean las entidades territoriales los responsables de la crisis sanitaria y más injusto aún resulta esta atribución gratuita de responsabilidad a alcaldes ,si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional financia la emergencia económica y social con dineros de los territorios: el fondo de ahorro y estabilización de las regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), entonces de donde van a sacar la plata? ¿Ganándose el baloto?

En conclusión, en procura de no afectar los intereses de los poderosos y del mismo establecimiento, se ha reducido el manejo de la pandemia “a sus justas proporciones”, haciendo un símil con la célebre frase del expresidente Turbay Ayala.

Desafortunadamente la magnitud de esta pandemia no le permitirá al Gobierno continuar la política de controlar el problema “en sus justas proporciones” para no afectar los intereses de los grupos de poder.

Está en camino un tercer pico con la mutación británica del virus, siendo 75 % más contagiosa, capaz de incrementar los casos vertiginosamente, y, la mortalidad en la misma proporción, si se mantiene la misma tasa de entre los contagiados. También se advierte el riesgo de la mutación brasileña, ya presente en el territorio amazónico y finalmente la sudafricana.

Veremos si la gravedad de la situación, manifestada en ríos de muertos y contagiados no obliga al gobierno colombiano a tomar en serio el control de la transmisión del virus y se decide a invertir suficientes recursos en salud pública y compra efectiva de vacunas no para el 33% de la población como actualmente está contratado con las diferentes casas farmacéuticas, sino mínimo para el 80% de la población y así llegar a inmunidad de rebaño, de no hacerlo llegaremos a esta cifra por inmunidad natural del contagio lo cual sería antiético , pues se cuadriplicarían los muertos, para el control efectivo de la pandemia.

Los costos económicos y sociales de no hacerlo pueden ser inconmensurables.

Situaciones excepcionales no se pueden manejar con políticas temerosas.

Y por último, cuando un equipo de fútbol pierde varios partidos, lo lógico es que su técnico ¿renuncie o lo echen? … bueno, ¡eso de los sarcasmos!

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Magíster en Gobierno.